La Ley Integral del Sistema de Pensiones no garantiza una pensión justa que permita una vida digna. Los $400 dólares ofrecidos por el Gobierno dependerá del monto de lo ahorrado en las cuentas individuales. El grupo más afectado son las mujeres, entre otras problemáticas, manifestó Patricio Pineda, representante de la Mesa por una Pensión Digna.

Las organizaciones sociales, sindicales y gremiales se pronunciaron en contra de las reformas a la Ley Integral del Sistema de Pensiones porque continúan generando rentabilidad para las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP.

Por otra parte, consideran que hay un grave retroceso en el ejercicio de los derechos de la clase trabajadora.

Ante esto, Pineda convocó a una marcha el viernes 27 de enero que saldrá de El Salvador del Mundo a las 8 de la mañana y se dirigirá hacia Casa Presidencial donde dejarán propuestas para mejorar la ley.

Las organizaciones de derechos humanos y familiares de las personas desaparecidas piden a la Fiscalía General de la República realizar las investigaciones para ubicar el paradero de las personas desaparecidas, atender con dignidad y respeto a las familias de las víctimas, realizar un mapeo de los posibles cementerios clandestinos, supervisar a los fiscales de los casos y mejorar los procesos de búsqueda, entre otras peticiones. 

Una de las familiares de los desaparecidos manifestó que a diario dedica tiempo en la búsqueda de su familiar.  Espera que la Fiscalía atienda cada caso.

Organizaciones de derechos humanos junto a familiares de desaparecidos presentaron a la Fiscalía General de la República un álbum fotográfico de 43 personas reportadas como desaparecidas, con el fin de que investigue los casos. 

Hasta la fecha, las familias de las víctimas no reciben respuesta de las instituciones encargadas de impartir justicia. 

El álbum incluye a personas desaparecidas desde el 27 de agosto de 2007 hasta el 13 de septiembre de 2022. Pertenecen a los departamentos de San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Santa Ana. Sus edades oscilan entre 14 y 45 años. 

El director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, Henry Fino manifestó que la elaboración del álbum fotográfico es un esfuerzo del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La falta de un trabajo adecuado y dignamente remunerado, limita a las personas adultas mayores el acceso a bienes y servicios básicos y necesarios para su bienestar y cuidado, como la alimentación, la salud o la vivienda.

Espin agregó que muchas personas adultas mayores están muriendo ante la precariedad del sistema de salud y de enfermedades que pueden ser tratadas.

En El Salvador hay un millón cincuenta y cinco mil personas adultas mayores, según los datos del Registro Nacional de Personas Naturales. Apenas 2 de cada 10, el 16.8%, cuenta con algún tipo de pensión y una cuarta parte de quienes sí la reciben cobra la Pensión Básica universal (PBU), de solo $50. 

Espin dijo que las recientes reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa al sistema de pensiones sigue dejando en el abandono al 83,2% de adultos mayores.

La Coalición por la Dignidad de las Personas Mayores y la Asociación Rural de la Tercera Edad,  la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), la Escuela de Comunicación Mónica Herrera (ECMH) y organizaciones de la sociedad civil lanzaron una campaña de información y sensibilización  que pretende visibilizar las condiciones de vida de las personas adultas mayores y el abandono que sufren en el país.

Emilio Espin, coordinador de la Coalición por la Dignidad de las Personas Mayores, hizo un llamado al Estado salvadoreño a garantizar los derechos de las personas adultas mayores.

Espin recordó que está pendiente la aplicación de la Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor, aprobada en 2021, luego de más de 15 años de lucha de las organizaciones de las Personas Adultas Mayores.

Morales espera que el caso dé paso a la apertura a juicio, pues se cuenta con prueba sólida contra estos grupos.

El Juzgado 1o de Instrucción de San Miguel desarrolló la audiencia preliminar en  donde se podría juzgar por primera vez a un “escuadrón de la muerte” por el asesinato de 5 personas en 1981. 

Los acusados son: José Inés Benavides Martínez, Luis Alonso Benavides Polio, José de la Cruz Orellana y Ángel Aníbal Alvarado Benítez. Todos enfrentan la audiencia por los delitos de homicidio, privación de libertad, asociaciones ilícitas y delito contra las leyes o costumbre de guerra.

El jefe de Justicia Transicional de Cristosal, David Morales, explicó que dichos escuadrones tenían la función de reprimir a la ciudadanía. Lamentó que a pesar de ser estructuras provenientes de la Fuerza Armada, la misma institución se niega a abrir los archivos militares para que se investigue la serie de muertes de pobladores en distintos operativos militares realizados durante la guerra.

Morales añadió que el peso de la ley debe caer sobre aquellas estructuras  que cometieron una serie de atrocidades.

El dirigente del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) dice que en el caso de los policías el problema que tienen es que se está utilizando personal policial de diferentes zonas del área metropolitana de San Salvador y están dejando sin atención las zonas de responsabilidad que les toca a ellos.

Por ejemplo, dice Reyes: Mandan personal de Santa Tecla, descuidan la zona de Santa Tecla por estar mandando a la Comunidad de Tutunichapa. Y están trabajando 12 horas, llegan sus relevos, muchas veces los compañeros utilizan sus vehículos para moverse porque patrullas no hay. Se van en sus motos a hacer el relevo.

Por otro lado, están recibiendo maltrato verbal, se dirigen a ellos los militares oficiales con insultos, con frases peyorativas, con frases que los denigran, les vulneran sus derechos como seres humanos. Los tratan super mal, dice Marvin Reyes

El soldado está haciendo todo de su parte, colaborando con la Policía Nacional Civil para llevar tranquilidad a la población, colaborando en tareas de seguridad, pero los mandos militares ¿Qué están haciendo? Están desmotivando, prácticamente a la tropa, con este tipo de conducta: Quitándole su licencia antojadizamente, insultándolos, denigrándolos, hostigándolos, físicamente, amenazándolos con darlos de baja si dicen algo.