La Ley de Recursos Hídricos que entró en vigencia el presente año parece buena pero tiene elementos que necesitan revisarse dice el integrante del Foro del Agua, Carlos Flores.

Par esta organización es importante avanzar en hacer una buena implementación de esta Ley y consiste en montar una buena institución que tenga recursos, que sea fuerte, que tenga capacidad técnica, capacidad punitiva para la regulación de la gestión del agua.

A juicio de Flores el actual presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) realiza más propaganda que acciones concretas para solucionar el problema del agua.

A este tema se suma la inexistente defensa de los derechos humanos que por ley debe realizar la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, dice Oliva.

Por otra parte el rector de la UCA lamenta que la Inspectoría de la Policía Nacional Civil no esté trabajando para sancionar los abusos policiales, además, señala al Órgano Judicial de ser condescendiente con el Ejecutivo y vulnerar el debido proceso.

Por el lado de lo social, está el reciente anunció de la reforma al Sistema de Pensiones, el cual no vendrá  a cambiar nada de manera sustancial, señala el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano.

Serrano dijo que existe un despertar de algunas organizaciones sociales que poco a poco van unificándose, para hacer oír su voz debido al alza de violaciones a derechos humanos.

El padre Andreu Oliva dijo que las violaciones a los derechos humanos según informes de Human Rights Watch y Cristosal están incentivadas por altos funcionarios del Gobierno.

En el programa Retrospectiva, de Radio YSUCA, se analizó el ámbito político y social de este 2022. Lamentablemente, el año que finaliza estuvo lleno de violaciones a los derechos humanos.

Según el rector de la UCA, Andreu Oliva, el último fin de semana de marzo marcó un hito en el país, ya que fue el escenario para que posteriormente se instaurara un régimen de excepción, luego de una serie de asesinatos que hasta la fecha siguen sin resolverse.

La reelección presidencial también fue un anuncio que ha marcado la vida política del país y, junto a esto, la habilitación del voto desde el exterior que debido a algunos componentes especiales, no será muy positiva, dijo el rector de la UCA.

No hay que dejar de lado el trabajo del Legislativo, enfatizó el rector de la UCA, que ha consistido en desmantelar el Estado de derecho en el país, para ir propiciando un Estado totalitario y policial.

Estos hechos han dejado sobre la mesa la violación de los derechos humanos dice el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, con el agravante de que esto es aplaudido por la población.

Familias de la Isla Tasajera denunciaron daños a la propiedad y los cultivos con los que obtienen el sustento diario de su familia. Algunos residentes de la Isla manifiestan que personas que habrían sido enviadas por la familia Closa han dañado sus viviendas, cercos, quemado cultivos y hurtado algunas tilapias.

La organización REVERDES apoyará a las familias afectadas y presentará una denuncia por los daños causados. Las familias de la isla han asegurado que la familia Closa impulsa acciones para obligarlos a que desalojen.

De acuerdo con el abogado Alejandro Henríquez e integrante del movimiento REVERDES, la familia Closa no han podido demostrar que son propietarios de  70 manzanas de la Isla Tasajera, por lo que no pueden ejecutar ninguna acción en contra de las familias.

YSUCA intentó conversar con los delegados del Ministerio de Vivienda para que explicaran el proceso, pero se abstuvieron de brindar declaraciones, aseverando que no están facultados para dar información.

La tranquilidad de las 200 familias de la Isla Tasajera ha sido perturbada. Algunos de ellos por cuidar sus hogares llevan más de seis días sin trabajar o comercializar sus productos, pues tienen miedo a que atenten contra  sus hogares, así como ya lo hicieron con otras viviendas.

Evangelina es una mujer que lleva más de 40 años viviendo en la zona. Ella, junto con su esposo cultivan marañones  en un pequeño terreno de dos manzanas, para posteriormente vender las semillas. El pasado domingo, cuando iban a ver el terreno, encontraron la siembra quemada. El trabajo de muchos años quedó convertido en cenizas.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, prometió a las familias de la Isla que les apoyaría con una solución habitacional. Al lugar han llegado delegados del Ministerio de Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda Popular FONAVIPO, supuestamente a levantar un censo.

Leonardo Funes, líder de la Asociación de Desarrollo Comunal ADESCO, explicó que ellos en ningún momento han aceptado ser reubicados y que no se ha agotado el proceso, por lo que cuestionan que el censo sea para ayudarles, pues ambas instituciones hablan de reubicarlos en otras zonas.

Desde el pasado fin de semana, familias de la comunidad Valle Nuevo, en la Isla Tasajera, en San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz, han recibido amenazas de desalojo por parte de la familia Closa Salazar, que reclama la propiedad que dicen les corresponde.

Las familias, en el marco de una serie de intimidaciones por parte de las autoridades policiales, fiscales y personeros, que se presume son enviados de la familia Closa, reclaman al presidente de la República, a quien en tiempos de campaña le dieron el voto de confianza, pues les prometió que no serían desalojados, que les legalizaría las tierras  y les construiría una clínica comunal. Además, les prometió que tendrían acceso a agua potable, pues actualmente no cuentan con el servicio. Todas estas promesas fueron incumplidas, dijo Juan Gregorio Rodríguez, habitante de la isla.

410,798 personas cuentan con algún tipo de discapacidad en El Salvador, lo que representaba en ese año, el 6.4% de la población, según la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad en adelante del año 2015, elaborado por CONAIPD – DIGESTYC y con apoyo técnico de la UNICEF

Miguel Vega, representante de la Alianza Nacional por la Dignidad de las Personas con Discapacidad, pide a la presidencia de la república que se decrete el reglamento para la aplicación de la ley y al Ministerio de Hacienda solicite al Órgano Legislativo las transferencias presupuestarias para que el CONAYPD funcione.

La Alianza Nacional por la Dignidad de las Personas con Discapacidad, en el marco del “Día Internacional de las Personas con Discapacidad” que es cada 3 de diciembre, se pronunciaron porque en el país no hay partidas presupuestarias para aplicar efectivamente la Ley Especial de Inclusión de Personas con Discapacidad.

Carolina Vásquez, directora de la Alianza, manifiesta que los presupuestos de años atrás no han tenido fondos necesarios para garantizar el cumplimiento de la política nacional para personas con discapacidad.