La Comisión de Derechos Humanos dice que el Estado salvadoreño se queda sin garantizar los derechos económicos, sociales y culturales y por supuesto los derechos civiles y políticos de la población que tanto establece la Constitución de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Otras de las violaciones a los derechos humanos caen contra la oposición política, medios de comunicación, periodistas, dice Montenegro.

El representante de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador señala que a las personas inocentes detenidas se les ha impedido muchos procesos jurídicos para lograr su libertad. Ante esto manifiesta que hay responsabilidad del Estado a varias muertes que se han dado en los diferentes Centros Penales del país a consecuencia de golpizas, maltrato, tortura y de falta de atención en cuanto a la salud de los arrestados.

Montenegro dice que es una situación muy grave, razón por la que espera que el presidente de la república detenga esos hechos.

Por otro lado, también señala el aspecto económico y social en el país donde la situación económica y social de la gente se ha violentado.

El director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro realizó un balance de los derechos humanos en el año 2022.

Recordó que en el país las víctimas esperan justicia, reparación desde hace muchos años pero en la actualidad no ha habido ninguna reparación, lo que ha habido es un juego político hacia las víctimas porque se han estado entrevistando sin darle una respuesta concreta de justicia, reparación y verdad.

A esto se suma que el presidente de la república pidió a la Asamblea Legislativa que anulara la conmemoración de los “Acuerdos de Paz”, eso, a juicio de Montenegro, constituye una violación a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación y sobre todo un momento histórico que muchas de las víctimas de los familiares y muchos salvadoreños conmemoran y celebran porque realmente los Acuerdos dieron un paso importante a un proceso democrático, en este país.

Por otro lado, el director de la CDHES manifestó que a partir de marzo del presente año se decreta el régimen de excepción, demostrando con mucha gravedad esas violaciones a los derechos humanos que se han cometido contra personas que no tienen nada que ver con las pandillas.

Por su parte Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, insta al Gobierno a respetar el marco nacional e internacional y profundizar en la democracia.

En el actual contexto, Jessica Estrada, directora del Área de Transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), considera que las organizaciones internacionales deben mantenerse atentas a la falta de transparencia que hay en El Salvador.

La persecución de voces críticas, restricción de derechos civiles y políticos y graves retrocesos en el derecho de acceso a la información, se convierten en desafíos para la consolidación de la democracia, la transparencia y la lucha contra la corrupción en El Salvador, manifiestan representantes de las organizaciones Consorcio por la Transparencia, FESPAD, Acción Ciudadana, Cristosal e ICEFI.

Así lo manifestaron en el marco del “Día Internacional contra la Corrupción” designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cada 9 de diciembre.

Según las organizaciones, en el país no hay separación de poderes, hay ataques a quienes exigen el derecho a la información, retrocesos en la protección de derechos humanos bajo el régimen de excepción e incumplimiento de garantías judiciales.

Loyda Robles, integrante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), plantea que el Estado salvadoreño sigue sin transparencia.

La Comisión Ad hoc en su primera reunión recibió al ministro de Trabajo, quien planteó las pretensiones al proyecto de Ley Integral del Sistema de Pensiones, presentado por el Gobierno

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL), Luis Ortega, acompañó el pronunciamiento y dijo que hace falta una propuesta digna que beneficie la mensualidad de las personas pensionadas.

Integrantes de la Comisión Nacional de Trabajadores (CNTS) y otras organizaciones, cuestionaron el proyecto de Ley Integral del Sistema de Pensiones, presentado recientemente por el Gobierno salvadoreño.

El cuestionamiento lo hicieron las organizaciones frente  a la Asamblea Legislativa, en el primer día que la Comisión Ad hoc estudia las propuestas de reforma.

Roberto Gómez Arias, secretario general de CNTS, dice que el poder económico presiona, por lo que los trabajadores deben exigir mejoras para su futuro.

Desde el año 2021 a la fecha, el Sindicato del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, ha registrado 7 trabajadoras suspendidas de sus cargos, debido a despidos arbitrarios y renuncias obligatorias.

Rocío Aguilar, trabajadora social y secretaria de Género del Sindicato, dijo en La Entrevista YSUCA que a las trabajadoras despedidas no se les ha realizado un debido proceso. Por el momento el proceso lo lleva el Tribunal del Servicio Civil, a la vez han interpuesto denuncias en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH.

Otro factor importante que hay que tener en cuenta es que la producción nacional de granos básicos sigue a la baja. Según el anuario estadístico del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la producción de maíz para la temporada 20-21, fue de 17.1 millones de quintales, mientras que para el frijol fue de 2 millones de quintales, es decir un 5% menos en el caso del frijol y 2% menos en el caso del maíz.

Adalberto Blanco dice que es lamentable que la apuesta del Gobierno siga siendo priorizar las importaciones y no apoyar la producción nacional.