Adriana Ramírez, del “Movimiento Reverdes”, dice que las construcciones siguen y las autoridades correspondientes abren las puertas al sector privado para que puedan construir residenciales de lujo; ante esto, la lectura para el presente año es que las amenazas al ambiente seguirán en el territorio de Valle El Ángel.

Ramírez señala que los daños al medio ambiente del área se agravarán a nombre del llamado “desarrollo”, a pesar de los daños a los mantos acuíferos.

Diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron, al menos, cuatro demandas de amparo en contra del Proyecto Ciudad Valle El Ángel, ante la Corte Suprema de Justicia, pero siguen esperando respuesta.

Santiago Rodríguez, integrante del Colectivo Salvemos Valle El Ángel, dice que desde hace varios años vigilan, como organización, el territorio de recarga acuífera en la zona del volcán de San Salvador en los municipios de Mejicanos, Apopa, Nejapa, Quezaltepeque y Opico.

Sin embargo, los proyectos siguen bajo una estrategia de expansión y apropiándose de bienes naturales y de los mantos acuíferos que abastecen al Área Metropolitana de San Salvador.

Un enorme tramo sin árboles, una retroexcavadora sacando tierra, una imponente iglesia casi terminada y gente trabajando en los alrededores, así luce Valle El Ángel. Un proyecto urbanístico que sigue en marcha, a pesar del rechazo de la gente y organizaciones que protegen los mantos acuíferos de la zona.

Los ambientalistas señalan que el mencionado proyecto amenaza los mantos acuíferos en la zona, lo que estaría llevando a perder la disponibilidad de agua potable para 21 comunidades del municipio de Apopa y para el Área Metropolitana de San Salvador.

Pero, ¿Qué causará los daños a los mantos acuíferos? Los ecologistas responden que al urbanizar un territorio se disminuye la infiltración de aguas lluvias, esto reduce la renovación del manto acuífero  y minimiza la disponibilidad de agua.

El presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro, explica que por un lado está proteger los mantos acuíferos del lugar y por otro mantener el beneficio de los sectores que se dedican a la construcción y no importa si dañan al ecosistema, pero en el caso de este proyecto, la respuesta está clara y lo que prevalece son los intereses económicos.

Por segundo día consecutivo, los trabajadores del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, FOPROLYD, se encontraron con las puertas cerradas.

Según explicó Marcia Henríquez, psicóloga del fondo de lisiados, ellos cuentan con un documento donde se les garantiza su trabajo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2023.

El problema de FOPROLYD es que la junta directiva aún no tiene claro cómo será el proceso de transición, luego que los diputados decidieron disolver esta instancia y trasladar todas sus funciones al Instituto de Veteranos.

Marcia Henríquez dijo a YSUCA que en este segundo día  han llegado a las instalaciones muchos beneficiarios, sin embargo no han podido ser atendidos.

El Movimiento de los Trabajadores de la Policía Nacional Civil se concentró este miércoles en la Plaza Divino Salvador del Mundo, junto con el personal supernumerario despedido de la PNC,  para exigir el pago de la indemnización por los 16 años prestados a la División de Protección a Víctimas y Testigos de la PNC. 

Marvin Reyes del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil señaló que el director de la PNC ha despedido a unos 300 agentes supernumerarios encargados de la protección a víctimas de testigos.

Quinteros dijo que son alrededor de 28 alcaldías las que han tenido problemas para cumplir sus obligaciones con los trabajadores.

Asimismo hay despidos al interior del Órgano Judicial, magistrados y jueces han sido cesados de sus cargos. Al menos unos 40 fueron notificados el pasado 23 de diciembre, precisó Quinteros.

Stanley Quinteros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz y secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Corte Suprema de Justicia, manifestó que el 2022 dejó una serie de vulneraciones a los derechos laborales de los trabajadores salvadoreños.

Quinteros dijo que a los trabajadores de las Alcaldías de Soyapango, San Antonio del Monte y Zacatecoluca, entre otras comunas, se les ha negado sus prestaciones laborales y salarios.

De las personas vulneradas, 249 padecen de enfermedades crónicas y 53 cuentan con algún tipo de discapacidad. 

La mayoría de denuncias son por detenciones arbitrarias. El registro de la organización señala en un 75% a los cuerpos de seguridad de la Policía Nacional Civil, PNC, como principales victimarios. 

A pesar de nueve prórrogas del régimen de excepción, la institución registra que el principal motivo de desplazamiento interno forzado siguen siendo las pandillas.

Entre el 27 de marzo y el 31 de diciembre de 2022, Cristosal registró 3,211 personas que fueron víctimas de detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y malos tratos durante el régimen de excepción.

Entre las características de las personas que han sido víctimas de agresiones, el 59% son jóvenes entre 18 y 30 años, seguido por un 24% de adultos entre los 31 y 41 años. 

Quienes realizan las denuncias son en su mayoría mujeres, que también han sufrido amenazas de detención y acoso policial. Rina Montti, directora de Investigación de Cristosal, dice que esto sucede cuando se solicita información sobre la persona detenida.

Para Alejandro Labrador, de la UNES, el Gobierno actual está privilegiando el enfoque economicista o la generación de proyectos que generan lucro para sectores privados, más que la garantía de los derechos ambientales y culturales de las poblaciones tradicionalmente marginadas.

Según Labrador, el Estado salvadoreño no ve este tema como prioritario.