El pasado 22 de julio se conmemoró la lucha antiminera, en ese marco, la mañana de este lunes, integrantes de la organización Reverdes junto a otros colectivos, marcharon en Sensuntepeque Cabañas, para exigir que se mantenga la prohibición minera en El Salvador y se ponga en libertad alos líderes comunitarios de Santa Marta.

A juicio de Dalia González, integrante de la organización Reverdes, la captura de los líderes comunitarios es para abrir las puertas a la reactivación de la minería metálica.

Es alarmante que, hasta diciembre de 2022, seis de cada diez agresiones provienen del Estado, instituciones y personas que representan al Gobierno, incluyendo funcionarios públicos como diputados, e incluso el propio Presidente de la República.

Asimismo, la APES reveló 17 casos de periodistas que tuvieron que ser movilizados del país, entre ellos cinco de carácter permanente por no encontrar las condiciones para ejercer su labor periodística.

Gabriel Labrador, relator de libertad de expresión de la Apes, explicó que uno de los patrones es que los policías y soldados retienen de manera arbitraria a fotógrafos y reporteros y los amenazan para que borren material sino serán procesados por el régimen de excepción.

Paula Saucedo de Artículo 19 y Jonathán Bock de la Fundación para la Libertad de Prensa condenaron las amenazas que recibe el gremio en El Salvador y los retrocesos a la libertad de prensa.

En el marco de la “semana del periodismo” la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, dio a conocer que durante el régimen de excepción se han registrado 222 casos y 385 agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

La presidenta de la APES, Angelica Cárcamo manifestó que en el marco de las medidas excepcionales se han incrementado las vulneraciones a periodistas, sobrepasando casos de años anteriores. Muchas de las vulneraciones las han cometido agentes del estado.

Cárcamo condenó la narrativa de las instituciones del Estado que aseguran que no se están violentado derechos a la presa cuando existe casos de acoso a periodista, espionaje, criminalización al ejercicio periodísticos, persecución a periodista y capturas, entre otras acciones.

Manifiestan que muchos usuarios se quejan del servicio o la tardanza de las unidades. Señalan que el servicio no se ha dejado de dar, sin embargo la frecuencia y paralización de algunas unidades es un hecho, pues no se alcanzan a cubrir los costos de operación, dijo el empresario.

“A raíz de la situación económica no podemos renovar unidades. El alto costo Sólo una unidad cuesta más de 120 mil dólares. Podemos recordar que del 2015 a 2020 renovamos unidades varias rutas. De 2020 a la fecha se detuvo la inversión en unidades, por la crisis económica” añadió Regalado.

Agregó que entre las propuestas está la creación de un fideicomiso para ponerse al día con la deuda actual con las instituciones financieras y para la adquisición de unidades nuevas y renovación de flotas.

Regalado añadió que el alto costo del diesel es un factor que les afecta. Además señaló que muchos usuarios hacen ahora uso de otros modos para transportarse o adquirieron vehículos propios, un tema que también ha afectado el flujo de usuarios en las unidades.

Empresarios del sector transporte pidieron a las autoridades de gobierno, hacer efectivo el pago de la compensación económica atrasada, desde hace 8 meses, para autobuses y microbuses. La deuda asciende a más de 30 millones de dólares con el sector transporte, dijeron los empresarios.

Luis Regalado, presidente de la Asociación de Empresarios Salvadoreño del Transporte de Pasajeros, AESTP, dijo que el sector transporte está asumiendo los costos de operación ante el impago del subsidio. Señalan que la actual crisis económica y los efectos de la pandemia han afectado al sector y urgen de medidas para poder recuperarse.

Regalado manifestó que muchas rutas están en crisis pues a veces no logran sacar los costos para combustible y salarios. Hacen una serie de propuestas al Ejecutivo para poder lograr recuperar al sector.

Hace casi 50 años, los jóvenes universitarios salieron a las calles para reivindicar el respeto a la autonomía universitaria, la libertad de expresión y movilización, pero fueron atacados indiscriminadamente sobre el paso a desnivel de la 25 avenida norte de la capital, por militares que obedecían órdenes del gobierno de esa época.

Marvin Rivera, representante estudiantil del Consejo Superior Universitario, detalló algunas actividades que se realizarán durante esta semana con el fin de enfatizar la necesidad de recuperar la memoria histórica y reivindicar las demandas de justicia.

La masacre de cientos de estudiantes de la Universidad de El Salvador, ocurrida el 30 de julio de 1975, continúa en la impunidad. Así lo denuncian representantes estudiantiles ante el gobierno de la UES, que subrayan que a 48 años del hecho no se ha hecho justicia en favor de las víctimas. La estudiante Georgina Pérez destacó la petición de la comunidad universitaria para que el Estado investigue y esclarezca los hechos.

Para Verónica Reyna del Servicio Social Pasionista, las capturas que se han hecho no pueden vincularse con alguna conducta delictiva, se detiene a las personas sin ninguna justificación, es decir se hace arbitrariamente.

Reyna dice que hay casos de personas que han sido detenidas en reiteradas ocasiones pese a que se les extiende un documento que garantiza su libertad.

Para Reyna todo este accionar puede que obedezca a una orden de generar números de personas detenidas y así cada mes presentar ante la población los supuestos resultados del régimen de excepción. Por otro lado, el Sistema Judicial es muy deficiente y está sometido a un poder que le impide ser independiente y no logra frenar los abusos que se cometen desde la captura.

forzado bajo el régimen de excepción

El Salvador vive bajo el régimen de excepción desde hace más de 15 meses y las violaciones a derechos humanos continúan, según datos que ha recabado organizaciones como el Servicio Social Pasionista, Cristosal, FESPAD y otras. Hay más de cinco mil denuncias sobre violación de derechos.

Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista dice que la mayoría de denuncias son detenciones irregulares y faltas al debido proceso, ya que en muchas ocasiones las autoridades han mentido para capturar a las personas.

La tortura y malos tratos al interior de los centros penitenciarios también ha sido denunciada. También el régimen de excepción ha ocasionado el desplazamiento forzado, desaparición forzada y violencia sexual señala la representante del Servicio Social Pasionista.

El 44 % de las personas consultadas no se sienten satisfechas con el resultado final de su reclamo presentado a ANDA y, el 51 % no se siente satisfecha con el resultado final del reclamo hecho a la Defensoría del Consumidor, según el estudio.

Además, un 51 % considera que la asesoría técnica de ANDA fue insuficiente para resolver satisfactoriamente el problema.

Ante esto, el director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor dice que hace falta una Ley que vele y garantice los intereses de personas usuarias y consumidoras.