Varias organizaciones, entre ellas la Alianza Contra la Privatización del Agua, acompañaron a los habitantes de Santa Marta como un respaldo ante la difícil situación que enfrentan.

Amalia López, integrante de la Alianza, dijo que el caso tiene un trasfondo político y económico.

Habitantes de Santa Marta e integrantes de organizaciones sociales realizaron anoche una vigilia en solidaridad con los 5 líderes comunitarios que guardan prisión desde el 11 de enero.

Vidalina Morales, lideresa de Santa Marta e integrante de la Asociación de Desarrollo Económico y Social, ADES, reiteró que están en contra de la detención provisional de sus compañeros porque no hay pruebas suficientes para que sigan privados de libertad.

Considera que el caso representa una represión y criminalización para la comunidad.

En este momento no se percibe el deseo de hacer cambios, ya que los pueblos indígenas siguen en el olvido dice Aracely Mismit. Su cultura ancestral no se toma en cuenta, lo que significa marginación.

Pueblos indígenas piden ser incluidos en decisiones para mejorar el país

A 91 años de silencio de la masacre de 1932, representantes de los pueblos originarios no perciben acciones concretas de parte de las instituciones del Estado que reivindiquen sus derechos.

El genocidio de 1932 fue una reacción al reclamo del pueblo indígena, como el último recurso ante un Estado que violentaba derechos. Pero a 91 años del genocidio no hay reparación de los daños ante un delito de lesa humanidad. Es por ello que piden que se cree una comisión entre los pueblos originarios y el Estado para investigar los hechos.

Alexandro Tepas Lapa, descendiente Nahuat Pipil, pide no ser invisibilizados. Hace un llamado al Estado salvadoreño a no ignorar a los pueblos indígenas. Si el Gobierno quiere mejorar el país debe abrir un diálogo y consultas con los pueblos indígenas.

Tener 84 diputados y 84 suplentes en un país tan pequeño ¿Qué sentido tiene?, cuestionó el arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas.

El representante de la Iglesia Católica está de acuerdo con la reducción de diputados, pero también en que no haya diputados suplentes.

En cuanto a la propuesta de reducir municipios es más cauteloso. Opina que debe discutirse y estudiarse para que no afecte a los ciudadanos.

En cuanto a las pensiones, monseñor Escobar Alas considera que no se logró hacer un nuevo sistema como se esperaba, sino una reforma que no es la mejor. Las actuales pensiones no son suficientes para cubrir la canasta básica. Espera que la nueva reforma no sea definitiva y abra la posibilidad de mejorar el sistema previsional en el país.

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas dijo que los resultados de la última encuesta de la UCA, en cuanto al tema económico, son comprensibles dadas las condiciones actuales de los salvadoreños. 

La encuesta revela que para el  63.9% de la población la situación económica sigue siendo la mayor preocupación. Además, consideran que los precios de la canasta básica han subido.

La preocupación de la población hacia temas económicos ha crecido con fuerza el último año, según la encuesta de la UCA. Para el arzobispo, la información de la encuesta debe tomarse en cuenta para crear programas genuinos encaminados al desarrollo de la población.

El debate sobre la propuesta de reducir los municipios debería centrarse  en sí contribuirá al desarrollo de la calidad de vida de las personas, dado que ese es el ser de los municipios, señala Romy Jiménez de la maestría en Desarrollo Territorial de la UCA. 

Los municipios además de prestar servicios a la población, crean relaciones de representación de tipo cultural, entre otras. Sin embargo, ante la propuesta de reducir municipios hay aspectos que no están claros, señala Jiménez. 

Esta nueva estructura de funcionarios públicos que se agrupen, ¿En qué beneficiará a la población? ¿Qué va a pasar si se centralizan esos aspectos importantes de la vida de los municipios? 

Todas estas condiciones se deben tomar en cuenta, señala Jiménez.

Una demanda de inconstitucionalidad interpuesta en 2016 dio paso a que la actual Sala de lo Constitucional impuesta por el oficialismo, ordenara en febrero 2022, a la Asamblea Legislativa, crear un mecanismo que permita a las personas transgénero y transexuales cambiar su nombre en el documento de identidad.

La resolución da el plazo de una año para que los diputados legislen en este tema. Sin embargo, la resolución no ha sido acatada por los parlamentarios.

En marzo del 2018 y en agosto de 2012 se presentó el anteproyecto de Ley de Identidad de Género a la Asamblea Legislativa. En ambas oportunidades los grupos parlamentarios no discutieron la propuesta, explica Joshua Navas, de Generación HT El Salvador.

Las detenciones arbitrarias han llevado a que familias completas estén abandonando sus casas en el cantón San Luis El Maneadero, de Zacatecoluca, departamento de La Paz. Uno de los habitantes denunció a Radio YSUCA que varias familias se han desplazado de manera forzada por temor a los soldados que han instalado un campamento en el Centro Escolar San Luis El Maneadero. Tres personas han sido capturadas sin pertenecer a pandillas. Son campesinos, integrantes de una cooperativa, dice Antonio Flores, padre de una de las capturadas.

Para don Antonio, la incertidumbre llegó al cantón, desde la semana pasada con la llegada de una “camionada” de soldados. Antes