Carlos Ernesto Santos, de 22 años, desapareció el 1 de enero de 2022 en los alrededores de la colonia Monserrat, en San Salvador. Eneida Abarca, madre de Carlos, lleva 357 días buscando a su hijo. Las autoridades policiales no han podido dar con el paradero del joven. La familia de Carlos se ha dedicado a su búsqueda.

Eneida lamentó, en el programa de Radio YSUCA “Retrospectiva 2022”, que las instituciones encargadas de investigar hasta la fecha no le han dado debido seguimiento a su caso y al de cientos de madres que con “dolor y sufrimiento”, se han visto obligadas a salir a las calles, arriesgándose durante el día y la noche, buscando a sus hijos. Ahora lo hacen aglutinadas en el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Belloso manifiesta que los gastos en bienes y servicios públicos, este año, se duplicaron con respecto a lo aprobado el año anterior. Pero además, se han aprobado millones de dólares adicionales para cubrir la brecha presupuestaria. Es por eso que recomienda estar pendiente de la ejecución de los proyectos prometidos para el próximo año.

La diputada del FMLN, Anabel Belloso, considera que hay que estar vigilantes de la ejecución del Presupuesto General del Estado 2023, porque al revisar el presupuesto 2022 hay proyectos que a la fecha no se han realizado y no hubo transparencia en la ejecución de los fondos públicos.

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, la noche del jueves, el presupuesto 2023, la Ley de Presupuestos Especiales y la Ley General de Salarios. El presupuesto para el próximo año asciende a $8,902.7 millones, $935 millones más que el presupuesto actual.

En la discusión de la sesión plenaria la diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz manifestó que la Asamblea Legislativa no controla el gasto de los fondos del presupuesto durante el año y los cambios que se hacen en el mismo se aprueban rápidamente. A su juicio el presupuesto es una promesa que se puede romper.

La legisladora manifestó que durante este año se gastó $1,795 millones más de lo presupuestado el año pasado, por lo que es muy probable que la situación se repita.

Ortiz aseguró que el presupuesto para el próximo año no está completo y hay menos fondos, por ejemplo, para el subsidio del gas licuado.

El capítulo de la ley que aún no entra en vigencia es de suma importancia, dice el abogado, porque mediante sanciones se busca fortalecer la cultura y educación de la población para que atiendan de manera integral las condiciones de las personas con discapacidad.

La Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad  fue aprobada en julio de 2020 y entró en vigor en enero de 2021, no así  el capítulo 18 de ley, relativo al tribunal sancionador, infracciones, sanciones y procedimientos. Ese capítulo entraría en vigencia hasta un año después, es decir en enero de 2022. 

Pero en diciembre de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó una prórroga de seis meses para que este capítulo se aplicará hasta el 01 de julio de 2022. Otra nueva prórroga de seis meses se aprobó a finales de junio de este año. El capítulo debía aplicarse hasta enero de 2023.

Nuevamente, el martes 20 de diciembre los diputados aprueban otra prórroga y el capítulo entrará en vigencia hasta junio del próximo año. 

Para el abogado Saúl Baños, dos años y medio después de entrar en vigencia, en la ley no se percibe voluntad política para aprobar lo relativo al tribunal sancionador, las infracciones, las sanciones y los procedimientos. Opina que es una buena ley, pero que no se puede aplicar.

También Anaya dijo que el Gobierno seguirá utilizando los fondos de los cotizantes para pagar las pensiones de los beneficiarios del ISSS, INPEP y veteranos de guerra. El abogado  señala, además, que por hacer uso de esos fondos el Gobierno seguirá pagando intereses con dinero de los cotizantes.

Actualmente, se impone un techo de 30% a las AFP para invertir en los Certificados de Inversión Previsional (CIP); sin embargo, la reforma elimina este límite y autoriza a que el Gobierno emita los nuevos Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), sin ningún límite.

Asimismo, Anaya dijo que de hacerse efectivo ese incremento de la pensión a $400, como  lo afirman los funcionarios, El Salvador sería el primer país con la pensión más alta que el salario mínimo.

A criterio del abogado constitucionalista, Enrique Anaya, las recientes reformas al Sistema de Pensiones, aprobadas por los diputados de la Asamblea Legislativa, contienen irregularidades y dudas, pues no se presentaron los estudios técnicos que justifiquen los cambios y  que se supone mejorarán las condiciones de los pensionados y trabajadores. 

Anaya opina que para que las reformas sean integrales, los legisladores debieron tomar en cuenta cuatro puntos: cobertura, suficiencia de los beneficios o prestaciones, sostenibilidad financiera y equidad. Pero todo lo contrario, no se discutieron estos puntos

El abogado señala que los diputados nunca presentaron estudios que aseguren que las actuales reformas garantizarán pensiones dignas para los salvadoreños.

La nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones, que sustituye a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, SAP, aumenta el 30% el monto de todas las pensiones por vejez.

Pese a que se habla de bondades, las mujeres y el sector informal llevan las de perder, dijo el economista Carlos Acevedo.