Las personas detenidas son acusadas de un homicidio ocurrido durante la guerra civil y de asociaciones ilícitas. Los representantes de la Comunidad de Santa Marta cuestionan este último delito, ya que a su juicio está relacionado al régimen de excepción.

Alfredo Leiva, representante de la comunidad Santa Marta, manifiesta que no hay pruebas sobre el asesinato de la víctima, ya que los representantes de la Fiscalía General de la República les preguntaron sobre ese tema antes de las capturas.

Familiares y representantes de la comunidad Santa Marta del departamento de Cabañas se pronunciaron por el arresto de 5 líderes comunitarios.

Elementos de la Policía Nacional Civil procedieron al arresto de Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas, quienes son excombatientes de la guerra civil salvadoreña. Además, de forma paralela, en el municipio de Guacotecti, del mismo departamento fueron detenidos Teodoro Antonio Pacheco, director ejecutivo de la Asociación de Desarrollo Económico Social, ADES y Saúl Agustín Rivas, asesor jurídico de esa asociación.

Un familiar de uno de los líderes comunitarios detenidos pidió a la Fiscalía General de la República que el juicio se realice mediante un debido proceso.

Despedidos junto el Movimiento de los Trabajadores de la Policía se concentraron frente a las instalaciones de la UTE manifestando que su pronunciamiento es de forma pacífica, sin obstruir el tráfico vehicular ni bloquear el acceso a las instalaciones y fue con el objetivo de exigir el cumplimiento de sus derechos.

Una de las personas despedidas de la División de Protección a Víctimas y Testigos, que acudió a la concentración, dice que su familia ha recibido un impacto económico, no puede pagar los gastos de la casa, las deudas y no podrá invertir en la educación de su hija.

Personal despedido de la División de Protección a Víctimas y Testigos llegó a la Unidad Técnica Ejecutiva del sector justicia (UTE) a entregar un documento dirigido a la directora de esta instancia y solicitar la indemnización para 300 elementos que fueron despedidos en diciembre del año recién pasado.

Marvin Reyes, del Movimiento de los Trabajadores de la Policía, manifiesta que a los empleados supernumerarios de la División de Protección a Víctimas y Testigos no les renovaron su contrato para el 2023 y quedaron sin trabajo. Ahora demandan la indemnización, la reasignación de elementos hacia otras dependencias de la policía y una pensión mensual para quienes enfrentan una enfermedad crónica.

Para la catedrática de la UCA es importante dejar de seguir el guion de llamar opositores a quienes piensan diferente. Esa distinción entre buenos y malos fue lo que llevó al conflicto armado.

Hay que cuidar las palabras que se usan para referirse a quienes no están de acuerdo en algunos temas, recomienda la comunicadora y catedrática.

No hay duda de que los mensajes que lanza el Gobierno son exitosos, porque están diseñados para generar reacciones en la población. Dichos mensajes apelan a las decepciones y emociones y fomentan la polarización, reflexiona Ivón Rivera, catedrática  del Dpto. de Comunicaciones de la UCA.

Las estrategias de comunicación están caracterizadas por historias y narrativas del bueno y el malo. Por ello es importante analizar qué hay debajo de esos mensajes que son transmitidos por redes sociales y medios de comunicación  tradicionales, agrega la catedrática.

“No cualquier cosa es información. Informarse no implica que nos guste o no un medio, si no contrastar”, detalló Rivera.

Para una de las lideresas de la comunidad el arresto es indignante, ya que la Fiscalía no ha actuado en los casos de las masacres cometidas que afectaron a la comunidad de Santa Marta, pero actúa a partir de una denuncia que nadie conoce.

Considera que es un atentado político que afecta a la asociación y a la comunidad y, es además, una amenaza para el resto de líderes comunitarios

La Fiscalía había abierto expedientes por las masacres ocurridas en Santa Marta y llegaban regularmente a la zona a realizar indagaciones. La comunidad creía que estaban investigando los casos de las masacres, pero en ese tema no hay avances. Para uno de los integrantes de ADES, este es un caso exprés, sin fundamento.

Aproximadamente a las 1:30 de la madrugada del miércoles 11 de enero, unos 40 agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales allanaron las viviendas de 5 líderes comunales de Santa Marta, Cabañas. 

Esa madrugada arrestaron al apoderado legal de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social, ADES, Saúll Rivas y al director ejecutivo, Antonio Pacheco. En total arrestaron a 5 integrantes de la comunidad. Uno más fue arrestado en otra zona del país. 

La Fiscalía los acusa de haber cometido un homicidio, cuando los arrestados eran parte de la guerrilla. Sin embargo, las acusaciones les parecen indignantes, ya que la comunidad de Santa Marta lleva más de 30 años pidiendo justicia por las masacres cometidas a manos de militares en la comunidad  y  no se ha judicializado ni un sólo caso. Todo lo contrario, el caso que ahora se presenta es contra el liderazgo de la comunidad.

El  vigilante de ADES narró la forma en que unos 15 agentes de la policía llegaron a las instalaciones.

Luego de conocerse la captura de 6 personas de la comunidad Santa Marta, en el municipio de Guacotecti, en el departamento de Cabañas, Ariela González, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, dijo que esperan que se respete el debido proceso y se aclaren los hechos. 

Al mismo tiempo cuestionó las investigaciones fiscales, pues en Santa Marta durante el pasado conflicto armado, se registraron masacres contra civiles, en manos de militares, casos  a los que la Fiscalía General de la República, FGR, no le ha dado seguimiento, pese a existir información robusta para conocer los casos.