A estos problemas se suman las malas condiciones laborales del personal de salud, bajos salarios e incumplimientos en materia laboral, dice la representante sindical.

Según Navarrete, los empleados del sector salud están vigilantes de la aprobación del presupuesto 2023, ya que el escalafón no está reflejado. Sin embargo hay una promesa pública de parte del ministro de Salud y los diputados.  De no cumplir el pago del escalafón el sector podría ejercer alguna medida de presión.

Hay algunos avances, dice Navarrete, aunque de manera cosmética, sin embargo, hace énfasis en que los problemas en el sistema de salud son graves y no se corrigen de la noche a la mañana. 

Hay centros de salud, como el Hospital Rosales, que sigue en el abandono y la infraestructura está muy deteriorada, dice Navarrete. 

Con respecto al desabastecimiento de medicamentos, afirmó que no existe el 100% de abastecimiento como señala la publicidad gubernamental. Dijo que hay dificultades a nivel nacional.

El sistema de salud pública cierra el año con muchas dificultades, señaló Silvia Navarrete, representante del Sindicato de Trabajadores de la Salud, SITRASALUD.

Entre las dificultades, señala la carga laboral de los trabajadores del área de salud y centros de salud con falta de médicos especialistas, lo que se traduce en citas médicas tardías. 

Los ingresos en los hospitales no se realizan rápido, debido a la  falta de camas o personal para dar atención. Según Navarrete, estos problemas no son nuevos, sin embargo no existen planes para resolverlos.

Por su parte, Ricardo Navarro, presidente del Centro de Tecnología Apropiada, CESTA, aseveró que el problema de la contaminación no se ha resuelto, por ello, afirma que no se están resolviendo las causas estructurales.

Asimismo, MOVIAC brindó un balance ambiental 2022 en el que destacó la ausencia de una política pública que resuelva las vulnerabilidades que azotan a buena parte de las poblaciones de El Salvador, sobre todo a las comunidades más susceptibles al cambio climático y a los efectos de las inundaciones.

Guevara, dijo que el Gobierno y las instituciones deben poner más atención y  resolver las vulnerabilidades en las comunidades.

José Santos Guevara, coordinador del  Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC), recordó que el 21 de diciembre se cumplió un año de la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos.

Según Guevara, después de la aprobación no se ha visto ningún beneficio para las comunidades, ni el rumbo que lleva la institución en torno al tema del agua.

Adela Bonilla, integrante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, acompañó al líder indígena para que entregara la carta dirigida a la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y manifestó que las capturas de inocentes deben ser atendidas.

El líder indígena de Nahuizalco dice que a más de un mes de realizadas las capturas, se desconoce el estado de salud de los detenidos y no se les permite defensa privada para demostrar su inocencia.

Ante estas detenciones asegura que la familia de los arrestados tiene dificultades económicas y emocionales.

Morales dice que su hijo padece de discapacidad mental.

El líder indígena, Silverio Morales, llegó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a dejar una carta a la procuradora Raquel Caballero, para solicitar su intervención  en el caso de la captura de un hijo y 2 primos de éste, el 11 de noviembre del presente año.

Silvio Morales realizó un ritual indígena y manifestó que su hijo Levi César Morales, de 21 años de edad, fue arrestado en el marco del régimen de excepción en el cantón El Cerrito, de Nahuizalco, Sonsonate. Además, fueron detenidos otros familiares, Samuel y Ramiro Morales, de 41 y 30 años respectivamente.

El líder indígena aseguró que las personas detenidas son de origen indígena y se dedican a la agricultura.

Los principales agresores contra la prensa han sido los funcionarios de Gobierno (24 casos), desconocidos (20), PNC y FAES (19), usuarios en redes sociales (12) e instituciones públicas (11).

También la APES cuestionó el papel de las fuerzas de Seguridad Pública, que han restringido la labor periodística reteniendo arbitrariamente a periodistas y obligándolos a borrar tomas fotográficas.

También se crearon reformas al Código Procesal Penal y a la Ley de Proscripción de Maras y Pandillas,  reformas a la Ley de Telecomunicaciones y reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, que abren la posibilidad de cometer arbitrariedades contra periodistas y que criminalizan la labor de la prensa.

Angélica Cárcamo, presidenta de la APES, dijo que el panorama para la prensa en el 2023 es oscuro.