Juez Antonio Duran se incorporó a la marcha para conmemorar el 31 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, denunció los atropellos contra la Constitución de la República, la remoción de magistrados de la Sala de lo Constitucional, remoción de jueces y se pronunció contra la reelección presidencial porque se prohíbe en la Constitución de la República, la deficiencia del sistema de salud y la falta de rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos

A las marchas se incorporó, Alfredo Leiva, representante de la comunidad Santa Marta del departamento de Cabañas donde dijo que la captura de 5 habitantes de su comunidad está despertando los temores del pasado conflicto armado y a su juicio fueron detenidos porque es gente que rechaza la explotación minera.

Carlos Rodríguez, del Frente Nacional Agrario Vía Campesina El Salvador, manifestó que el proceso que culminó con los Acuerdos de Paz fue importante para la democracia del país, para el respeto de los derechos humanos pero el actual gobierno lleva tres años donde se han registrado retrocesos en la democracia y el mandatario no se da cuenta que gracias al fin del conflicto armado pudo llegar a su puesto en el órgano Legislativo.

Diversas organizaciones de la Sociedad Civil conmemoraron los 31 años de la firma de los Acuerdos de Paz con dos marchas, una salió desde el parque Cuscatlán del Centro de San Salvador y la otra desde el Instituto Nacional de los Deportes del Centro de la capital, ambas se dirigieron a la Plaza Cívica del Centro de San Salvador. Previo al inicio de las marchas las personas que venían desde otros departamentos del país debieron pasar por retenes policiales, situación cuestionada por representantes de las organizaciones.

Previo a la marcha

Además de la conmemoración del fin de la guerra las personas exigieron una verdadera reforma de pensiones que beneficie por igual a la clase trabajadora, denunciaron los despidos en las instancias públicas, violaciones a la libertad sindical, rechazaron la reelección presidencial, cuestionaron los abusos bajo el régimen de excepción, despilfarro en los fondos públicos para la adquisición de bitcoin y el retraso de pagos en algunas municipalidades del país.

La representante del Bloque de Resistencia y Mayoría Popular, Sonia Urrutia, manifestó que tras la firma de los acuerdos de paz hay retroceso en la democracia.

La Central Sindical Independiente denunció el sábado por la noche que las autoridades de seguridad habían creado retenes para obstruir la participación ciudadana en las manifestaciones.

Stanley Quinteros, del sindicato de trabajadores de la Corte Suprema de Justicia, dijo que son aproximadamente 16 retenes los instalados en distintos puntos del país.

Desde un día antes las organizaciones sociales convocantes a la marcha conmemorativa a la firma de los Acuerdos de Paz denunciaron la instalaciones de varios retenes con fuerte presencia policial.

Las organizaciones de la sociedad civil convocaron a una marcha para marchar contra los despidos de trabajadores, capturas arbitrarias, entre otros temas.

Unidades del transporte colectivo o particular eran detenidas por los agentes policiales y militares quienes se suben a las unidades de transporte a revisar a los usuarios del transporte o el baúl de los vehículos.

Marvin Reyes del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil, confirmó que las autoridades superiores emitieron desde el día sábado la instalación de controles vehiculares, principalmente en las entradas al gran San Salvador.

Reyes cuestionó el papel de las jefaturas policiales y lamentó que una institución que nació con la firma de los Acuerdos de Paz se preste a intimidar a la población salvadoreña a quien constitucionalmente está obligada a defender.

Zamora dice que tras la firma de los Acuerdos de Paz, el retroceso de El Salvador no sólo es en la democracia sino también en la economía nacional.

El analista político Rubén Zamora manifiesta que el gobierno actual quiere volver a dictaduras como la de Maximiliano Hernández Martínez, con la diferencia que en la actualidad no se piensa en la Constitución de la República, porque tiene gente que está a su servicio en el Órgano Legislativo.

El analista político Rubén Zamora manifiesta que El Salvador, en los últimos 3 años, está enfrentando un serio retroceso con respecto a todos los avances logrados con los Acuerdos de Paz. 

Tras la firma de los acuerdos en 1992, se separó a los militares del poder político, el cual mantuvieron durante 60 años y ahora el actual gobierno vuelve a militarizar al país.

Otro retroceso, manifiesta Zamora, es cambiar las normas jurídicas, que le daban seguridad a la población y ahora hay miles de personas arrestadas de forma arbitraria, sin pertenecer a grupos delincuenciales.

El analista asegura que el gobierno actual está tratando de destruir los Acuerdos de Paz y por eso recurre a decir que fueron una farsa.

La difícil situación que viven los trabajadores de la Alcaldía de Soyapango, inició por el despilfarro de la alcaldesa Nercy Montano, quien prefería vestirse de marca y alquilar helicópteros, en lugar de pagar los salarios atrasados. Es una de las funcionarias que se aprovechó del poder del oficialismo, opina el padre Rodolfo Cardenal de la UCA en el artículo de opinión titulado: “Lecciones de una caída en desgracia”

Según el padre Cardenal, es difícil pensar que un régimen tan centralizado como el de los Bukele desconozca la corrupción y a los corruptos. Considera que de alguna manera, estos cuentan con su beneplácito.

El padre José María Tojeira de la UCA, por su parte, observa en estas acciones de violaciones a los derechos laborales líneas claras de polarización