La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, llegó a la conmemoración de la masacre El Mozote y sitios aledaños donde reconoció que el caso judicial ha avanzado pero hace falta más y aseguró que esto lo dirá al Fiscal General de la República.

elementos procesales para que el caso pase a la siguiente fase.

Además, manifiesta que el clamor de las víctimas y comunidades es el clamor de la humanidad frente a este crimen de trascendencia internacional.

Especificó que los familiares de las víctimas y  víctimas sobrevivientes, junto a organizaciones que las representan, continuarán impulsando los esfuerzos y acciones concretas, a nivel del proceso judicial, en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán y el proceso internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se avance en las siguientes etapas de juicio penal.

José Cruz Vigil, vicepresidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, pidió que no se olvide este crimen y se haga justicia.

El aniversario número 41 de la masacre de El Mozote y sitios aledaños se conmemoró con una caminata, actividad cultural y ponencias. El evento se realizó en la calle de El Mozote, en Morazán, con la participación de personas del lugar y de diferentes zonas del país.

En una de las exposiciones, Antonio Aguilar, abogado de la organización de derechos humanos Cristosal, recordó el cambio de juez en el caso El Mozote, juez que estuvo unos 5 años en el proceso judicial.

Tras la separación del juez, Aguilar asegura que en la actualidad hay dilatación en la búsqueda de justicia.

El representante del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, (MOVIR), Samuel Ramírez, manifiesta que constantemente asisten a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos familiares de  personas capturadas arbitrariamente.

Llegan también por personas detenidas que padecen enfermedades terminales o crónicas.

Además, Ramírez espera que la procuradora haga las visitas a los Centros Penales, tal como lo prometió.

Esto lo dijo la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos en la conmemoración de los 41 años de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, en Morazán, evento en el que se le acercaron familiares de personas arrestadas de manera arbitraria, según sus familiares quienes solicitaron personalmente ayuda a la Raquel Caballero.

La procuradora les respondió diciendo que la procuradora adjunta de seguridad pública, que la acompañaba, tomaría los casos denunciados para proceder a las acciones que les corresponden.

Una de las denunciantes, de San Isidro Morazán, aseguró que su hijo trabajaba y no tenía ningún vínculo con pandillas, por lo que pidió la libertad.

274 expedientes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recogen más de 4,000 casos de denuncias de personas capturadas de manera arbitraria, según los familiares. Así lo dijo la procuradora para la defensa de los derechos humanos, Raquel Caballero.

Caballero dijo que a finales de la semana pasada se reunió con el director general de la Policía Nacional Civil y adelantó que establecerán una mesa técnica interinstitucional in situ.

La procuradora dice que esta semana se reunirá con el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro y el director general de Centros Penales para verificar la situación en los reclusorios, junto a un representante de Centroamérica de las Naciones Unidas.

El proyecto que el gobierno vende como desarrollo, en realidad dejará sin árboles y sin agua a muchos campesinos.

El Tren del Pacífico recorrerá unos 600 kilómetros de línea férrea. Se tiene previsto que la primera fase se construya en el occidente del país, atravesando el litoral salvadoreño. El proyecto afectará a unas 70 mil familias que podrían ser desalojadas y deberán desplazarse a otras zonas. Aún no se sabe cuál será el proceso de desalojo y qué alternativas les dará a las familias. El gobierno no lo ha informado, esa no es la prioridad; sin embargo, se ha preocupado por aprobar leyes para expropiar terrenos y eliminar las barreras para la construcción de los proyectos, iniciativas que los afectados rechazan.

Los habitantes de la finca no tienen alternativas de vivienda. Una situación contraria a lo prometido por el gobierno, de ofrecer a los salvadoreños condiciones dignas.

La disputa por la isla, genera incertidumbre para sus habitantes, ya que no es la primera vez que les destruyen los cercos y dañan sus viviendas. Ahora, la situación es más grave, han quemado sus cultivos de marañón y destruido la producción de tilapia de algunos campesinos.