Integrantes de la Federación aseguran que la falta de recursos para pago de trabajadores es ocasionada por el gran número de contrataciones de personas afines al partido en el gobierno en cargos innecesarios, gastos exorbitantes en fiestas patronales y publicidad.

Escobar dice que además de los retrasos en los pagos de salarios, no se paga lo correspondiente al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y las AFP y realizan retenciones ilegales en algunos casos de cuotas sindicales.

El representante de la Federación también dice que hay amenazas contra dirigentes sindicales de la Alcaldía de Soyapango.

Trabajadoras y trabajadores municipales de diferentes alcaldías gobernadas por el partido oficialista sufren incumplimiento en el pago de sus salarios que por ley les corresponde.  A esta situación  se suman graves violaciones a sus derechos, según manifiesta Alexander Escobar, integrante de la Federación Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS).

Algunas de las alcaldías que han hecho públicas estas problemáticas son Santiago de María, Usulután y Soyapango.

El infectólogo Jorge Panameño manifiesta que en la actualidad en El Salvador se habla de refuerzos en las vacunas pero en realidad hay gente que ni siquiera se ha puesto la primera dosis.

El especialista manifiesta que hay riesgos por la llegada de variantes de COVID-19 al país, se han registrado 6 olas de contagios y en la actualidad hay calma, pero hace énfasis en que en la actualidad la principal medida de prevención es el uso de vacunas actualizadas.

Panameño recomienda la vacuna Novavax por su eficacia contra la enfermedad leve y grave.

La gravedad de la pandemia COVID-19 ya no se mide por el número de casos, sino por el número de personas que son hospitalizadas o fallecen a causa del virus. Estos son los criterios, a tres años de la pandemia, según manifiesta el infectólogo Jorge Panameño.

En la actualidad, el virus tiene mutaciones y hay circulación activa de este, desde países como China y Estados Unidos, en este último hay variantes y tiene contacto con El Salvador.

Ante esto, el especialista manifiesta que las variantes deben tomarse en cuenta porque el país está expuesto a que ingresen.

La integrante del sindicato de FOPROLYD dice que les han advertido que pondrán en su contra a los beneficiarios, pero asegura que las medidas que ha tomado el sindicato son a favor de la clase trabajadora.

Sonia Gómez, integrante del sindicato y trabajadora, manifiesta que sufren la advertencia de no ser contratados por la fusión de FOPROLYD con el  Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Ex Combatientes, INABVE.

Empleados y empleadas esperan la notificación para saber si continuarán o no con sus labores. Hasta el momento, no hay información certera, todo es un caos y total incertidumbre.

No hay duda que como trabajadores nos vamos a ver seriamente afectados ante un despido, dice Marcia Henríquez, psicóloga del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, FOPROLYD.

Henríquez, junto a otros trabajadores, se pronunció frente a las instalaciones de FOPROLYD donde cuestionó las medidas antisindicales que implementa el actual gobierno.

El proyecto Valle El Ángel traerá un falso desarrollo al país, ya que las viviendas que ahí se proyecta construir no estarán al servicio de las grandes mayorías. Este proyecto arrebata el agua a los salvadoreños, por eso que en muchas zonas como Soyapango, Ayutuxtepeque, Mejicanos, San Marcos e Ilopango, entre otros sectores, el agua está ausente, enfatizó la abogada Dalia González de ReverdEs e integrante del Colectivo Salvemos Valle El Ángel.

Las grandes constructoras pertenecientes a las familias Poma, Dueñas, Salazar Romero y el grupo Brico, han salido beneficiadas por el Estado ya que les ha entregado para su servicio 30 millones de litros cúbicos de agua diaria, subrayó la abogada González.

Valle El Ángel es el nombre de un mega-proyecto urbanístico, en construcción, ubicado en la zona norte de San Salvador, a cargo de la constructora Urbánica, propiedad de la familia Dueñas.

Defensores del medio ambiente denuncian que, de consumarse dicho proyecto, se estaría afectando una importante zona de recarga acuífera, el nacimiento de agua del río Chacalapa, que abastece a 60 mil personas de diferentes comunidades de Apopa y municipios aledaños, así como graves daños al ecosistema y vida silvestre de la zona.

Para el abogado Alejandro Henríquez, de la agrupación  ReverdEs e integrante del Colectivo Salvemos Valle El Ángel, este proyecto se construye con modificación de leyes y ordenanzas municipales, de manera fraudulenta. Es dañino que se vea los suelos salvadoreños como mercancía y no como un bien común, dijo Henríquez.

Según el abogado, las leyes han servido para legalizar un acto injusto.

Es lamentable que este gobierno solo vea números y no personas cuando se vulneran derechos, dice la directora del Idhuca.

Santos dijo que los defensores de derechos humanos no defienden pandilleros ni delincuentes. Agregó que el Estado no puede garantizar la seguridad pública desmejorando los derechos humanos.