La nueva Ley de Compras Públicas, que sustituirá a la actual Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), fue presentada en diciembre del año pasado por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.

Según declaraciones de Zelaya la iniciativa busca “reestructurar” disposiciones al régimen de contratación y “visibilizar la gestión operativa de las compras gubernamentales, implementar el uso de tecnologías de la información y comunicación, así como herramientas que permitan medidas de control y auditoría".

La nueva ley derogará a la actual LACAP, la cual fue aprobada en mayo de 2000 para regular procesos de licitaciones y contrataciones en el Estado, pero que el actual Gobierno se ha negado a aplicar en algunas contrataciones. 

Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, opinó que el Gobierno busca eliminar de una vez por todas la LACAP y establecer otra reglamentación con menos controles y adaptables al proceder del Órgano Ejecutivo.

La deuda, que es impagable, evidencia que el Mercado Cuscatlán ha sido un rotundo fracaso en lo económico y social, dice el concejal Héctor Silva. 

Resaltó además que en el 2020 la Corte de Cuentas de la República presentó un pliego de reparos que indicaban indicios de corrupción en dicho contrato.

El Mercado Cuscatlán inició su historia en 2015, cuando Nayib Bukele fue electo alcalde de San Salvador. Ese mismo año firmó un contrato de 25 años con la empresa Desarrollo Universal S. A. de C. V., con la promesa de crear un mercado de primer mundo. 

Desde que se inauguró el mercado en 2016, la comuna está obligada a pagar cada mes la cantidad de 96 mil dólares, lo que significa un millón al año.  

El concejal de la Alcaldía de San Salvador, Héctor Silva dijo durante La Entrevista de Radio YSUCA que dicho contrato es nocivo para la comuna capitalina.

Más  que  un proyecto de beneficio a ciudadanos capitalinos fue un producto publicitario, dijo el concejal Silva, que sirvió para mejorar la imagen de Bukele. Actualmente la deuda asciende a 5 millones de dólares, desde que se dejó de pagar la cuota en 2018.

A criterio de Jacobo Cruz, abogado de Cristosal, es importante que la FGR investigue estos casos, pues detrás de dichas prácticas se intenta  intimidar a los periodistas.

Hace un año, la asociación presentó el aviso por los ataques digitales, pero hasta la fecha, la Fiscalía ha guardado silencio con respecto a las investigaciones.

Cárcamo exigió al Ministerio Público que haga un trabajo eficiente e investigue las denuncias de ataque y el espionaje con pegasus. Este último, según las investigaciones, fue creado por la empresa NSO group y, según su sitio web, únicamente es vendido a gobiernos con el propósito de espiar a delincuentes y grupos terroristas.

Cárcamo espera que el fiscal cumpla con su labor de investigar, aunque reconoce que es difícil, pues,  al ser  impuesto por los diputados oficialistas, no ha demostrado independencia en sus funciones.

La Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, presentó un aviso de ampliación a la Fiscalía General de la República, por los ataques cibernéticos registrados contra la cuenta de WhatsApp del Centro de Monitoreo de la asociación, en noviembre y diciembre pasado. 

La nueva denuncia, se suma a las vulneraciones registradas en varias cuentas de WhatsApp de periodistas, en enero del año pasado, donde hubo hackeos y espionaje por medio del software Pegasus.

Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador,  manifestó que los intentos de hackeos han continuado contra la asociación, por lo que decidieron presentar al Ministerio Público el caso para que se investigue.

La última encuesta de la UCA deja en evidencia que las personas que desconocen los hechos de coyuntura sociopolítica del país son quienes mejor califican al Gobierno y a las instituciones públicas.

La mayoría de personas no conocen temas como la estafa de los 12 millones con la Chivo Wallet, las reservas de información de fideicomisos para comprar bitcóin, la deuda del Estado y las reformas a Ley de Telecomunicaciones.

Sin embargo, califican con altas notas al Gobierno, priorizando la seguridad, que si bien ha mejorado, según su percepción, no ha generado cambios significativos en la economía de los salvadoreños.

La directora del Iudop, Laura Andrade reflexiona en este punto y señala que brindar seguridad es una obligación de los funcionarios.

El allanamiento a la casa de Javier Salazar, integrante de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Juventudes de San Salvador (ADIJUSS), ocurrió el 23 de enero del presente año en San Antonio Abad de San Salvador.

En este contexto, Marisela Ramírez, integrante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, cuestionó las violaciones a los derechos humanos y los retrocesos en la democracia del país.

La dirigente del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, Sonia Urrutia, denunció que elementos de seguridad pública ingresaron a la casa de Javier Salazar, integrante de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Juventudes de San Salvador (ADIJUSS).

Lo soldados y policías manifestaron que realizaban un allanamiento de rutina, pero no presentaron una orden judicial

Ante esto, Urrutia señala que las medidas de seguridad pública también son utilizadas para la persecución de líderes comunitarios, defensoras y defensores de derechos humanos y jóvenes organizados.

Urrutia condenó la violación a los derechos de la familia de Javier Salazar por considerar que se trata de medidas contra la oposición política.

Las organizaciones sociales, sindicales y gremiales plantean que las reformas a la ley de pensiones permitirán que más de 15 mil personas reciban una pensión inferior al monto que están aportando, debido a que su ahorro ha disminuido. 

Aseguran que el sistema es insostenible. A esto se suma la inestabilidad laboral a raiz de los los decretos de retiros voluntarios; la violación a la libertad sindical y la persecución a lideres sindicales y comuniatrios.  Pusieron como ejemplo el encarcelamiento de líderes de Santa Marta, Cabañas.

Bajo este panorama, Pineda dice que dejarán en manos de la Presidencia de la República las propuestas de reformas a la Ley Integral del Sistema de Pensiones.