Rene Valiente, coordinador del Centro de Monitoreo Institucional de Acción Ciudadana, reiteró que el criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia responde a dilatar la petición.

Escobar dijo que la Corte Suprema de Justicia no había negado antes esta información. Les parece curioso que ahora bloqueen información importante. 

A juicio de Escobar, dicho bloqueo significa un retroceso que cierra las puertas para acceder a la información de probidad y verificar que no haya enriquecimiento ilícito de parte de los funcionarios.

Acción Ciudadana denunció que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, ha bloqueado la entrega de información relacionada con datos estadísticos, nombres y cargos de aquellos funcionarios que no han entregado su declaración de patrimonio.

El argumento de la CSJ para negar la información se centra en un criterio de la Sala de lo Contencioso Administrativo muy extenso, donde el tribunal únicamente se refiere a las declaraciones juradas de patrimonio y los informes de la sección de Probidad. Sin embargo, Acción Ciudadana solo pedía el registro, es decir, los datos estadísticos. 

De acuerdo con Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, desde 2019 venían realizando un monitoreo sobre aquellos funcionarios que no habían presentado su declaración patrimonial. De acuerdo con el último monitoreo que realizó la organización el año pasado,  6 mil funcionarios públicos no habían presentado su declaración de patrimonio, incluida la declaración de inicio y final de sus funciones.

Magaña añadió que el pago se hizo con una reestructuración de la deuda y con base en otros préstamos y reservas internacionales. Aclaró que el Gobierno no puede celebrar el pago con los acreedores internacionales, cuando tiene muchas más deudas con la ciudadanía como el impago de la pensión básica universal, por ejemplo, o el alto costo de la vida, por el que atraviesa la población salvadoreña actualmente.

El Gobierno anunció esta semana el pago de  800 millones de dólares a los acreedores de los bonos de la deuda soberana. 

De acuerdo con  el economista, José Luis Magaña, de Panorama Económico,  el pago que hizo el Gobierno a los acreedores es cuestión de responsabilidad;  son obligaciones que el Ejecutivo debía hacer, enfatizó Magaña. Además, cuestionó la forma en la que el presidente hizo el anuncio del pago de una obligación.

Carlos Olano, secretario general del Sindicato de Docentes Para una Educación Para Todos, opina que los docentes también han sido afectados por la ley de pensiones.

Stanley Quinteros, secretario general del Sindicato de la Corte Suprema de Justicia, dijo que por medio de la marcha muestran su inconformidad ante la Ley Integral del Sistema de Pensiones que no beneficia a la clase trabajadora, por lo que piden que se hagan reformas para que haya pensiones justas, ya que son miles de trabajadores afectados con la Ley.

Integrantes de diferentes organizaciones sociales, sindicales y gremiales realizaron la “marcha negra” desde el monumento El Salvador del Mundo hasta Casa Presidencial, para entregar propuesta de reformas a la nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones.

Los integrantes de las organizaciones manifestaron que la ley continúa generando rentabilidad a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con mayor margen de ganancia, y permite el uso ilimitado de los fondos de las cuentas de los trabajadores a los gobiernos de turno.

Opinan que los artículos 91, 98, 114, 152, 157 y 160 no garantizan una pensión justa que permita una vida digna para los pensionados. Señalaron también que el monto de $400.00 de pensión no será para todos, sino que dependerá de la cantidad de dinero ahorrada en las cuentas individuales.

Patricio Pineda, representante de la Mesa por una Pensión Digna, opina que debe cambiarse la fórmula de cálculo, de manera que permita una mejor pensión.

Por otro lado, preocupa que los fondos de pensiones se ocupen sin límite. Para el rector de la UCA, esto es grave ya que podría llevar a una crisis seria del sistema de pensiones.

Entre los cambios que introduce la reforma está el incremento de la cotización en 1% para el empleador que pasa de 5 a 6%. Este porcentaje no va a la cuenta del trabajador, sino que al Fondo de Garantía Solidaria.

También se incrementa la cuenta individual, la cual pasa del 8 al 9%, lo cual genera ciertos beneficios para los trabajadores, explicó el rector de la UCA. Además se incrementa la rentabilidad de los Certificados de Obligaciones Provisionales, aunque no queda claro quién los pagará, dijo Andreu Oliva.

El incremento del 30% beneficia especialmente a los pensionados del sistema público y a los optados, quienes en el pasado tenían mejores pensiones, dijo Oliva