Quienes arrojen basura en espacios inadecuados, tendrán sanciones económicas y penas de cárcel, según la reciente aprobación de reformas al artículo 98 de la Ley de Medio Ambiente y al artículo 257 del Código Penal.

Las personas que arrojen basura con peso menor a dos libras en sitios no autorizados serán multadas con $20.00 y las personas que tiren desechos con más de dos libras y pongan en riesgo al medio ambiente, la salud y la vida de los demás, serán multadas con  $1,500 y una pena de cárcel de uno a tres años; castigo que podrá sustituirse por trabajo de utilidad pública.

Ante estas reformas, el presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro, manifestó que debe definirse y preguntarse ¿Qué es basura? ¿Qué son residuos? ¿Portarán las autoridades alguna balanza para pesar la basura?, cuestiona Navarro. 

Señaló, además, que en las reformas debió quedar establecida  la exigencia a las alcaldías de un manejo sustentable de los desechos sólidos.

Ramírez lamenta que cuando un salvadoreño es capturado los familiares desconocen su paradero, es por ello urgente la creación de un sistema de información accesible para que las familias de los capturados conozcan dónde están y cuál es su condición.

El Estado ha dejado abandonados a los salvadoreños, ni la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ni la Procuraduría General de la República apoyan a los afectados, explica Ramírez.

Los salvadoreños están desesperados, ya que el régimen de excepción irrespeta a la persona. Dentro de la cárcel y cuando son liberados hay anomalías graves, describe Samuel Ramírez.

Desde marzo pasado, más de 56 mil personas han sido capturadas señaladas de ser integrantes de pandillas. Del total de capturas, hay miles que alegan haber sido capturados sin prueba alguna, que demuestre su culpabilidad. 

Estas capturas se dieron luego que los diputados de la Asamblea Legislativa avalaron la implementación de un régimen de excepción, que ya ha tenido 7 prórrogas.

Samuel Ramírez representante del Movimiento de Víctimas del Régimen, asegura que no están en contra de la persecución del delito, pero sí de la arbitrariedad con la que se encarcela a personas que no tienen responsabilidad en delitos, sólo tienen la condición de ser pobres.

Panameño dijo que es urgente que las autoridades de salud tomen cartas en el asunto, que los -no- vacunados se vacunen y los adultos mayores o personas con enfermedades crónicas tengan cuidado y no olviden usar las mascarillas y mantener las medidas de prevención.

Panameño dijo que muchas personas, incluyendo las autoridades de salud, comenzaron a cantar victoria sobre la reducción de los casos covid y bajaron la guardia sobre las medidas de protección.

El médico señaló que hay modelos matemáticos que desde hace años vienen adelantando el panorama covid-19, por lo que cuestiona cómo es posible que en El Salvador no se preparen ante las amenazas que se vienen anunciando, a través de instituciones y universidades que estudian el movimiento de la pandemia.

El epidemiólogo salvadoreño Jorge Panameño señaló que El Salvador se acerca a una sexta ola de casos covid-19.

Panameño agregó que desde hace un par de semanas se han incrementado los casos y, a pesar de que se esperan que éstos sean leves, recordó que la pandemia posee variantes y la que ha predominado es la Omicron.

En El Salvador, bajo el régimen de excepción, el Estado comete violación al derecho a la libertad,  explica el juez de Sentencia Luciano Lobato.

Por su parte, Sidney Blanco, juez y exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, agrega que desde que entró en vigencia el decreto de régimen de excepción,  muchas detenciones se realizan sin prueba ni respeto a garantías constitucionales. El decreto no es claro, ni preciso, lo que abre las puertas a la arbitrariedad y a violaciones de los derechos humanos.

La privación de libertad en El Salvador no puede convertirse en una regla, tal y como el Estado quiere que se perciba, ya que la libertad es un derecho fundamental de toda persona, reflexiona el juez de Sentencia, Luciano Lobato.

En una privación de libertad no deben ignorarse las leyes establecidas, señala el juez. Es por ello que el ordenamiento jurídico salvadoreño contempla tres formas en que una detención puede llevarse a cabo, sin cometer violaciones a los derechos de los detenidos.

Según él juez, una captura es válida cuando es en flagrancia, cuando se gira una orden de captura administrativa y cuando un juez la decreta. Fuera de lo estipulado, las capturas  se convierten en abuso y violación.

Agentes de la Policía Nacional Civil PNC obligados a retirarse por decreto Legislativo, se concentraron frente a la Asamblea Legisltiva para exigir a los diputados derogar el decreto que los obligó a retirarse por cumplir 60 años de edad o crear uno que dignifica la labor de los agentes retirados.

El 11 de mayo pasado, la Asamblea Legislativa aprobó, con 76 votos a favor,  la Ley Especial para el Retiro y el Otorgamiento de Compensación Económica del personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), para el personal mayor de 60 años. 

Ernesto Vásquez, de la Asociación de Trabajadores retirados de la PNC, explicó que el decreto vulnera sus derechos y se les denigró por ser  adultos mayores. Vásquez dijo que no se les ha entregado la indemnización correspondiente por año laborado y se les ha dado una compensación que no dignifica los años laborados en la corporación policial.

Por su parte, el procurador adjunto de Derechos Civiles e Individuales, Carlos Rodríguez, explicó que la PDDH está recibiendo información y dijo que han conformado un equipo para evaluar los casos del régimen de excepción. Sin embargo, los homicidios al interior de los centros penitenciarios siempre durante el régimen no están siendo evaluados por este grupo. 

Rodríguez agregó que la PDDH no tiene capacidad para dar respuesta inmediata a las solicitudes planteadas por los familiares de los detenidos.