Los trabajadores piden al Gobierno ser trasladados al Instituto Administrador de Beneficios a los Veteranos, institución creada en 2019.

Marcia Henríquez, representante del Sindicato de FOPROLYD, manifestó que buena parte de los trabajadores ahora no tienen cómo llevar el sustento a sus hogares.

Más de 100 empleados del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados, FOPROLYD, continúan esperando una respuesta por parte del Gobierno, después de disolver la institución y fusionarla con el Instituto Administrador de Beneficios a los Veteranos, INABVE.

Una de las trabajadoras afectadas lamenta la disolución de la institución, pues durante 18 años laboró y cuestiona que el Gobierno abandonó a los trabajadores que llevan años laborando para FOPROLYD, y se han especializado en sus funciones.

De acuerdo con Rivas, la comunidad desconocía que se estuviera llevando un proceso en contra de las personas capturadas. Las autoridades dijeron que estos hechos no correspondían al régimen de excepción.

En horas de la madrugada del miércoles 11 de enero, efectivos de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil ejecutaron la orden de captura en contra de 5 líderes comunitarios de Santa Marta, en Cabañas, entre ellos el director y jurídico de la Asociación de Desarrollo Económico Social, ADES.

Las personas detenidas son Migel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas Laínez, 3 veteranos que se encontraban en sus respectivas viviendas en Santa Marta. Además, se efectuó la captura, en las instalaciones de ADES, de Teodoro Antonio Pacheco, director de la asociación y Saúl Agustín Rivas Ortega, apoderado legal.

Al respecto, Leonel Rivas, vocero de ADES, dijo que les parece indignante que después de años de pedir  por justicia ante los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la comunidad, el primer caso sea en contra de pobladores de Santa Marta.

Teresa Hernández, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, recordó que existen derechos sindicales que están siendo irrespetados y se está criminalizando al trabajador.

Entre los capturados está el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango, SITRASOYA, Ovidio Hernández y los sindicalistas Ana Argentina Ramos de Joma y Edwin Boanerges Lovo García.

La mesa lamenta que los derechos de los trabajadores están siendo vulnerados y califica de injusto que se capturen por pedir que se haga justicia.

La Mesa Permanente por la Justicia Laboral denunció la detención de tres miembros del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango, Sitrasoya, quienes fueron detenidos por agentes policiales la noche del martes y la mañana de este miércoles, en medio de las protestas para exigir el pago de sus salarios y prestaciones laborales.

Los trabajadores desde el año pasado vienen denunciando el impago de sus salarios y aguinaldo, que la actual administración  municipal de Soyapango, en funciones, se comprometió a pagar lo adeudado. Hasta la fecha, no lo ha hecho.

De acuerdo con Opher Soriano, integrante de la mesa, es lamentable que las autoridades policiales capturaron a los trabajadores municipales por exigir el pago de sus salarios, cuando la mala administración municipal es responsable de la grave crisis municipal.

Para Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la Policía, la ausencia de recursos incrementa el estrés en los agentes policiales.  Según Reyes, hasta hay algunos casos de suicidio.

Entre las dificultades que ha enfrentado la corporación están los más de dos mil despidos durante el 2022.

Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la Policía, manifiesta que elementos de la corporación policial están en una situación limitada de recursos. Aseguró que algunos de ellos se reúnen para colectar dinero e incluso realizan las medidas de reparación de patrullas, situación que no les compete debido a que existe un taller institucional que debe reparar las unidades.

Según el representante del Movimiento de los Trabajadores de la Policía, los agentes se ven obligados a comprar tinta para imprimir documentos. Incluso, algunos puestos policiales han debido comprar la máquina impresora, agrega Reyes.

La falta de salarios causa problemas a las familias, a tal punto que no pueden pagar servicios básicos, alquileres de casas y hay dificultades para adquirir la canasta básica, asegura el sindicalista.