La sobreviviente recrimina la negativa de abrir los archivos militares que, a su juicio, es donde se puede encontrar la ubicación de los cuerpos de las personas que fueron trasladadas en los camiones de los “mal llamados cuerpos de seguridad” de la época.

La masacre de estudiantes de la Universidad de El Salvador ocurrida el 30 de julio de 1975 “sigue en la impunidad”. Así lo afirmó Mirna Perla, una sobreviviente de dicha matanza que señala que en 2017 presentó una petición ante la Fiscalía General de República para que inicie investigaciones sobre este caso, pero reprocha que a la fecha esta entidad “no ha hecho nada”.

Hace 48 años los universitarios salieron a las calles para reivindicar el respeto a la autonomía universitaria, la libertad de expresión y movilización, pero fueron atacados por militares que obedecían órdenes del gobierno de esa época, sobre el paso a desnivel de la 25 avenida norte de la capital.

“No es posible que no puedan reconocer ese hecho donde asesinaron a varias personas, donde nos atacaron”, dijo Perla a Radio YSUCA.

Actualmente desde el Estado se vulneran los derechos humanos, dice Gabriela Santos. Hay violaciones a la integridad personal, al derecho a la vida y al acceso a la justicia.

Con el régimen de excepción se han sumado las detenciones arbitrarias y la falta de un debido proceso. La directora del IDHUCA Gabriela Santos explica que estos derechos van concatenados.

La directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDHUCA, Gabriela Santos dijo que en El Salvador los derechos humanos se violentan constantemente debido a la concentración del poder que existe.

Sin embargo, ese no es pretexto para que no se defiendan derechos humanos, dice Santos, ya que es un momento duro y las víctimas necesitan acompañamiento. Para ello es importante no perder la memoria histórica, dice la abogada del IDHUCA.

La Agenda Nacional de Protección Social para la Reducción de las Desigualdades es un documento técnico que propone medidas estratégicas para avanzar hacia una sociedad que garantiza el desarrollo de las personas, facilita el acceso a servicios sociales y fomenta el trabajo digno.

Ana Iris Martínez, responsable de la oficina de Oxfam El Salvador, dice que es necesario identificar cuáles son las personas más vulnerables que requieren atención urgente.

Hernández recordó que son 193 los trabajadores despedidos en esa municipalidad y reprocha que los afectados no hayan recibido el apoyo de parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la República.

Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango, SITRASOYA, junto a trabajadores despedidos de la municipalidad, llegaron al Ministerio de Trabajo para pedir una vez más al titular de esa entidad, Rolando Castro, que se involucre en la problemática existente e intervenga en los despidos de la comuna. Ovidio Hernández, secretario general de Sitrasoya, destacó que esta es la tercera petición que hacen al funcionario, a quien le solicitan que establezca una mesa de diálogo entre todos los involucrados en el problema.

El Socorro Jurídico Humanitario reporta la  muerte de una niña y un niño menores de un año de edad a causa de enfermedades adquiridas en los Centros Penitenciarios, donde permanecían con sus madres detenidas bajo el régimen de excepción.

El informe estima que puede haber una cifra negra de casos de personas fallecidas, pero existe temor de los familiares de denunciar, es por eso que no hacen pública la información.

Ingrid Escobar dice que la mayoría de fallecidos en Centros Penales ha sido por muerte violenta.

El Socorro Jurídico Humanitario dijo que en el marco del régimen de excepción han recibido más de 2,500 denuncias de detenciones arbitrarias y disponen de información de 300 personas fallecidas en centros penales, de estas se confirman 170.

Ingrid Escobar, directora jurídica del Socorro Jurídico Humanitario, dice que de los 170 fallecidos en las cárceles, el 91% estaban desvinculados de las pandillas.

Las organizaciones señalan que el contexto actual es muy similar al de hace 48 años. En ese sentido, invitaron a la población a participar en la marcha de este domingo para reivindicar la lucha de los mártires universitarios y denunciar los abusos del gobierno salvadoreño. Señalan que el oficialismo pretende montar “un show de Miss Universo” para ocultar al mundo las violaciones a derechos humanos que se viven en el país.