Para el representante de Acción Ciudadana, en el contexto electoral se debe crear gobernabilidad para resolver pacíficamente los conflictos sociales.

Hay una serie de desafíos que se deben resolver señala Escobar, ya que las ansias de alcanzar el poder puede ocasionar que alguno de los actores que participe en las elecciones utilice medios ilegales, o éticamente cuestionables.

Señala que es necesario aplicar mecanismos de control en todas las etapas de un proceso electoral.

La iniciativa VOTANTE ha presentado un documento con el que busca fomentar unas elecciones limpias para 2024. Esta iniciativa está integrada por varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Acción Ciudadana.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, dijo que las elecciones de 2024 deben ser comicios correctos, es decir un proceso limpio y pacífico, donde el resultado sea confiable. Escobar agrega que se debe garantizar la expresión real de la voluntad de la ciudadanía.

Las últimas observaciones que se han hecho son de forma y no de fondo, dijo el fiscal Benítez. Se logró una reunión con la Dirección Nacional de Educación Superior y se llegó a un acuerdo, el cual consistía en trabajar coordinadamente y de forma directa, para avanzar en la actualización de planes. Sin embargo, este acuerdo no se implementó y enviaron una inspección sorpresa, explicó el fiscal de la Universidad Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Roberto Benítez.

Esta inspección culminó enviando, en marzo del año pasado, una serie de observaciones que debían superarse y así quedar habilitados nuevamente.

En El Salvador se cierran universidades y se inauguran cárceles

Las aspiraciones y el derecho a la educación de miles de jóvenes de Chalatenango y zonas aledañas, pueden quedar truncadas, luego que el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Educación Superior, ordenara el cierre de 4 carreras, de la Universidad Monseñor Óscar Arnulfo Romero, UMOAR, dijo Roberto Benítez, fiscal de la Universidad.

Benítez dijo que con esta petición la universidad tendría que cerrar, ya que el artículo 37 de la Ley de Educación Superior señala que estas instituciones deben tener como mínimo 5 carreras actualizadas para poder funcionar.

El Ministerio de Educación emitió una resolución, el 28 de julio de 2022, donde prohibía inscribir alumnos de las carreras de Ciencias Jurídicas, Ciencias agronómicas, Administración de Empresas y Contaduría Pública, señala el fiscal de la Universidad, ya que no se han podido actualizar los planes de estudio.

Según las autoridades universitarias, esta falta de actualización obedece a que la Dirección Nacional de Educación Superior, ha venido haciendo observaciones a la currícula de estas carreras.

La Constitución de la República reconoce la importancia de la información pública regulada en el artículo 6, que habla de la libertad de expresión y pensamiento, dice Jonathan Sisco, abogado constitucionalista de Cristosal.

La libertad de información, expresión y difusión de pensamiento es la piedra angular de un sistema democratico, entre mayor sea la transparencia en el ejercicio del poder habrá menos corrupción, reflexiona Sisco. Agrega que El Salvador está llegando a una época de oscurantismo en la gestión pública.

El Gobierno de El Salvador y las instituciones estatales han cerrado las puertas a la transparencia. En algunos casos han reservado información importante hasta por 7 años. Por ejemplo, información relacionada a compras públicas; contratación de personal, bienes y servicios; obras, planes de salud, entre otros. Con la reserva de la información se bloquea la contraloría social y el derecho de los salvadoreños a estar informados.

Loyda Robles, directora de Fortalecimiento Institucional del Estado, Transparencia y Anticorrupción de FESPAD, manifestó que desde la gestión del actual gobierno ha habido un cierre institucional a la transparencia, incluyendo el mismo ente rector que debe velar por el derecho de acceso a la información.

El 15 de diciembre del año pasado las comunidades del sector norte del municipio de Tecoluca, en un acto de protesta por los daños generados por la extracción de arena del río Lempa, realizaron un cierre de la carretera para pedir al Ministerio de Medio Ambiente que revocara los permisos a particulares para extraer arena del río. Sin embargo, no han sido escuchados.

Rosa Tobías de la comunidad El Guajoyo de Tecoluca dijo que las volquetas pasan por la comunidad y debido a sus grandes dimensiones destruyen los accesos a la comunidad, además están matando a los animales domésticos y ocasionan ruido desde la madrugada hasta la noche.

Los problemas para esta comunidad parecen no tener fin, ya que el alcalde de Tecoluca ha dicho que en la comunidad San Francisco Angulo se va a construir un mega basurero, según explicó Rosa Tobías.

Habitantes de la comunidad El Guajoyo de Tecoluca en San Vicente denuncian que particulares están extrayendo arena del río Lempa. Según dijo Rosa Tobías, residente de la zona, la extracción se hace con autorización del Ministerio de Medio Ambiente y con fines comerciales.

Tobías dice que esto afecta a la comunidad, principalmente a la zona de cultivos.

Rosa Tobías, otra habitante del lugar, dijo que han llegado campesinos a ubicarse en sus parcelas, argumentando que son los propietarios y por ello cercarán los terrenos.

Según dijo Tobías, el juez segundo de Paz de Tecoluca, en un nuevo fallo le da la razón a Arsenio Molina y le ha otorgado 147 hectáreas, cuando Molina reclamaba 47.

Unas 178 familias de la comunidad El Guajoyo, del municipio de Tecoluca del departamento de San Vicente, podrían estar en riesgo de desalojo. Esta comunidad se fundó en 1991 con familias desplazadas por el conflicto armado de los años 80 y procedentes de diversas partes del país.

Posterior a la firma de los Acuerdos de Paz, el 16 de enero de 1992, fueron beneficiados por el Programa de Transferencia de Tierras, con un total de 177 hectáreas, que fueron distribuidas y entregadas a cada una de las familias asentadas en el lugar. Desde esa fecha poseen escrituras debidamente inscritas en el Centro Nacional de Registros (CNR).

Pese a ello hay una resolución del juez de Tecoluca que indica que deben desalojar sus tierras, ya que se les acusa de usurpar las parcelas, dijo Francisco Rivera, habitante afectado. Este señalamiento data del año 2014, cuando el salvadoreño Arsenio Molina presentó una escritura de propiedad con la que asegura ser el legítimo propietario.