El gobierno salvadoreño está destruyendo el territorio, una prueba de ello es el aval que se ha dado para construir el megaproyecto habitacional denominado Valle El Ángel, en suelos que no están destinados para la construcción, dice Carlos Flores del Foro del Agua.

Para tal fin, se ha cambiado, por medio de acuerdos entre empresas urbanísticas, empresas industriales y el gobierno la razón social de los suelos, dice Flores.

Según dijo el representante del Foro del Agua, esto pone en peligro el agua para consumo humano y los territorios para los cultivos, ya que los bienes naturales serán usurpados por la industria y la urbanización.

Silverio Morales explicó que el Gobierno les ha negado el acceso a la defensa y opina que ahora ser pobre en El Salvador se considera un delito y se agrava más al ser parte de comunidades indígenas. Para Silverio, el régimen de excepción significa temor, persecución y terror.

Silverio Morales es miembro de la comunidad indígena de Nahuizalco, del departamento de Sonsonate; y desde que inició el régimen de excepción, a la fecha, cinco de sus familiares han sido capturados arbitrariamente.

Su hermana, dos primos, un yerno y su hijo han sido capturados bajo el supuesto delito de agrupaciones ilícitas. A esto se suma el secretismo sobre el lugar en el que están detenidos, las autoridades no han confirmado nada sobre el paradero de los familiares de Silverio Morales.

Las capturas de algunos de sus familiares se han hecho por medio de denuncias de vecinos que los acusan de ser miembros de estructuras criminales; sin embargo, dice Morales que los señalamientos son falsos, ya que cada persona tiene un negocio o puesto de trabajo.

Para Morales, el régimen de excepción no ha logrado solventar los problemas sociales por los que atraviesa el país. Antes se le temía a la delincuencia, dice el líder indígena, ahora se le teme al Ejército y a la Policía. Este mecanismo implementado por el Estado es un nuevo exterminio que sufren los indígenas, opina Silverio.

El volcán de San Miguel continúa con emanaciones de gases y explosiones, dice el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, por lo que los municipios San Jorge, Chinameca, San Rafael Oriente y San Miguel siguen en alerta verde.

López dice que a la fecha se han contabilizado 200 explosiones.

Otro dato importante que arrojó el observatorio de ORMUSA es que hay un incremento de la violencia sexual hacia niñas y adolescentes, señaló Vilma Vaquerano.

Ante estas agresiones, dijo que es urgente seguir fomentando conciencia sobre este problema y desde el Estado se deben buscar alternativas que fortalezcan el acceso a la justicia de las mujeres y la creación de políticas de protección.

Vilma Vaquerano, coordinadora del Área de observatorios e investigación de ORMUSA, dijo que de las agresiones que han sufrido las mujeres durante el año 2022 sobresalen 61 feminicidios. Así lo indica el informe anual del Observatorio de Violencia contra las Mujeres.

Según Vaquerano, aunque hay una disminución de feminicidios,  se han incrementado los asesinatos contra las mujeres a manos de sus parejas o exparejas, según información de la CEPAL.

Fátima Pacas, coordinadora de Educación en Derechos Humanos en Cristosal, dijo que la organización ha dado acompañamiento en los territorios en temas orientados a derechos humanos y democracia.

En cuanto a las afectaciones del régimen de excepción, Pacas agregó que la prórroga del decreto, durante los primeros 5 meses,  al restringir el derecho a la asociación, afectó a las organizaciones de base en el ejercicio de la participación ciudadana.

La organización defensora de derechos humanos Cristosal reporta que en los últimos 8 meses han recibido 3,015 casos de denuncias sobre vulneraciones de derechos humanos, más del 97% corresponden a detenciones arbitrarias.

Según Cristosal, la sistematización de los diálogos cívicos revela que en la mayoría de detenciones no hay evidencia que justifique el arresto. 

En cuanto a los desplazamientos internos, más del 67% de ellos son provocados por las pandillas y el 15% de los casos han ocurrido debido a  acciones policiales.

Por otra parte, Rina Montti, directora de Investigaciones de Cristosal, manifiesta que los cercos militares, anunciados recientemente, darán paso a más violaciones de los derechos humanos.

El sacerdote Santos Belisario Hernández dijo que el cardenal Gregorio Rosa Chávez, en el libro, responde a preguntas complicadas sobre la realidad nacional.

En el libro “Conversaciones con el Cardenal Gregorio Rosa Chávez” se hace referencia al asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras. Se plantea, además, cómo el arzobispo de aquel entonces y Rosa Chávez se enteraron de la masacre perpetrada el 16 de noviembre de 1989 en la UCA.