Durante los primeros nueve meses de implementado el régimen de excepción, han sido arrestadas miles de personas a quienes no se les ha comprobado delito alguno. Ya dentro de las cárceles, han sufrido abusos, acoso, amenazas y hasta lesiones. Así lo revelan las 4,071 denuncias recibidas por la organización Cristosal junto a otras asociaciones de derechos humanos, entre marzo y septiembre de 2022.
Bajo el régimen de excepción se han capturado unas 61,300 personas, de las cuales unas 3,000 fueron puestas en libertad porque no se les pudo comprobar delito alguno, según manifestó recientemente el ministro de justicia y seguridad pública, Gustavo Villatoro en un programa televisivo.
Las organizaciones de derechos humanos señalan que las medidas de seguridad pública que se aplican en El Salvador se han convertido en una política estatal permanente y expone a la población a procesos judiciales sin la garantía del debido proceso.
La Iglesia Luterana Salvadoreña acompaña, desde el año pasado, a familiares de personas arrestadas arbitrariamente para solicitar a las autoridades correspondientes que hagan las investigaciones para comprobar que los arrestados no han cometido delitos ni pertenecen a pandillas. Además, representantes de las familias de los detenidos denuncian junto a los luteranos que carecen de información sobre las condiciones de salud de sus parientes detenidos.
El pastor luterano, Rafael Mejía, manifiesta que conocen casos en diferentes comunidades que se han detenido personas de forma arbitraria y sin prueba alguna, situación que deja en dificultades a los familiares de estas porque en muchos casos, el detenido, era el único que trabajaba en el hogar y deja a sus hijos e hijas sin los recursos básicos. Ante esto, pide acelerar las investigaciones y poner en libertad a quienes no deben nada.