Proyecto de Ley para prohibir plásticos de un sólo uso no es estudiado en Asamblea Legislativa

En septiembre de 2022 se presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley para prohibir plásticos de un solo uso. A la fecha, la propuesta no ha sido discutida, según manifiesta el presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA, Ricardo Navarro.

La propuesta se orienta a la prohibición progresiva de bolsas plásticas que suelen darse en los mercados o tiendas, pajillas, bandejas, cubiertos, plástico adherible, plástico de publicidad y otros.

El ambientalista dice que países como Costa Rica, Chile y 12 países de África, han prohibido el uso de plástico desechable, porque el mundo está contaminado con ese producto desechable.

En la feria “Saberes y sabores” participaron familias de las comunidades San Rafael, San Antonio y Los Alpes de San Salvador. El objetivo es plantear la necesidad de cultivar los alimentos en casa ante el alto costo de la canasta básica alimentaria. Durante la actividad se cocinaron alimentos cultivados  en casa. Por ejemplo: pupusas de chaya, refrescos de pepino, de rábano, tortitas de chaya, espinaca, mermelada de piña, caramelos y otros.

El presidente del CESTA, Ricardo Navarro, manifiesta que ante el alto costo de la canasta básica es necesario el fortalecimiento de la producción agroecológica en espacios pequeños, donde la población cultive de forma sana.

El Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) realizó la feria: “Saberes y sabores” para dar a conocer alternativas para la alimentación de las personas, ante el alto costo de los alimentos y la mala alimentación.

La problemática de precios y mala calidad de la comida causa obesidad, insuficiencia renal, desnutrición en niños y niñas y otros problemas de salud, manifiesta Lucía Alegría, coordinadora del proyecto: Alimentación sana y huertos familiares.

Ante esto proponen huertos familiares, es decir, la posibilidad de producir alimentos sin utilizar pesticidas, más alimentos nutritivos y orgánicos. 

La coordinadora del proyecto expuso cómo producir los huertos y cómo procesar los alimentos.

Unas 35 personas de la lotificación San Sebastián, cantón El Morro, Santiago Texacuangos, enfrentan escasez de agua desde hace una semana. La lotificación está ubicada sobre el kilómetro 20 de la autopista a Comalapa. 

El servicio de agua lo provee la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Sin embargo, además de pagar los recibos por un servicio irregular, deben comprar agua porque es escasa, manifiesta José Mirio González, presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal, ADESCO, de la zona.

Durante las capturas de supuestas estructuras criminales también ha habido detenciones arbitrarias. Más de 4 mil 500 denuncias por violaciones a los derechos humanos han registrado las organizaciones defensoras de los derechos humanos entre marzo y diciembre de 2022.

Asimismo, la representante del Servicio Social Pasionista asegura que se contabilizan 90 personas fallecidas en centros penitenciarios de personas capturadas en el régimen de excepción y bajo la custodia del Estado. Según Ramírez, el número de fallecidos podría ser más, pero no hay certeza de las cifras debido a la falta de acceso a la  información  en torno al tema.

En el marco de la implementación del régimen de excepción se han hecho una serie de capturas, que no han trascendido a la investigación exhaustiva de los casos. Por otra parte, se ha desatendido a las víctimas de desapariciones, homicidios y otras expresiones de violencia.

Según Johana Ramírez, coordinadora del Área de Atención a Víctimas del Servicio Social Pasionista, SSPAS, el régimen de excepción se ha enfocado en capturar, pero no en garantizar justicia y reparación para las víctimas afectadas por la violencia.

Según datos del Observatorio de Violencia Contra la Mujer, en 48 horas se registraron 3 asesinatos de mujeres, cometidos por parejas o exparejas. Todo esto es el resultado de no lograr controlar factores de alto riesgo.

Según dijo a YSUCA Silvia Juárez, en algunos casos las víctimas habían denunciado, es decir que el Estado tenía conocimiento del riesgo real e inminente contra la vida e integridad.

Por eso es urgente que la judicatura y Policía dejen de favorecer a la impunidad y tomen cartas en el asunto.

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) registra al menos 4 feminicidios en lo que va del 2023. Los hechos habrían sido perpetrados por las parejas o exparejas de las víctimas, según datos del Observatorio de Violencia Contra la Mujer.

Al respecto, Silvia Juárez, coordinadora del Programa hacia una vida libre de violencia para las mujeres, de ORMUSA, estas muertes indican que las mujeres no son prioridad en los planes de seguridad del Gobierno.

Juárez dijo que para elaborar un plan de seguridad es necesario considerar la misoginia y machismo como factor de riesgo criminal.

La organización señaló que la atención de este fenómeno precisa de diversas estrategias que atiendan de manera diferenciada los distintos escenarios donde ésta ocurre, sin desatender la necesaria transformación cultural para eliminar el machismo y la misoginia.

La abogada Sonia Rubio, de DPLF, señaló que el debido proceso es un conjunto de garantías que deben estar presentes en toda clase de procesos judiciales y administrativos, sobre todo cuando están en juego derechos humanos. Es por ello que el Estado debe ser el garante de este orden.

Para que el debido proceso funcione es necesario tener a la base de la justicia, la independencia, la imparcialidad y la idoneidad, además, el juez debe estar nombrado con los procesos que la ley exige.

La abogada Rubio lamentó que las garantías judiciales están suspendidas desde hace 11 meses. Para la representante del DPLF el delito se debe de perseguir, pero no a costa de violar la Constitución.

Para la abogada, actualmente pareciera que se utiliza el poder punitivo del Estado para la consecución de intereses particulares y se ha dejado de lado los casos graves, como las desapariciones involuntarias.

El acceso a la justicia en El Salvador tiene serias dificultades, explicó Sonia Rubio, abogada y defensora de derechos humanos, de la Fundación para el Debido Proceso, DPLF. El sistema de justicia penal se ha visto afectado, ya que muchas decisiones y medidas que se aplican en este momento vulneran la imparcialidad, además se desconoce la base con la que los juzgadores toman decisiones. 

Muchas veces se toman desde el Legislativo, esto evita que los jueces tengan independencia, lo cual es peligroso, ya que no se garantiza un debido proceso. Todo esto, puede  traer sanciones internacionales para el Estado.