Por otra parte, no existe una ley de vivienda que permita garantizar ese derecho humano, aunque está establecido en el derecho internacional y en el artículo 119 de la Constitución de la República.

Pero más allá de un artículo, lo importante es que se ejecuten programas y se creen las condiciones para que las familias puedan tener una vivienda, señala William Murcia, de FESPAD.

El Juzgado de Paz de Victoria decretó instrucción formal con detención provisional contra los cinco líderes de Santa Marta, Cabañas, capturados el pasado 11 de enero. Dennis Muñoz, abogado de los detenidos, dijo que están a la espera de recibir la resolución del juzgado para solicitar la revisión de las medidas.

Muñoz agregó que no existen fundamentos en la resolución que justifique la detención de los cinco líderes de la comunidad. Pareciera que la decisión de detención ya estaba decidida, dijo el abogado.

Protección Civil informó que hasta la fecha se han instalado un total de 55 refugios temporales en las cercanías de las viviendas afectadas por la serie sísmica. Josué García detalló que son alrededor de 37 personas albergadas.

Luis Amaya, director de Protección Civil, dijo este viernes que hay un total de 470 viviendas afectadas por los sismos registrados, el pasado 15 de enero, en la zona de San Lorenzo, Ahuachapán.

Amaya aseveró que 178 viviendas tienen daños leves, 36 colapsaron y 256 son inhabitables. Además, se registraron  20 deslizamientos y un muro colapsado.

Las familias de varios cantones de Zacatecoluca están migrando de manera forzada, uno de ellos el cantón El Callejón. 

Han abandonado sus casas por temor a los soldados que se han instalado en varios campamentos. Un grupo de soldados se ha instalado en el centro escolar del cantón. “Hoy a la Fuerza Armada le tenemos miedo”, dice Antonio Flores.

Habitantes del Cantón San Luis El Maneadero, de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, aseguran que algunos de sus familiares han sido víctimas de detenciones arbitrarias de parte de militares. 

Antonio Flores, presidente de la Cooperativa San Luis El Maneadero de R.L. denunció la captura de su hija de 24 años de edad, quien  fue trasladada al penal de Apanteos. Junto a ella, dos personas más han sido capturadas, sin pertenecer a pandillas, aseguran sus parientes. 

A raíz del acoso de los soldados algunas familias han optado por irse de sus casas, ya que temen ser capturados sin haber cometido algún delito.

Integrantes de Cooperativa El Pimental de San Luis Talpa, departamento de La Paz, denunciaron amenazas de desalojo de parte de la Policía.

Son 120 asociados de la cooperativa que produce caña de azúcar y otros productos agrícolas los que serían afectados. 

Manuel de Jesús Ayala dijo que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales quiere desalojarlos. Hace 8 días llegaron guardabosques a decirles que deberán irse del lugar con el argumento de que el lugar donde habitan es una zona protegida.

Con el lanzamiento de la campaña se pretende hacer conciencia sobre la urgente necesidad de que exista una normativa que vele por el derecho básico a una vivienda adecuada, indicó Murcia.

Además, Murcia hizo un llamado a reactivar el diálogo entre el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y la población, para lograr consensos que permitan la aprobación de una Ley de Vivienda.

En el marco del lanzamiento de la campaña "Vivienda para todos y todas", la Plataforma Nacional por el Hábitat llamó al Estado salvadoreño y, de manera específica, a los diputados de la Asamblea Legislativa y a la ministra de Vivienda, a que aprueben una Ley de Vivienda digna.

William Murcia, integrante de la Plataforma, dijo que existe en El Salvador un déficit habitacional amplio, cerca del 90% de la población no cuenta con una vivienda adecuada.

Vidalina Morales, habitante de la comunidad de Santa Marta e integrante de la Asociación de Desarrollo Económico y Social, ADES, se presentó a la concentración frente al Centro Judicial Integrado de San Salvador, pidió libertad para los detenidos y reiteró que la lucha colectiva es el único delito que tienen los detenidos, por lo que exigió un proceso justo.