En la Asamblea Legislativa se reformó la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja para endurecer las penas contra cabecillas de grupos criminales, se trata de una iniciativa presentada por el presidente de la república.

La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, dice que estas reformas pueden realizar injusticias graves.

La Federación Nacional para la Clase Trabajadora (UNT) mostró preocupación ante las medidas antidemocráticas y represivas a las que están siendo sometidos, además de los ataques directos contra quienes defienden sus derechos.

El secretario general de UNT, Alberto Monge, llama a las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y otras para hacer una campaña a favor de los derechos de la clase trabajadora y puso de ejemplo las violaciones de trabajadores del sector salud.

Al criminalizar las protestas, el gobierno demuestra que hay temor a esta expresión de parte del pueblo, dice el abogado de FESPAD, ya que al actual mandatario no le gusta que se le demande y que se señale los errores que se comenten.

Henri Fino de FESPAD, dice que lo que se debería de hacer es escuchar a la población para poder corregir el mal camino, sin embargo aquí en el país “sólo se escucha al adulador”.

El derecho a la protesta está basado en la libre expresión y está garantizado en la Constitución de la República, y esto no sólo se refiere a decir o pensar, también está representado en la protesta, la cual es una manifestación de la libertad de expresión, dijo Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Fespad.

Fino dijo que cualquier persona tiene derecho a difundir su pensamiento y esto tiene que ser de forma pacífica, ya que al usar la violencia se habilita al Estado a actuar con los cuerpos de seguridad.

Sobre la protesta que han realizado los médicos internos, como respaldo a sus compañeras Beatriz Monteagudo y a la residente Ángela Ferrer, separadas de sus labores el 20 de mayo luego de una publicación en redes sociales, dijo que desde el Estado se les despidió. Esto es un claro ejemplo de  “criminalización de la libertad de expresión”. Misma situación ha sucedido en las alcaldías.

Representantes de la Red Nacional de Juntas de Agua de El Salvador denuncian que a un año de la implementación de la Ley General de Recursos Hídricos, las juntas comunitarias del vital líquido “no cuentan” con mecanismos de apoyo para fortalecerse y legalizar su situación ante la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA. 

Los defensores del derecho humano al agua señalaron que de las 2,500 juntas de agua del país, sólo 320 han podido completar su proceso de inscripción ante la entidad. Recuerdan que la fecha límite fue el 12 de julio pasado. 

José Gilberto Salguero, representante de una junta de agua de Nueva Concepción, Chalatenango, dijo a radio YSUCA que muchas juntas de agua no están organizadas y no han recibido la orientación necesaria de parte de la ASA para completar dicho procedimiento.

Jose Gilberto Salguero, representante de una Junta de Agua en Nueva Concepcion, Chalatenango, remarcó que en la actualidad, los sistemas de agua del país “están abandonados”. Explicó que la red ejercerá contraloría social en el marco de la aplicación de la Ley General de Recursos Hídricos, entre otras funciones.

Las Juntas de Agua de El Salvador lanzaron una red para garantizar el derecho humano del agua en el país. Gloria Cruz, representante de la iniciativa, explicó que esta unificación surge en respuesta a la desatención estatal histórica que ha habido en esta materia. Además, indicó que se busca apoyar a las comunidades rurales respecto a las dificultades que enfrentan para brindar el servicio del vital líquido y así poner un alto al “robo del agua” en el país.

El representante del CESTA dice que en el país hay un deterioro, político, democrático e institucional y lamenta que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no actúe ante las violaciones que impactan a la naturaleza, como los proyectos de urbanización, por ejemplo.

Navarro asegura que hay impunidad en la destrucción ambiental que se registra constantemente en el país.

La inestabilidad en las lluvias, inundación en las zonas agrícolas, pérdidas de los ganaderos y vulnerabilidad de zonas habitadas, son problemas que aumentan ante el cambio climático, que cada día está causando aumento de temperatura y muchas variantes en el planeta. Así lo afirma el presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) Ricardo Navarro.

El ambientalista dice que lo más grave es que las autoridades salvadoreñas muestran desinterés.

La criminalización de la labor periodística ha hecho que 11 periodistas se exilien; por otra parte la situación laboral de los periodistas también es un desafío, ya que hay bajos salarios, se firman contratos por servicios profesionales, además hay jornadas excesivas y altos niveles de riesgo en cuanto a seguridad ocupacional.

Sobre el acceso a la información pública, hay serios incumplimientos y estas giran en torno al listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente, con fondos públicos y los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas, dijo el coordinador del OUDH Jorge Rodríguez.