Otro de los hallazgos relevantes es que, durante la cuarentena, 13.9% de la población buscó servicios de salud en un hospital nacional, en una clínica del seguro social o unidad de salud pública y el 11.3% buscó atención médica en un hospital o clínica privada. El 9.1% de hombres dijo haber buscado servicios de salud durante la cuarentena frente a un 13.6% de las mujeres.

Asimismo, la investigación arroja algunas luces sobre la pérdida de empleo durante la emergencia. A nivel nacional, el 23% de asalariados dijo que había perdido su trabajo. En la zona oriental el porcentaje es más alto de 36.7%. En el AMSS, solo el 14.9% manifestó haber perdido su empleo, aseveró Carranza.

En el marco de la pandemia de la covid-19 los salvadoreños asumieron un costo mensual de $24 en la adquisición de insumos para la prevención de la pandemia. Así lo reveló un estudio realizado por un equipo de investigadores de la UCA, entre 2020 y 2021. 

El documento llamado: “Covid-19 y violencia estructural” revela que las familias salvadoreñas incrementaron su presupuesto debido a la compra de mascarillas y alcohol gel. Un costo que no tenían previsto. 

Dicho costo se sumó al incremento de la canasta básica que pasó de $199.30 en diciembre de 2019 a $211.00 en 2021. En total en las familias hubo un incremento de $36 en su presupuesto, un impacto que fue mayor en los hogares con menos ingresos. 

La investigación señala, además, una leve diferencia por zona del país. Los hogares del Área Metropolitana de San Salvador gastaron un promedio de $26.12 dólares mensuales; mientras que los del  área paracentral gastaron un promedio de $22.05 dólares mensuales.

Según la investigación, la variación en la inversión en insumos de prevención es mucho más evidente si se evalúa en relación al estrato socioeconómico de las familias. El estrato alto, medio alto y medio bajo gastaba cada mes un 5.8% de sus ingresos; el estrato obrero-marginal, 8.6%; y el rural, 10.6%.

También la investigación abordó el acceso a pruebas y vacunas y reveló que varía según la zona del país. En el Área Metropolitana de San Salvador, un 41.3% había tenido la oportunidad de realizarse una de estas pruebas. Un 38% en la zona paracentral, 32.1% en la zona central, 31.5% en la zona occidental y en menor cantidad, un 30.6% en la zona oriental, explicó Marlon Carranza, coordinador de la investigación y docente.

Las demandas de Cristosal surgen debido a que  los familiares de los fallecidos siguen esperando la compensación de $30,000 que fue aprobada por la Asamblea Legislativa y sancionada por el presidente de la República, pese a ello el Ministerio de Salud ha incumplido, dijo Ruth López.

Tras el fallecimiento de trabajadores del sistema de salud durante la pandemia de covid-19, se aprobó por decreto el Fondo de Compensación Económica para Familiares de personal de Salud Pública y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISSS, que otorga seguro y compensación económica a familiares de personal fallecido por covid-19, en el período comprendido entre el 14 de marzo y el 23 de julio, pero hasta la fecha el decreto no se ha cumplido.

Ante esto, Ruth López, jefa jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal, interpuso 17 demandas ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo contra el Ministerio de Salud por incumplir el pago de compensación económica a los familiares.

Teresa Hernández, de la Dirección de Cultura de Derechos Humanos de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, dice que preocupa la vulneración de los derechos laborales y sindicales en las alcaldías.

Integrantes de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral reportan 18,379 despidos ocurridos hasta diciembre de 2022, en diferentes dependencias públicas. En 25 alcaldías del partido oficialista son 3,800 despidos sin el debido proceso; en la Asamblea Legislativa, 2,550 despidos injustificados; el resto son cerca de 12,000 despidos en diversas dependencias del Gobierno.

Además, señalan que hay un sistema de justicia cooptado, mientras trabajadores y trabajadoras sufren una serie de atropellos. También hay 300 sindicatos -no afines al gobierno- a los que se les niega credenciales. A finales de 2022 en 25 alcaldías se negó el salario a trabajadores y trabajadoras.

Héctor Rodríguez, integrante de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, manifiesta que la nueva vulneración de los derechos laborales son las detenciones ilegales y arbitrarias de sindicalistas.

Ovidio Hernández del Sindicato de Trabajadores de Soyapango (SITRASOYA) estuvo recluido en una bartolina durante 15 días por exigir los derechos sociales y económicos de trabajadores y trabajadoras de la municipalidad. Sin embargo, el Juzgado Tercero de Paz de Soyapango lo absolvió de manera definitiva. 

Hernández respaldado por la Mesa Permanente por la Justicia Laboral aseguró que hizo uso del derecho constitucional y los convenios internacionales que dan la potestad para exigir los derechos laborales. Además, recordó que hay dos compañeros que tienen medidas sustitutivas al arresto por exigir derechos laborales.

Aseguró que no son delincuentes y lamentó que algunos de ellos hayan perdido su trabajo. Pidió a la comunidad nacional e internacional y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que intervengan ante el irrespeto de los derechos de los trabajadores. 

El sindicalista cuestionó que se criminalicen las exigencias de los derechos laborales.

El Movimiento de Familiares del Personal de Salud Fallecido por COVID-19 cuenta con el apoyo de varias organizaciones de la Sociedad Civil, entre ellas Cristosal.

Dicha organización interpondrá demandas contra el Ministerio de Salud por incumplir el pago de la compensación a los familiares del personal de salud fallecidos por covid-19. 

Las demandas surgen luego de más de dos años de enviar cartas al presidente de la República, al ministro de Salud y a diferentes directores de hospitales y no recibir respuesta, dice la integrante del Movimiento, Laura Laínez.

Hace más de dos años, mediante un decreto, se aprobó el Fondo de Compensación Económica para Familiares de personal de Salud Pública y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISSS, el cual otorga seguro y compensación económica a familiares de personal fallecido por COVID-19, en el período comprendido entre el 14 de marzo y el 23 de julio.

La doctora Laura Laínez, del Movimiento de Familiares del Personal de Salud Fallecido por COVID-19, lamenta que el decreto sigue sin cumplirse y que el Estado salvadoreño haya abandonado a las familias de quienes dieron su vida durante la pandemia.

El tráfico en muchas zonas del Gran San Salvador está colapsando las principales arterias y esto se debe a que no se ha tomado en cuenta el desarrollo de las ciudades con miras a mejorar  la calidad de vida de las personas. Solo se construye por construir, dice Granillo. 

Con las recientes reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que aumenta los montos de las multas, Granillo opina que no solucionarán el problema vial, pero posiblemente disuadan a los conductores de acciones que llevan al desorden vial.