El proceso electoral 2024 inicia con la convocatoria a elecciones internas de cada partido político, el próximo 3 de marzo. Dada la importancia de los procesos electorales, la iniciativa  “VOTANTE”, de la cual Acción Ciudadana forma parte, ha generado un documento que muestra los componentes fundamentales para tener unas elecciones íntegras, es decir, correctas, justas y transparentes. 

El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, dice que unas elecciones íntegras tienen que ver con cumplir las leyes electorales, además se debe aplicar la ley adecuadamente, debe existir competencia justa y equitativa, no se debe dejar de lado la igualdad en el derecho al sufragio, y contar con un sistema de financiamiento regulado y transparente.

Por otra parte, las elecciones internas deben ser democráticas y el evento electoral debe ser supervisado a nivel nacional e internacional.

Sin embargo hay señalamientos graves, ya que el Tribunal Supremo Electoral pretende vulnerar las normas establecidas, inscribiendo como candidato al actual presidente de la República, denuncia el representante de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.

El representante de Acción Ciudadana opinó que dicho incidente ha afectado la cultura democrática en el sentido de profundizar el debilitamiento del Estado de Derecho.

Por su parte, Ruth López, jefa jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal, señaló que la democracia incipiente que se tenía desapareció vertiginosamente el 9 de febrero de hace tres años, para dar paso al autoritarismo del presidente.

Han pasado tres años desde que el presidente Nayib Bukele entró a la Asamblea Legislativa respaldado por soldados fuertemente armados y usurpó la silla del presidente del Órgano Legislativo, una acción que fue catalogada como "intento de golpe de Estado". 

Tres años después de este hecho, señala el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, los pocos destellos de avance en temas de democracia se opacaron. Según Escobar, para el año 2019 se necesitaba con urgencia un gobierno que respetara la institucionalidad democrática y los derechos humanos.

Sin embargo, la opción que tomó Bukele y su gobierno el 9 de febrero de 2020 marcó un camino de autoritarismo disfrazado de democracia.

Sonia Rubio, integrante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), manifestó que la falta de independencia judicial y un debido proceso afecta a las víctimas del régimen, a quienes no se les garantiza el acceso a la justicia.

Los casos de detenciones consideradas arbitrarias han sido públicos por el trabajo periodístico. Sin embargo, implica riesgos dijo Claudia Palacios, periodista de FOCOS.  Señaló, además, las dificultades que enfrenta el gremio periodístico al cubrir e investigar los casos de detenciones en el régimen de excepción.

El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) junto a otras instituciones de la sociedad civil realizaron el conversatorio “Violaciones a Derechos Humanos en el marco del Régimen de Excepción en El Salvador durante 2022”

Durante dicho conversatorio, Samuel Ramírez, representante del  Movimiento de Víctimas del Régimen, MOVIR, dijo que con base en los datos que han recabado realizaron un estudio que indica que el 65% de las personas detenidas durante el régimen de excepción son hombres, la mayoría de San Salvador,  Sonsonate y La Libertad. El estudio también revela que un 84% de las mujeres detenidas se encuentra en el penal de Apanteos.

La mayor parte de los detenidos está entre los 30 y 45 años de edad, lo que significa que es población productiva que podría estar aportando económicamente a su familia y al país. Sin embargo, están presos, reflexionó Ramírez.

Según el representante de MOVIR se estima que un 20% de los más de 60 mil detenidos, reportados por el Gobierno, no pertenecen a grupos delincuenciales, lo que significa unas 15 mil personas.

Por otra parte, Ramírez planteó que entre las consecuencias del régimen de excepción está el abandono en el que han quedado los hijos de los detenidos. En algunos casos han quedado a cargo de abuelos y otros familiares que ante la falta de recursos para mantener a los menores de edad han llegado al punto de la mendicidad. 

El representante de MOVIR lamentó que frente a todas estas dificultades que enfrentan las víctimas del régimen y sus familiares,  instancias públicas como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, entre otras, no den respuesta oportuna a los casos de detenciones de personas que no pertenecen a grupos delincuenciales.

Vidalina Morales, de la Asociación de Desarrollo Económico Social, ADES, lamenta las irregularidades en el proceso. Ellos aseguran que los cinco líderes comunitarios son inocentes.

Organizaciones ambientales y defensoras de los Derechos Humanos se concentraron, este miércoles, en las afueras del Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia de San Salvador donde se desarrolló la audiencia de revisión de medidas contra los cinco líderes comunitarios y representantes de la Asociación de Desarrollo Económico Social, ADES.

El juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque denegó la petición de liberar a los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES y seguir el proceso en libertad, dijo Alfredo Leiva, directivo de ADES Santa Marta.

En los alrededores del Mercado San Miguelito siguen instalados puestos provisionales, luego del incendio en 2021. 

El edificio quemado fue demolido y la zona se ha cercado con láminas. Los comerciantes tienen la esperanza de disponer de un nuevo mercado, aunque no saben cuando.

Una de las vendedoras dice que tienen la esperanza de que el alcalde capitalino cumpla su promesa porque en los locales provisionales enfrentan diversas dificultades, entre estas la reducción de clientes, ante  la ausencia de parqueo.

El costo de los granos básicos, verduras y otros productos de la canasta alimentaria, afecta a vendedoras de comedores pequeños que deben incrementar los precios entre $0.20, $0.25 y hasta $0.30 por cada plato.

Según los comerciantes, un plato de comida ahora tiene un costo que podría oscilar entre los $2.50 hasta $3.00.

Las vendedoras de diferentes comedores del Centro de San Salvador ofrecen a diario desayunos y almuerzos, que ahora presentan incrementos, pero igual deben intentar vender sus productos para poder obtener ganancias y sobrevivir.