3 empleados municipales fueron arrestados el 10 y 11 de enero por manifestarse frente a la Alcaldía de Soyapango para exigir el pago de sus salarios que por ley les corresponde.

Cecilia Vásquez, integrante del sindicato, espera que el proceso judicial contra estas personas detenidas sea apegado a derecho.

El incumplimiento del pago de salarios a la totalidad de trabajadores de la Alcaldía de Soyapango continúa. De un total de 1,850 trabajadores de la comuna sólo un 20% ha recibido su pago. Así lo manifestó el integrante del Sindicato de la Alcaldía de Soyapango, SITRASOYA, Edgar Funes.

La captura de la alcaldesa Nercy Montano no solucionó la problemática económica de la comuna, porque en lugar de cumplir con el pago a los trabajadores y proveedores, ahora deben estar bajo las amenazas de despido y arresto a los empleados que exigen sus salarios.

Funes dice que esperan que se pague a la totalidad de trabajadores los salarios y demás prestaciones que les deben desde el año pasado y que, al mismo tiempo, se preparen para cumplir con el pago de este mes.

El gremio docente rechazó esta política del Gobierno y dijo que en el departamento de Sonsonate han sido registrados más de 50 despidos de maestros. 

Villegas dijo que la decisión no es acorde a lo estipulado en la Ley de la Carrera Docente y la Ley General de Educación.

Jorge Villegas, secretario general de Bases Magisteriales, denunció despidos de maestros hora clase, quienes no serán  contratados por el Ministerio de Educación debido a la falta de presupuesto.

Asimismo, Bases Magisteriales dijo que los docentes que trabajan dobles jornadas (mañana y tarde) de no lograr tener secciones con 28 alumnos se fusionaran las jornadas y no se les pagarán el monto adicional al salario. 

Villegas dijo que la decisión que ha tomado el Ministerio de Educación afecta no solo a los docentes que quedarán sin empleo -hora clase- , y  otros a quienes se les reducirá su ingreso, sino que también los alumnos  estarán bajo hacinamiento en los salones de clase, afectando la calidad educativa.

Los agentes supernumerarios siempre han sufrido discrimación laboral, señala Pastor Ponce, quien también fue despedido. Aunque el convenio establece pago de viáticos, becas y alimentación, entre otras prestaciones, nunca las recibieron. Durante los 16 años que duró el convenio tampoco gozaron del pago de vacaciones establecido en la ley.

Para Ponce, la exigencia radica en el pago que por ley les corresponde, es todo lo que piden.

Unos 300 supernumerarios de la Policía Nacional Civil se quedaron sin empleo este año, a partir de la cancelación del convenio entre la Policía Nacional Civil y la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, UTE.

Los agentes supernumerarios tenían la función de cuidar a víctimas y testigos. Algunos llevaban 15 años en esa función, como Luis Ramos, a quien en diciembre del año pasado le notificaron que su contrato no sería renovado y debía firmar un documento donde quitaba toda responsabilidad al director de la PNC.

Luis no está en contra de la supresión de su plaza, sólo exige que se le pague la indemnización a la que tiene derecho, tal como lo reconoce la misma policía en un documento al que Luis dio lectura durante la entrevista de YSUCA.

Cristosal señala que al permitir que la Administración Pública sea la autoridad que hace adquisiciones y contrataciones, por medio de una normativa específica emitida por la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, UNAC, del Ministerio de Hacienda, se incumplen las convenciones contra la corrupción ratificadas por El Salvador. Además, al incumplir las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención Interamericana contra la Corrupción se viola el artículo 144 de la Constitución de la República.

La jefa jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal manifiesta que en la actual gestión legislativa se han emitido más leyes que cierran la transparencia sobre el uso de fondos públicos.

Las leyes favorecen la corrupción al eliminar el requerimiento constitucional de garantizar la competencia, libre concurrencia y transparencia, a esto se suma la violación a tratados internacionales y facultan al Órgano Ejecutivo de funciones legislativas, manifestó Ruth López, jefa jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal.

Las inconstitucionalidades presentadas ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia son contra la Ley de Régimen Especial para la Simplificación de Trámites y Actos Administrativos relativos al Tren del Pacífico; Ley para la Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico y la Ley para la Construcción de Centros Penales.

López dice que las mencionadas leyes favorecen la corrupción en El Salvador y dan la facultad que no le corresponde a la Presidencia de la República sobre el manejo de fondos públicos.

A juicio de Lili Alvarenga, también de la comunidad Santa Marta, los arrestos se han realizado contra personas organizadas, Sin embargo, no hay detenciones en casos de crímenes de guerra ejecutados por elementos de la Fuerza Armada, denunciados por la misma comunidad.

A juicio de Lili Alvarenga, también de la comunidad Santa Marta, los arrestos se han realizado contra personas organizadas, Sin embargo, no hay detenciones en casos de crímenes de guerra ejecutados por elementos de la Fuerza Armada, denunciados por la misma comunidad.