En el país se ha criminalizado el ejercicio periodístico a través de reformas legales, dice Jorge Rodríguez, coordinador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, OUDH. 

Rodríguez dice que desde el año 2020 comenzaron una serie de modificaciones a la legislatura salvadoreña y, junto a ello, el cierre de los mecanismos de acceso a la información pública.

Para el año 2021, la CIDH señaló al presidente de la República y a algunos funcionarios como los principales actores de desacreditación de la prensa nacional. Sobre las reformas legales impulsadas desde el Ejecutivo, dice el coordinador del OUDH, Jorge Rodríguez, se genera un agravamiento a la labor periodística.

El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, informó sobre las condiciones meteorológicas de los próximos meses. Confirmó que El Salvador se está viendo influenciado por el fenómeno El Niño.

López dijo que este año se registra más calor que años anteriores. Además de verse influenciado por una sequía meteorológica que afectará principalmente a la zona oriental en los próximos meses, agregó.

Asimismo dijo que la lluvia está por debajo del promedio en años anteriores, por lo que podemos confirmar que estamos siendo afectados por el fenómeno de El Niño”, explicó el funcionario.

Integrantes de organizaciones como Asociación Salvadoreña de Educación Financiera (ASEFIN), Asociación de Concientización para la Recuperación Espiritual y Económica del Ser Humano (CREDHO) y la Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES) dicen que es necesario un enfoque más humano y solidario y trabajar en grupo para brindar soluciones sostenibles.

El obispo de la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador, David Alvarado, dice que buscan dar atención y oportunidades a los migrantes a través de comunicación con organizaciones e iglesias del país norteamericano.

Césas Ríos, director ejecutivo de la Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES), dice que en los últimos dos años ha cambiado el mapa migratorio porque la mayoría de los deportados que llegan al país llegan de la frontera y de la ruta migratoria situación que requiere una atención humanitaria.

Hay retornados que han estado 18 meses en la frontera México- Estados Unidos esperando una respuesta de asilo pero después los deportan.

Además, puntualiza que preocupa una Ley contra la población migrante indocumentada en Florida, persecución en Texas y la militarización de las fronteras, situación que deja a un lado los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Ríos dice que se requieren políticas diferentes de atención a las personas en retorno al país, vienen de lugares donde hay violación a los derechos humanos a quienes siguen la ruta migratoria.

El juzgado ambiental ordenó el 31 de mayo de 2023, una inspección en el lugar, como respuesta a la denuncia interpuestas por el Foro del Agua junto a los pobladores de las comunidades de Nayarit, por los daños ambientales.

El abogado Victor Amaya, pidió al Juzgado ambiental suspender la extracción de materiales en la zona e instó al MARN a tomar acciones y no solo dar permisos, pues aquí lo que más se afecta es la vida de las personas.

Mujeres defensoras del cerro, comunidades, pueblos originarios y organizaciones ambientales piden el cese inmediato a la otorgación de concesiones y permisos ambientales que deterioran el ambiente y modos de vida. También exigen a las empresas extractivistas el cese de la sobreexplotación del “Cerrito de Quezaltepeque".

Las comunidades del cantón San Francisco y Santa Rosa Arriba vienen desde hace años denunciando el grave daño y la degradación del cerro por la extracción de material.

Asimismo, los lugareños cosechan maíz para consumo propio. Doña Maria Henrqiuez de 68 años lleva años sembrando. Dice que ha llegado la noticia a la comunidad de que ya no van a poder sembrar porque continuarán depredando la zona.

Empresas que están trabajando en la construcción de pasos a desnivel como el redondel integración y el desvío de Opico, entre otros proyectos de infraestructura están acabando con el “cerrito de Quezaltepeque”.

De acuerdo con las comunidades de la zona, las empresas están extrayendo materiales pétreos del cerro, sin control alguno. Socavando la naturaleza, mantos de agua y otros recursos naturales del país, señalan las comunidades.

El cerro desde hace años ha sido impactado por la depredación de empresas extractivistas, y en los últimos años la extracción se ha incrementado, denuncian las comunidades.

Mónica Lisset Castro, presidenta de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) del Cantón San Francisco, manifestó que el deterioro cada vez acaba con el cerrito.

Además, en la zona existen pozos de agua de los cuales se abastecen las comunidades. Tras el ingreso de maquinaria pesada el agua se ha reducido. “Están acabando con el agua y bienes naturales”, explicó Castro.

Integrantes de SITRASOYA dicen que ante los despidos en la alcaldía de Soyapango, entregaron dos escritos al Ministerio de Trabajo pero hasta la fecha siguen sin recibir respuesta, razón por la que esperan que el ministro de trabajo, Rolando Castro, se acerque a la municipalidad de Soyapango para atender la situación.

Regina Rodríguez es una de las despedidas que pide reinstalo porque sufre una enfermedad crónica y requiere continuar su tratamiento en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango (SITRASOYA), junto a trabajadores despedidos de la municipalidad, llegaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a solicitar una resolución a su caso.

El 10 de junio del presente año se registraron despidos en la municipalidad pero hasta la fecha no tienen respuesta de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ni de otras instancias correspondientes, según manifiesta Ovidio Hernández, Secretario General de SITRASOYA.