Para el padre rector, Andreu Oliva, estos casos siguen ocurriendo porque el país no ha logrado resolver los conflictos que sucedieron durante la guerra, a través de una Ley de Justicia Transicional. Oliva dice que es urgente buscar la reconciliación de las comunidades.

En los últimos días, en el país, se han girado órdenes de captura contra representantes de sindicatos y líderes comunitarios. Para el rector de la UCA, el sacerdote jesuita Andreu Oliva, estas capturas demuestran que al Gobierno le molestan las denuncias. Para evitar que los ciudadanos sigan reclamando derechos, el Gobierno recurre a la criminalización, señala Oliva.

En el caso de Santa Marta, comunidad ubicada en el departamento de Cabañas, que luego de la guerra civil, mediante la organización, ha obtenido logros significativos en materia de defensa medio ambiental y desarrollo habitacional, la captura de cinco líderes puede indicar que el Gobierno no quiere bloqueos ante la posible reanudación de la actividad minera, señaló el rector de la UCA. 

La Fiscalía los acusa de haber cometido crímenes durante el conflicto armado. Sin embargo, la misma Fiscalía no ha judicializado casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en esa misma comunidad, que se han documentado y denunciado. Con ello, se pone en duda la búsqueda de la justicia, opinó Oliva.

Medrano también señaló al Gobierno salvadoreño la falta de acceso a la información pública en el tema de seguridad, específicamente sobre el régimen de excepción.

Agregó que el Ejecutivo no brinda información transparente, en cuanto a los datos de capturados, muertos al interior de centros penales y enfrentamientos armados entre agentes policiales y pandilleros.

La defensora de los derechos humanos cuestiona si la información que se tiene en torno al régimen de excepción es cierta.

Está por cumplirse un año desde que el Gobierno salvadoreño implementó el régimen de excepción, con el discurso de que se trata de una estrategia de lucha contra las pandillas.

De acuerdo con Celia Medrano, defensora de derechos humanos, el régimen de excepción es popular, entre quienes apoyan al presidente, por tener un resultado inmediato. Sin embargo, agrega, que hay que preguntarse si está acción es sostenible o no, en el tiempo.

Asimismo, Medrano manifestó que el Gobierno, a través del régimen de excepción, normaliza la militarización en las calles.

Por otra parte, Tojeira se refirió al caso de los ambientalistas de Santa Marta, en el que  señaló inconsistencias en el proceso y la reserva de la información relacionada al caso. El sacerdote dijo que es un tema tan importante en un país que ha sufrido mucho por la guerra, lo menos que se espera es transparencia en los procesos judiciales.

El padre José María Tojeira lamentó la postura de las instituciones de negar información a los ciudadanos. Puso como ejemplo la reserva de información por 7 años relacionada a los convenios de proyectos de explotación del agua, entre la Autoridad Salvadoreña del Agua,  ASA y ANDA.

Tojeira señaló que negar información a la ciudadanía es negar la posibilidad de debate de los temas de país, que deben estar bajo el escrutinio de los salvadoreños.

Desde los años 90 a la fecha, la tasa de fecundación ha venido decreciendo, pese a ello, dice Escoto, hay un problema que no se atiende y son los embarazos en adolescentes, que ahora representa un problema de derechos humanos y no demográfico.

Este viernes 27 de enero, la Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA desarrolló el coloquio: “El Salvador visto desde su población: pasado, presente y ¿futuro?”

La expositora salvadoreña, residente en México, Ana Escoto, quien es doctora en Estudios de Población y maestra en Población y Desarrollo, explicó que es urgente crear políticas de desarrollo encaminadas en aprovechar el bono demográfico de El Salvador.

Escoto dijo que, según datos estadísticos, el país es “feminizado”, lo que indica que las mujeres son las que se encargan de la crianza y la manutención de hogares; sin embargo, destacó que muchas mujeres no logran tener preparación académica, ya que se les truncan su desarrollo por embarazos a corta edad.

Quienes respaldan a los detenidos de Santa Marta esperan que la Procuraduría, en el marco de sus facultades constitucionales, vigile los derechos de los líderes comunitarios.

Dennis Muñoz, abogado defensor, dice que esperan un pronunciamiento público de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el caso de los líderes comunitarios.

Familiares de líderes comunitarios de Santa Marta, arrestados el 11 de enero, pidieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos verificar la situación carcelaria de los detenidos. La petición se la hicieron al procurador adjunto de derechos civiles y a la procuradora adjunta de seguridad ciudadana.

Los detenidos son Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas y Miguel Ángel Gámez. La Fiscalía General de la República los acusa de agrupacioens ilícitas y del asesinato de María Inés Alvarenga, hecho ocurrido durante el conflicto armado salvadoreño.

El 19 de enero de 2023 enfrentaron audiencia y el caso pasó a la fase de Instrucción. Sin embargo, los líderes comunitarios seguirán en prisión. Alfredo Leiva, habitante de Santa Marta, demandó la intervención de la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos para que garantice un debido proceso.