La Universidad de El Salvador atraviesa una situación muy alarmante y ha sido golpeada en reiteradas ocasiones por la administración actual. Así lo señalan organizaciones del movimiento estudiantil, juvenil y del sector profesional docente y no docente de la UES, que advierten que ha habido una confabulación entre el gobierno y las autoridades de la universidad estatal, para mantener cerradas total o parcialmente las instalaciones de esta casa de estudios durante los últimos 3 años. 

En una rueda de prensa en la que informaron sobre la marcha para conmemorar la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975, las organizaciones rechazaron la intervención de militares, la pérdida de autonomía y la reducción del presupuesto a la única universidad pública del país.

El Centro para la Defensa del Consumidor dice que las personas consumidoras ahora desembolsan $51.52 y $47.21, con los precios actuales, para comprar los mismos 22 productos de la canasta básica alimentaria con respecto a enero de 2022.

Una persona trabajadora con los salarios mínimos actuales del sector comercio y agropecuario, ya con descuento de ley necesitan $7.29 y $4.49 más, para la compra de la canasta básica alimentaria urbana y rural, según el CDC.

Los precios de la canasta básica alimentaria siguen al alza y, con lo que resta de 2023, no se prevén condiciones para que bajen. En este sentido, las condiciones de la población consumidora podrían deteriorarse aún más, según reporta el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC).

A esto se suma el alza en el costo de la energía eléctrica, el alza en los combustibles, la agricultura en riesgo y los cobros irregulares en la prestación del servicio de agua.

Esto provocaría que la pobreza se incremente por encima de 1 millón 700 mil salvadoreños que ya existen en la actualidad.

Danilo Pérez, director ejecutivo del CDC, dice que es necesario tomar medidas económicas ante el alza de la canasta básica alimentaria.

Para poder lograr una disminución en el precio de los alimentos, los miembros de distintas organizaciones sociales y campesinas llevaron ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería una propuesta denominada: Reserva Nacional de Alimentos en El Salvador.

Carlos Flores, de ECOS El Salvador, dijo que es necesario que se devuelva al Estado la capacidad de regular los precios de los granos básicos y así establecer precios justos, para productores y consumidores por medio del incentivo a la producción campesina, con subsidio y crédito a bajo interés.

El costo de la canasta básica alimentaria en el país ha experimentado un alza, desde el 2003 y el 2023. Esta alza se puede cuantificar en un 95%, según datos publicados por el Banco Central de Reserva.

Francisca Carrillo vive en Soyapango y dice que ya no compra huevos, carne ni pollo, ya que el dinero no le alcanza y en algunas ocasiones en su casa sólo se come dos veces al día.

Pedro Cruz señala que la Fiscalía Adjunta de la Defensa de los Intereses de la Sociedad, de la Fiscalía General de la República, se basó en el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública y en el rubro 21 del índice de información reservada de dicha institución, para que esta información sea declarada en reserva.

Según información que la Fiscalía ha dado a conocer, dice el abogado, con la reserva se busca evitar la divulgación de información que impida el esclarecimiento de hechos o manipulación de evidencias, ubicación, identificación y amenazas hacia testigos o familiares de las víctimas e imputados. Para Pedro Cruz este argumento no es válido.

La Fiscalía General de la República declaró en reserva, entre los años 2014 y 2021, la información relacionada a los cementerios clandestinos y fosas comunes. Para el abogado Pedro Cruz, de la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos, ASDEHU, estas declaraciones de reserva son un problema, ya que entorpecen la búsqueda de personas desaparecidas.

Por otra parte, se ha reducido el acceso a la información pública y hay más reservas de información.  A esto se suma que desde el gobierno se busca imponer una narrativa oficial y hay una captura gubernamental del debate público, señala Rodríguez. 

Con todo esto se afecta la libertad de prensa y expresión en detrimento de la democracia.

El informe “Libertad de prensa y acceso a información pública 2022”, presentado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA ,OUDH, revela que la libertad de prensa se ha restringido  en el país y cada vez hay más riesgo y vulnerabilidad para los periodistas. 

Para Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH, esta condición de riesgo  tiene que ver con medidas implementadas por el gobierno, como reformas de leyes que han llevado a restringir la labor periodística.

Entre estas están la reforma al Código Penal, que introduce el agente digital encubierto, la Ley de Proscripción de Pandillas que limita algunas publicaciones y la Ley de Intervención de las Telecomunicaciones. 

Jorge Rodríguez señala que las instituciones del Estado que están obligadas a proteger y promover el ejercicio periodístico han hecho todo lo contrario, han limitado la labor periodística.

El diputado del FMLN, Jaime Guevara, señaló que a su juicio estas reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja representan un riesgo y amenaza para las personas que están arrestadas y no pertenecen a grupos delincuenciales y aseguró que con su opinión no defiende a personas que cometen delitos.

Guevara dice que es importante combatir el crimen organizado pero según manifiesta en las capturas bajo el régimen de excepción se han incluido personas que no pertenecen a organizaciones delincuenciales.