A juicio de los representantes de las organizaciones, la captura de los habitantes de Santa Marta tiene como único objetivo: detener el liderazgo de la comunidad.

El ambientalista Luis González, en medio de la concentración, manifestó que las personas detenidas lucharon contra la explotación minera, un tema que podría volver a reabrirse si no se demanda cumplimiento de la ley en contra de la minería metálica en El Salvador aprobada en 2017.

Organizaciones de la sociedad civil piden libertad para las 5 personas detenidas en Santa Marta, Cabañas. Se concentraron en la Diagonal Universitaria, frente al Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia de San Salvador, donde enfrentaron audiencia los cinco líderes de la comunidad Santa Marta.

Estas personas fueron arrestadas el 11 de enero del presente año y responden a los nombres de Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas y Miguel Ángel Gámez. La Fiscalía General de la República los acusa del asesinato de María Inés Alvarenga durante el conflicto armado salvadoreño y por agrupaciones ilícitas.

El representante del Foro del Agua Alejandro Henríquez dijo que en este caso no hay pruebas que inculpen a los detenidos, por lo que demandó de las autoridades competentes resolver el caso conforme a derecho.

Serrano añadió que existe también un “bombardeo comunicacional” por parte del Gobierno y, además, se incrementan las reservas de información, por siete años.

Casi la mitad de la población salvadoreña, 48.6%, afirma que en su hogar se dejaron de comprar algunos alimentos por el aumento de precios. En 2021 esta proporción había crecido con respecto al año anterior y, para el cierre de 2022, incrementó nuevamente

Una quinta parte de la población, 21.4%, al cierre de 2022, manifestó que tenía deseo de migrar en 2023. La mayor parte de quienes desean migrar apuntan a temas económicos como la principal razón por la que desean irse del país.

A pesar de identificar que se ha empeorado en los temas de educación, salud y derechos humanos,  los datos de la encuesta revelan que la gente dice estar mejor.

Asimismo las Alcaldías del país son las peor evaluadas, pues se habrían puesto candidatos supeditados al poder Ejecutivo  y no a favor de los intereses de la población de sus municipios

El Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, Iudop, presentó los resultados de la más reciente encuesta de opinión pública, realizada a nivel nacional. De acuerdo con el análisis de Omar Serrano, vicerrector de proyección social de la UCA, la encuesta revela un “divorcio” entre lo que la gente cree y la realidad.

Serrano dijo que un 73% de las personas no están de acuerdo con que un presidente controle todos los poderes del país y que nadie lo controle a él. También 63.2% de los encuestados opina que hay concentración de poder en una sola persona.

La encuesta revela, una vez más, que la situación económica sigue siendo la mayor preocupación de los salvadoreños, un 63.9% opina que hay una grave crisis económica y que los precios de la canasta básica han subido. 

Serrano dice que hay contradicciones con lo que la gente cree y su realidad.

El muro que colapsó en el Complejo Educativo “General Fabio Morán” del Cantón Las Chinamas ya fue demolido. 

Antes del inicio del año escolar el nuevo muro debe estar construido, de manera que no impida las clases que inician en febrero. 

Una de las personas que vive frente al Complejo Educativo dijo que su casa no sufrió daños, pero la continuidad sísmica le obliga a dormir en el patio de su casa.

Otro de los afectados es Jorge Magaña, quien ha optado por dormir bajo un plástico, debido a las condiciones en las que quedó su vivienda y la continuidad sísmica, que se ha registrado en Ahuachapán. Jorge también solicita ayuda.

El sismo del 15 de enero causó daños en viviendas de los habitantes del municipio de San Lorenzo, Ahuachapán. Según Protección Civil casi 300 viviendas resultaron dañadas. Uno de los lugares más afectados es el cantón La Danta, donde algunas personas duermen a la intemperie, no solo por la continuidad sísmica sino por el riesgo que representan los severos daños en las casas.

Tras el sismo, las familias se vieron obligadas a sacar a sus patios algunas de sus pertenencias. Muchas personas se han quedado para cuidar sus casa y duermen bajo un plástico. El resto de familiares optaron por irse a un refugio.

Uno de los afectados pidió ayuda porque sus escasos ingresos no le permitirán reconstruir su casa.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reiteró que la sismicidad en San Lorenzo, Ahuachapán y Guatemala es producto de fallas geológicas locales que ha generado una serie de sismicidad superficial.

Según Luis Mixco,  sismólogo del MARN, desde el pasado 15 de enero a la fecha se han registrado 426 sismos, de estos al menos 41 han sido percibidos por la población salvadoreña.

Mixco detalló que en la zona concurren muchas fuentes sísmicas que produjeron la activación de otras fallas geológicas que es habitual en la cadena volcánica.

Por su parte, Marcia Henríquez del Sindicato de Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados, FOPROLYD, dijo que los despidos no solo han afectado a los trabajadores, sino además a los usuarios de las instituciones.