La transparencia no es un favor, sino un derecho de la ciudadanía y una obligación de las instituciones públicas, dice López. 

La falta de control y transparencia favorecen la pérdida de fondos públicos: un ejemplo es la implementación del bitcóin en el país, un tema en el que hay un secretismo absoluto. Pese a que se han cometido algunas anomalías graves no hay investigación de parte de la Fiscalía General de la República, señala la jefa jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth López.

Una de esas anomalías ha sido la suplantación de identidad a través del uso de la billetera Chivo. Cuando comenzó a utilizarse mucha gente no logró obtener el beneficio de los $30 dólares, ya que su cuenta había sido vulnerada, pese a denuncias no hubo acción de parte de instituciones públicas como  la Fiscalía, Corte Suprema de Justicia y Corte de Cuentas. Es por ello, dice López, que se entablaron demandas a nivel internacional.

La corrupción en El Salvador tiene diferentes prácticas, señala Ruth López, jefa jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal. Las acciones corruptas deberían ser sancionadas, ya que se usan fondos del Estado para fines privados, no otorgados por ley.

López señaló en La Entrevista YSUCA que estas prácticas tienden a normalizarse, lo que abre la puerta a que la corrupción permanezca.

Con el actual Gobierno, la opacidad se ha vuelto una política pública, es decir el control social se ha minimizado, reflexiona la representante de Cristosal.

Elmer David Funes es uno de los demandados por la familia Closa, lo acusan, al igual que otros residentes, de usurpación de inmuebles. El primer proceso judicial les favoreció y evitó el desalojo, sin embargo la situación no paró ahí, los Closa Salazar volvieron a demandar a Funes por intimidación.

Sin embargo no se presentaron pruebas concretas por lo que el caso fue favorable nuevamente para Elmer Funes y la comunidad, pese a ello los señores Closa apelaron al Juzgado de Instrucción de Segunda Instancia de Zacatecoluca en La Paz.

Elmer Funes, habitante de la Isla Tasajera, dijo que ese proceso nunca prosperó, ya que la familia Closa nunca llegaba a las citas programadas. Por ello se buscó la conciliación y se acordó no desalojar a las personas.

Sin embargo la realidad es otra, con matonería, usando instituciones del Estado como la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, la familia Closa Salazar ha estado amedrentando a los habitantes de la Isla Tasajera.

José Edwin Tolentino Funes culpa a la familia Closa de ocasionar desastres para la población de Tasajera.

Los habitantes de la Isla Tasajera se dedican al cultivo de marañón, producción de tilapia y la extracción de conchas y curiles, con lo que han logrado dinamizar la economía local.

Sin embargo, pasan muchas necesidades. Solo tienen un centro escolar en la isla, no hay unidades de salud, no tienen acceso a bancos para obtener créditos formales, entre otras carencias.

Cuando el actual presidente del país era candidato visitó la isla, ahí les prometió mejorar sus condiciones y no permitir los desalojos.

La Isla Tasajera está ubicada en el estero de Jaltepeque, en el departamento de La Paz. Es parte de un humedal de importancia internacional por la visita de aves migratorias, conocida técnicamente como “Sitio Ramsar”.

La tranquilidad que había en el lugar está rompiéndose, debido a que el empresario Antonio Closa dice ser el dueño de la isla y al reclamar la propiedad busca desalojar a los habitantes que tienen entre 30 y 80 años de vivir en la zona. 

Yanet Peña, una de las residentes afectadas, asegura que con mucho esfuerzo ha levantado su casa. Con un préstamo ha logrado mejorar su vivienda donde ahora reside junto a su compañero de vida y sus hijos.

Se dedica a la extracción de conchas y a la pesca, pero  teme que, producto de la avaricia empresarial, pueda perder todo lo que ha logrado con esfuerzo.

Elmer Funes, uno de los representantes de los habitantes de la Isla Tasajera, dice que les están violentando sus derechos y piden a los diputados y diputadas que atiendan el caso y se pronuncien ante las medidas de presión policial.

Los habitantes de Isla Tasajera se concentraron frente a la Asamblea Legislativa, para dejar una carta en la que manifiestan que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República responden a intereses privados, lo que les ha llevado a sufrir amenazas. 

Uno de los habitantes del lugar dijo que elementos policiales les han advertido del desalojo de sus casas.

El economista César Villalona manifiesta que la constante caída y subida del Bitcóin no es sorprendente porque es un activo digital muy volátil con respecto al dólar. Es un activo que se maneja en la esfera privada, no es una moneda, no es dinero.

Villalona señala que el Bitcoin fue una promesa de mejora en la economía que no se ha cumplido. Enfatiza en que el bitcoin abre las puertas al lavado de dinero.

El economista César Villalona asegura que las promesas gubernamentales en el ámbito de la economía, no se cumplieron en El Salvador. Resalta los más de 100 millones invertidos en bitcoin con fondos públicos.

Cada bitcoin se compró a un promedio de $47 mil cada uno y en la actualidad cada bitcoin cuesta unos $16 mil, dice Villalona, una situación que significa una pérdida de $66 millones, según sus cálculos.

A juicio de Villalona, establecer el Bitcoin como moneda de curso legal no atrajo turismo, mayores remesas ni inversión extranjera, tampoco generó empleo ni mejoró la vida de los salvadoreños.