Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de CONAMYPE (SITCO) denunciaron despidos, renuncias obligadas y medidas antisindicales.

El 6 de diciembre del presente año finaliza la gestión del actual presidente de CONAMYPE, por lo que los trabajadores demandan  un titular en la institución que no afecte la labor sindical y respete los derechos laborales, dijo el secretario general de SITCO, Ángel Flores.

En diversos videos y medios el presidente había señalado que no existía la posibilidad de

reelección en El Salvador, pero ahora ha cambiado de opinión; ¿A qué cree que se debe ese cambio? Es una de las preguntas de la encuesta. Las respuestas son variadas. Algunos lo justifican al decir que 5 años no son suficientes; otros opinan que el presidente se ha enfermado de poder y no quiere que se conozca la corrupción en el Gobierno.

El análisis de Óscar Picardo, desde la perspectiva de la psicología social, es que la mayoría de los salvadoreños continúan en un proceso de enamoramiento presidencial. “Haga lo que haga el presidente la población se lo perdonará. Hasta que se toque el bolsillo de los salvadoreños”, dijo Picardo.

El Instituto de Ciencias y Tecnologías e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, UFG,  realizó una encuesta para conocer la opinión de los salvadores con respecto a la reelección presidencial.

Se consultó a los salvadoreños si estaban de acuerdo con la reelección del presidente. La mayor parte de los encuestados afirmaron estar de acuerdo, sin embargo, al consultarles si han leído la Constitución de la República y los artículos que prohíben la reelección, un 56.4% indicó no haberlos leído, un 23.1% dijo que poco y  un 18.3% dijo que sí los ha leído.

Por otra parte, Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencias y Tecnologías e Innovación de la UFG, explicó que de los salvadoreños consultados un 0.7% dijo que no tiene la Constitución y un 1.3% no sabe que es la Constitución. 

La encuesta refleja que la falta de información sobre un tema en particular puede cambiar la respuesta de los encuestados. Cuando se consultó si estaban de acuerdo con la reelección presidencial, más del 77% respondieron que sí; pero luego de leer los artículos 75 y 154 de la Constitución que prohíben la reelección, las respuestas de aprobación bajan a un 74.7%.

Minutos después del pronunciamiento de los egresados, la vicedecana de la facultad, Sandra Benavides, confirmó las declaraciones. Dijo que  el conflicto interno ha causado un bloqueo administrativo que afecta a los alumnos. Además, denunció difamación en su contra.

Daniel Palacios, egresado de la licenciatura de Sociología de la Universidad de El Salvador, dijo que la violación de derechos también la sufren los estudiantes. Frente a ésto las autoridades se mantienen pasivas, sin hacer nada al respecto.

Representantes de alumnos y alumnas de la facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador, UES, denuncian bloqueo de procesos académicos en los que se incluyen graduaciones, cambios de carreras y otras solicitudes que requieren los estudiantes universitarios de diferentes carreras de esa facultad. 

Perla Fiallos, estudiante egresada de la licenciatura de Trabajo Social de la UES, manifestó que en junio del presente año, la vicedecana de la universidad, Sandra Benavides de Serrano, recibió un golpe con una puerta de parte del decano de la facultad, tras una discusión en el edificio de humanidades.

Según Fiallos, ante la acción violenta de parte del decano, se interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la República. Sin embargo, las autoridades de la universidad han callado esta acción. Los conflictos entre las autoridades de la universidad han generado problemas académicos administrativos que afectan a los estudiantes.

Gabriela Colocho enfatiza en que es urgente que la seguridad ciudadana retome el enfoque de los derechos humanos y la prevención.

En la actualidad, al igual que en años anteriores, el enfoque implementado de seguridad ciudadana, prioriza lo punitivo y represivo, descuidando a las víctimas de la violencia, lo poco que se conoce de seguridad ciudadana no previene el delito ni la violencia, la cárcel sigue viéndose como un castigo y no como un espacio de reinserción y rehabilitación.

Por otro lado, se descuida la persecución y prevención de otros delitos como la violencia hacia la mujer, los embarazos en niñas y adolescentes, el combate del crimen organizado, el narcotráfico, entre otros. Según dijo la representante del Servicio Social Pasionista, la seguridad ciudadana es más que el combate a las pandillas y publicar un índice de homicidios.

Gabriela Colocho lamenta que una medida como el régimen de excepción se vea como una medida de combate al crimen y, debido a esto, los cuerpos de seguridad pública ven en esta política una vía autorizada para violar derechos humanos y cometer abusos en los territorios.

Colocho dice que se ha criminalizado la pobreza.

La seguridad ciudadana del país está en crisis, esto es debido a que se ha dado prioridad a lo punitivo y represivo y no al enfoque de los Derechos Humanos, señala Gabriela Colocho, de la Plataforma por la Seguridad Ciudadana del Servicio Social Pasionista.

Colocho dijo en la entrevista de YSUCA que el actual gobierno ha dado más importancia a los grandes despliegues militares, dejando de lado la atención a las verdaderas causas que generan la violencia en el país.

El modelo represivo y punitivo únicamente beneficia al gobierno de turno, ya que le genera réditos electorales, dice la investigadora Colocho, pues generan alto impacto en la opinión pública, sin embargo, no permiten una verdadera transformación.

El fallo de la Cámara Segunda de lo Laboral ordena que el afectado sea restituido en el puesto en que se desenvolvía  o, en uno de igual nivel, además se le debe pagar los salarios pendientes en el período que ha pasado separado de su cargo.

Sin embargo, el pago de esos salarios pendientes no correrá por cuenta de la Alcaldía, pues según se lee en la resolución, deberán ser pagados por cuenta del alcalde Mario Durán y el Concejo municipal.

El coordinador del Movimiento de Trabajadores en Resistencia José Armando Ramírez dijo que el alcalde Mario Durán y su concejo están reacios a cumplir este fallo, debido a esto la próxima semana retomarán acciones de calle.

La Cámara Segunda de lo Laboral condenó al alcalde capitalino Mario Durán y su Concejo, por haber despedido a Saúl González de su puesto de trabajo.

Saúl Eduardo González interpuso la demanda por considerar su despido como injustificado y la misma fue admitida por la jueza Cuarto de lo Laboral, quien en mayo de este año estimó que la misma podía pasar a la siguiente instancia.

José Armando Ramírez, coordinador del Movimiento de Trabajadores en Resistencia, MPR, dijo que teme que el alcalde y su concejo incumplan esta resolución, como ya lo ha hecho en el pasado.