El Salvador enfrenta nuevos conflictos y nuevas violencias, generadas no solo por las pandillas, sino desde el Estado, dice la investigadora y  experta en derechos humanos, Celia Medrano. La investigadora hace referencia al régimen de excepción que ha permitido detenciones arbitrarias, militarismo y violaciones de derechos humanos. 

El Gobierno vende la idea de un país en paz y el más seguro de Latinoamérica. Sin embargo, Medrano hace énfasis en que no hay que confundir paz con seguridad. Si bien hay una reducción de homicidios desde el año 2016, se cuestiona ¿Cómo se consigue eso? y  ¿A qué costo?

Por otra parte se pregunta ¿Qué habrá después del régimen de excepción?, ¿Cuál será la siguiente condición, cuando una medida excepcional la convirtieron en una política permanente de seguridad dirigida, no a proteger a la población, sino al control social?

Desde la falta de información de los capturados, la muerte de privados de libertad sin notificarles a sus familiares, tener presas a personas con enfermedades terminales, crónicas  o personas incluso con discapacidades, así como detenciones arbitrarias sin investigación, son algunas acciones de tortura y malos tratos que el Estado impulsa, 31 años después de firmados los Acuerdos de Paz, dijo Alfredo Mejia, del Movimiento de Víctimas del Regimen.

De acuerdo con Olga Guzmán, de la organización Mundial Contral la Tortura, OMCT, El Salvador hasta la fecha no ha respondido a las recomendacioens que el Comite Contra la Tortura de la ONU dictó para El Salvador.

Guzmán recordó al Estado salvadoreño que el próximo 25 de noviembre debe responder por sus acciones e informar qué ha hecho para reducir las capturas arbitrarias y los casos de tortura registradas en el marco del regimen de excepción.

En el marco de los 31 años de la firma de los Acuerdos de Paz, firmados en 1992 en Chapultepec, México, organizaciones de la sociedad civil manifestaron que El Salvador ha retrocedido respecto a la defensa de los derechos humanos y la no aplicación de los Tratados, así como sus recomendaciones.

Dicho informe además revela que con la implementación del régimen de excepción se han incrementado las denuncias de casos de tortura, detenciones arbitrarias y colectivas, las 80 muertes al interior de los centros penitencairos y la falta de investigación de los casos de abusos de autoridad.

Según Ovidio Mauricio, de Tutela Legal “María Julia Hernandez”, con la implementación del régimen de excepción, a casi un año, el Gobierno de El Salvador ha incrementado las acciones de tortura contra salvadoreños.

Morales manifiesta que la elección del procurador para la defensa de los derechos humanos Eduardo Peñate Polanco fue para impedir la reelección de la doctora Victoria de Avilés. Asegura que la elección fue intencionada por parte de quienes controlaban en ese momento la Asamblea Legislativa.

La evolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos debió ser en función de su fortalecimiento, porque esta instancia debe representar un mecanismo de no repetición de graves violaciones a derechos humanos, que ocurrieron durante el conflicto armado de El Salvador. Y, el respeto de la independencia de las personas que son elegidas, debió convertirse en un estándar democrático. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en la medida que ejerce su función, se convierte en una garantía para un mejor desempeño de la democracia.

Morales dice que en la actualidad hay pasividad de la procuraduría para la defensa de los derechos humanos ante los abusos de poder.

El exprocurador de derechos humanos, David Morales, manifiesta que a 31 años de creada, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos asentó su institucionalidad, desarrolló y normó procedimientos de protección. Además, su despliegue es en todo el territorio nacional.

Pero esta instancia ha vivido diferentes momentos, algunos de especial fortaleza y otros de debilidad. A Morales le parece que una de las dificultades más grandes que ha enfrentado a lo largo de la historia, es la intolerancia de los gobernantes de turno y del poder político hacia las funciones que desempeña la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por mandato constitucional y legal.

Cuando se ha contado con titulares al frente de la institución que han tratado de ejercer su trabajo, ejercer su rol de contraloría, contrapeso a los abusos de poder han sufrido ataques de diferente naturaleza.

La Policía nació para proteger los intereses del pueblo, dice Marvin Reyes. Pero las actuales acciones de la institución indican un retroceso, porque se rige por lineamientos políticos. Ahora el objetivo es devolver la Policía al pueblo, dijo Reyes.

El Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil participó en la conmemoración de la firma de los Acuerdos de Paz. Esto se debe a que la PNC nació de dichos acuerdos bajo un sistema democrático, pero  que, a 31 años, se han perdido, dijo Marvin Reyes representante del movimiento.

En los últimos años la PNC ha tenido una instrumentalización política, bajo intereses de los  gobernantes de turno, con mayor énfasis en el actual gobierno, opina Reyes. Señaló la actuación del director de la policía, Mauricio Arriaza Chicas que, a su juicio, ha demostrado servilismo como ningún otro director. 

Puso como ejemplo de esas acciones la colocación de retenes en diversos puntos del país para evitar la libre circulación de ciudadanos, el día que se realizaba la marcha.

A 31 años de la firma de los Acuerdos de Paz, no se ha resuelto nada, expresó otra ciudadana. Como mujer no se siente representada por este gobierno, ya que le han quitado programas que consideraba importantes para las mujeres. Puso como ejemplo el programa de Ciudada Mujer, al cual le han quitado presupuesto.

Advirtió que el movimiento popular está vivo y el presidente debería analizar sus acciones, ya que aunque se percibe una aparente pasividad de parte de la gente, la situación actual podría explotar y eso es preocupante.

Uno de los jóvenes que observaba la marcha, pero no formaba parte de ella, dijo que le parecería bien que el pueblo ejerciera su libertad de expresarse. Acepta que desconoce la historia del país, pero de lo que sí está claro es que esta supuesta paz que se está viviendo un día acabará.

¿Vivimos en el país más seguro de América Latina?

Quienes se sumaron a la marcha ciudadana del domingo 15 de enero, mostraron preocupación por la incertidumbre que les genera la situación actual del país.

Los asistentes a las marchas, consideran que a 31 años de la firma de los Acuerdos de Paz, no ven oportunidades, sobre todo para los jóvenes, sino todo lo contrario, “el presidente de la República está atacando al pueblo, a la gente humilde”, dijo una de las mujeres entrevistadas por YUSCA.

A esto se suma la fusión de instituciones públicas como el CONNA, la DIGESTYC y FROPOLYD, que está generando mayor desempleo. Otro problema que aún les preocupa es la delincuencia.