El sacerdote jesuita, José María Tojeira, dice que no es bueno que el país sea acusado de ser cada vez más autoritario. Esto no es bueno para el prestigio de la nación, ni para la economía, ni para la convivencia interna.

Plantea que el país debe crecer en  conocimiento, en la capacidad de investigación, en la persecución del delito y otras medidas.

El sacerdote jesuita, José María Tojeira, en su programa “Al filo de la Semana”, de Radio YSUCA, se refirió al enjuiciamiento de las personas bajo una estructura y no individualmente. Recordó que autoridades de gobierno hablan de agrupar a las personas para un juicio, por ejemplo en grupos de hasta 900 personas, y una vez tipificados por región, barrio, por tatuajes, sospechosos y otras razones se señalará que pertenecen a grupos delincuenciales.

Tojeira dice que los delitos deben individualizarse, dar garantías judiciales y no dar “atarrayazo” a la gente.

“Tengo entendido que la vida en los penales de El Salvador es bastante triste, bastante difícil, sobre todo porque están revueltos, todos con todos. Mi hijo, un muchacho criado acá en un pueblo humilde de Colombia, un muchacho de bien, que se fue lleno de expectativas para estudiar y mejorar su calidad de vida, termine en prisión con una cantidad de pandilleros de verdad”, lamentó.

Recordó que en Colombia no existen las pandillas y recrimina la acusación que se le hace de estar vinculado a esos grupos.

Los cuerpos de represión de aquel entonces buscaban desarticular la protesta mediante la violencia. Javier Bolaños estudiante de periodismo de la UES dijo que los familiares de las víctimas buscaron justicia y por ello recurrieron a instancias internacionales, pero la justicia no ha llegado aún.

El estudiante Manuel Hernández dice que estos hechos no deben quedar en el olvido, ya que son luchas que buscan incidir en la sociedad para mejorarla y además forman parte de la memoria colectiva.

El Salvador vive momentos similares de los años 70, dice Jazmín Ayala, estudiante de periodismo, ya que hay riesgos en la libertad de expresión, se criminaliza a quien se organiza, hay persecución a aquellas personas que no comulguen con el gobierno.

Ayala dice que hay desplazamiento, expropiación de tierras; además hay un régimen de excepción que se ocupa para amenazar a todo aquel que denuncia o critique al gobierno.

La memoria histórica debe cultivarse para evitar que el tejido social sea vulnerado

El 30 de julio de 1975 militares del gobierno del coronel Armando Molina masacraron a unos 50 estudiantes de la Universidad de El Salvador, que se desplazaban en marcha por la 25 avenida norte de San Salvador. En la marcha denunciaban a los regímenes militares y el mal uso que se dio, en aquel entonces, a un millón de colones en el concurso Miss Universo, que en ese año se celebró en el país, explica Manuel Hernández, estudiante de Sociología de la UES.

Por otro lado, cada año se realizaba un show bufo para mover la conciencia social, esto no era del beneplácito del gobierno de turno, explica Hernández.

Martínez agregó que la sociedad salvadoreña debe apostar por alternativas que protejan el medio ambiente. Preocupa, dice Martínez, que no se está pensando en la alimentación de los salvadoreños y su economía, frente a la agudización de la situación del clima.

Evelyn Martínez Mejía, docente investigadora del Departamento de Economía de la UCA, manifestó que la grave crisis climática se va agudizando en El Salvador y el mundo cada vez más.

Martínez Mejía dijo que el planeta desde hace décadas nos va dando señales sobre la crisis climática y el territorio salvadoreño no ha sido la excepción. Lamenta que los países no fomenten el diálogo o políticas encaminadas a reducir los impactos climáticos.

La economista dijo que El Salvador lejos de reducir el impacto climático en el país, está haciendo todo lo contrario, deteriorando y atacando el ambiente y a los defensores  ambientalistas.

COFOA considera que la normativa no garantiza a las familias su escritura, señala que la sanción a las empresas lotificadoras no resuelve al final el problema, pues las empresas tienen los recursos económicos para cancelar las multas.

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en Sesión Plenaria la  “Ley especial para la regularización de lotificaciones y parcelaciones para uso habitacional”, una normativa que incluye un nuevo delito que castiga con prisión la venta de lotes no legalizados.

Comunidades de Fe Organizadas para la Acción (COFOA), una organización que ha luchado por años por el derecho a la vivienda de miles de salvadoreños afectados por las lotificadoras, opinó que la nueva ley no resuelve el problema de los más de 7 mil salvadoreños que no cuentan con las escrituras de sus viviendas, a pesar de haber pagado hace años por su propiedad, explicó Alberto Velasquéz, director ejecutivo de COFOA.