Sonia Mestanza, de la Mesa por la Justicia Laboral, asegura que no han recibido apoyo de instituciones clave como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Señala que están  conscientes de que las instituciones no están funcionando, aún así han seguido todos los procesos legales en la búsqueda de justicia. 

El siguiente paso es activar las instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que ya acudieron.

En total son 18,379 personas despedidas en diferentes órganos del Estado. De esos despidos, más de 3,800 han ocurrido en unas 25 alcaldías del país, la mayoría gobernadas por Nuevas Ideas, explicó Héctor Rodríguez, vocero del Movimiento de Trabajadores Despedidos.

Rodríguez destacó que a muchos de los despedidos no se les ha indemnizado y quienes han recibido el dinero de su retiro lo han obtenido de manera desigual. Los jueces que fueron cesados de sus cargos, mediante un decreto, han recibido montos muy superiores a los empleados de otras instituciones.

La doctora Carmen Elena Menjivar, especialista y docente investigadora del Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales, señaló los daños que la minería metálica provoca en la salud y medio ambiente.

Andrés McKinley, especialista en agua y minería de la UCA, recordó que el impacto de la minería metálica en el medio ambiente es grave, pues hay muchos recursos naturales en juego, entre ellos el agua.

La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” UCA, desarrolló la Cátedra de medioambiente y sustentabilidad en donde se abordaron las “Implicaciones de la minería metálica en El Salvador”. 

En marzo de 2017, El Salvador prohibió la minería metálica ante el grave daño que ocasiona el proceso de extracción en los recursos naturales.

Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, dijo que a pesar de que la minería metálica está prohibida en el país, hay varios signos que indican que este capítulo no se ha cerrado, pues la actual administración puede estar pensando en reactivar la minería al adherirse como miembro del Foro Intergubernamental sobre Minería y Desarrollo Sostenible, además de otros indicios.

Serrano instó a los salvadoreños a estar alertas ante la posibilidad de reactivación de la minería metálica.

Las organizaciones sindicales advierten que continuarán los retiros forzosos de sectores públicos, la eliminación de los escalafones de los ministerios de Salud, Educación y Cultura, situación que afecta a unos 80 mil trabajadores y trabajadoras. Además, 11 municipalidades del partido oficialista han ejecutado despidos injustificados, no han pagado salarios ni aguinaldos o bonificaciones.

Evelyn  de La O, de la secretaría de finanzas del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango, SITRASOYA, dice que los salarios siguen sin pagarse a la totalidad de trabajadores de la Alcaldía de Soyapango.

Integrantes del Movimiento de Trabajadores Despedidos, el Sindicato de Trabajadores de FOPROLYD y SITRASOYA condenaron las violaciones a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector público, especialmente de las alcaldías.

Los trabajadores aseguraron que se ha registrado una serie de hechos, ocurridos a finales de 2022 e inicios de 2023, en los que se arremete contra los trabajadores. Además se criminaliza el derecho a la sindicalización, a la defensa de los derechos laborales, de protesta pacífica y al goce de estabilidad laboral.

El vocero del Movimiento de Trabajadores Despedidos, Salomón Alfaro, pidió al Gobierno y a las alcaldías que eviten la violencia contra los trabajadores y trabajadoras que exigen sus derechos.

De acuerdo con Alfredo Leiva, de la Asociación de Desarrollo Económico y Social ADES, la captura de los líderes comunales responde a una estrategia para preparar las condiciones para reactivar la minería metálica en la zona.

Por su parte Alejandro Henríquez, del Foro del Agua, dijo que la Fiscalía General de la República, FGR, quiere montar un caso sin pruebas contundentes que vinculen a los capturados.

Este jueves se desarrollará en el Centro Judicial “Isidro Menéndez” la audiencia inicial contra los cinco líderes comunitarios de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, capturados el pasado 11 de enero. 

De acuerdo con el abogado de los acusados, Dennis Muñoz, el Juzgado de Victoria decidió desarrollar la audiencia en San Salvador, a petición fiscal, por temor a la población organizada en Cabañas, quienes han condenado la captura de los cinco líderes comunitarios.

A los imputados, Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas, Teodoro Antonio Pacheco, director ejecutivo comunitario de ADES y Saúl Agustín Rivas Ortega, asesor legal de ADES, la Fiscalía General de la República, FGR, los acusa de la privación de libertad y asesinato de María Inés Alvarenga, un hecho que habría sido cometido en agosto de 1989. Además, se les imputa  el delito de asociaciones ilícitas. Entre los acusados también se encuentra Raúl Recinos Alas. 

El abogado defensor dijo que han encontrado algunas irregularidades en el proceso y señaló que, con este caso, el sistema de justicia se pondrá a prueba.