El sacerdote jesuita José María Tojeira dijo a YSUCA que los cercos militares son un atentado contra la población. Según  el jesuita, la población acepta esta medida debido a que está hastiada de la delincuencia.

Los cercos militares son un medio arbitrario que están aplicando, ante la falta de planes concretos para controlar y capturar a delincuentes, dice el padre José María Tojeira. Señala además que  la justicia no debe confundirse con venganza.

Esta semana se presentó en El Salvador el libro titulado “Alicia Mendoza: Mujer y madre de la solidaridad, con el pueblo salvadoreño”.

Alicia Mendoza tuvo que emigrar en busca de un mejor futuro. La primera migración a la que se enfrentó fue cuando dejó su pueblo Santiago de María, ubicado en Usulután y se fue a la capital salvadoreña.

Luego en los años cincuenta, emigró a Estados Unidos, donde vivió y trabajó cuidando niñas, niños, personas adultas mayores, limpiando y cuidando casas, entre otras tareas. 

En ese devenir, su vida da un giro al conocer la lucha por la justicia social que el pueblo salvadoreño impulsó en la década de los años setenta.

Un menor con enfermedad gastrointestinal, por infección, fue recetado por una doctora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en una consulta virtual, manifestó el padre del niño.

Esto se realizó tras un examen realizado en un laboratorio privado, tras la consulta y recibir la receta se trasladó a la farmacia de la unidad médica de Santa Anita que fue encontrada cerrada por receso y con muchas personas esperando medicinas.

El denunciante manifestó que él y otras personas no encontraron medicamentos.

El informe de Human Rights Watch y Cristosal revela que el hacinamiento carcelario se triplica, hay falta de acceso a alimentos, tratamientos médicos y violaciones al debido proceso de justicia.

Human Rights Watch señala que cualquier violación a los derechos humanos es grave, independientemente de quien es el detenido. Este tipo de violaciones, manifiesta, están afectando a ciudadanos que están tratando de salir adelante en situaciones de inmensa dificultad económica, pero son atacados por el Estado y capturados sin ninguna relación con pandillas.

Goebertus manifiesta que hay casos donde los familiares no tienen información de los detenidos y, con ello, se violan las reglas de Habeas Corpus.

Human Rights Watch y Cristosal presentaron el informe titulado” Podemos detener a quien queramos”, que registra las violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción, desde finales de marzo.

El informe se basa en una investigación exhaustiva durante los más de 8 meses que lleva el régimen de excepción, incluye investigaciones en el terreno, entrevistas a más de 1 mil 100 víctimas o sus familiares, 140 entrevistas a profundidad, tanto a víctimas, familiares, abogados, testigos, periodistas independientes, fiscales, jueces y funcionarios públicos.

Además, incluye evidencia como documentación médica, expedientes judiciales, certificados de defunción y peritajes forenses. La documentación se corroboró con los testimonios.

Juanita Goebertus, directora de la división américas de Human Rights Watch, manifiesta que el informe parte del reconocimiento de que en el país ha existido gravísimos actos de violencia en el pasado y que la existencia de las pandillas ha sido un flagelo que ha afectado de distintas maneras a la población civil.

En ese sentido, Goebertus dice que no existe ese falso dilema de quien defiende los derechos humanos, defiende a las pandillas.

Además, dijo que bajo el régimen de excepción han documentado cientos de casos de personas detenidas que no tienen ningún vínculo con las pandillas. Las capturas son cifras y cuotas.

La Fiscalía investigó a los miembros de la junta directiva de CEL y a la junta directiva del sindicato de CEL, por el delito de Apropiación o Retención Indebida. Sin embargo, la Fiscalía dio una resolución desfavorable para los ex empleados y cerró el caso. Retiró toda la documentación del Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador.

Ricardo Vargas, otro ex empleado dice que la Fiscalía General de la República favoreció a CEL.

Ex trabajadores de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa (CEL) marcharon hasta la Asamblea Legislativa para pedir a diputados y diputadas que investiguen el caso de no devolución de fondos ahorrados.

Se trata de dos fondos. Un fondo de protección y otro de retiro voluntario. El primero, permitiría que los empleados que fueran despedidos, además, de su indemnización, recibieran parte de su ahorro en dicho fondo. El segundo también beneficiaría a quienes de manera voluntaria decidieran renunciar a sus cargos.

Entre 1995 y 1998, cuando CEL comenzó su etapa de “modernización” y despidió a buena parte de su personal, no todos recibieron el dinero prometido que con esfuerzo aportaron, mediante descuentos de sus salarios mensuales.

Ante esto, procedieron a denunciar a CEL en la Fiscalía General de la República en el año 2001, pero hasta la fecha no hay respuesta.

Antonio Chacón manifiesta que llegaron a la Asamblea Legislativa porque los legisladores dicen que luchan contra la corrupción, razón por la que esperan les resuelvan su situación.

Por su parte Heidi Zelaya, de San Pedro Masahuat, La Paz, dijo que este proceso de escrituración es demasiado lento, la ministra de vivienda Michele Sol no acelera el proceso.

Zelaya dijo que hay muchas personas que ya pagaron sus terrenos y están falleciendo y al no tener escrituras, muchos lotes quedan en el limbo ya que la mesa técnica no logra resolver los problemas.

Por otro lado, estos lotes no cuentan con agua potable, ni electricidad, tren de aseo, entre otros servicios básicos.

El representante de COFOA lamenta que las comunidades están abandonadas y a las lotificadoras no se les obligue a entregar las escrituras. Hay otros casos en los que el gobierno ha establecido procesos engorrosos.

Hernández dice que el Centro Nacional de Registro, CNR, en muchas ocasiones es quien genera los atrasos en la escrituración de los lotes.