La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó recientemente al Estado salvadoreño a implementar acciones de seguridad ciudadana que garanticen los derechos y libertades que están establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ante esto, el director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro, manifestó que el sistema internacional de derechos humanos ha venido pidiendo constantemente a El Salvador que cumpla los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Así lo ha hecho tras varios meses de la aprobación del régimen de excepción que lleva más de 56 mil personas detenidas y más de 90 personas fallecidas en las cárceles.

Montenegro dijo que el gobierno debe responder a la CIDH en sus obligaciones frente a la garantía de los derechos humanos.

La Ley Bitcoin la aprobó la actual gestión legislativa con 62 votos, en junio de 2021. Pero a más de un año de vigencia de la ley, Villalona sostiene que el bitcóin no es una moneda de pago, ni tampoco de atesoramiento.

La constante caída y subida del bitcóin no es sorprendente porque es un activo digital muy volátil con respecto al dólar. Es un activo que se maneja en la esfera privada, no es una moneda, no es dinero, según el economista César Villalona.

Así lo dice, tras la baja significativa que registró recientemente el bitcóin que bajó y se mantiene en el rango entre $21,000 a $16,000.

Villalona dice que en El Salvador estas variantes no causan mayor repercusión, ya que a pesar de que existe una ley bitcóin, en la realidad la economía sigue siendo dolarizada. 

El economista dice que ni las pensiones, ni los salarios de los empleados públicos son pagados en bitcóin. El salario de todos los diputados que aprobaron la ley y del mismo ministro de Hacienda lo siguen recibiendo en dólares.

Peró, ¿En qué afecta a El Salvador la constante caída del valor del bitcóin? El economista asegura que generó más deuda.

Desde marzo pasado, más de 56 mil personas han sido capturadas señaladas de ser integrantes de pandillas. Del total de capturas, hay miles que alegan haber sido capturados sin prueba alguna, que demuestre su culpabilidad.

Estas capturas se dieron luego que los diputados de la Asamblea Legislativa avalaron la implementación de un régimen de excepción, que ya ha tenido 7 prórrogas.

Por otro lado, el sacerdote jesuita Andreu Oliva también expresó que la juventud en El Salvador está consciente que se necesita un país distinto.

El rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, UCA, el sacerdote jesuita Andreu Oliva manifestó que si los mártires estuvieran con vida, en la actualidad, levantarían sus voces a favor de la juventud inocente que sufre violación de sus derechos humanos.

Así lo expresó previo al acto cultural en el marco del XXXIII aniversario de los mártires de la UCA.

El sacerdote jesuita dijo que el pueblo de Dios tiene hambre y sed de justicia.

El 16 de noviembre de 1989, seis sacerdotes jesuitas, junto a Elba y Celina Ramos, fueron asesinados al interior de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”.

La Comisión de la Verdad dijo, en 1993, que un Grupo Élite del Ejército asesinó a seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, el 16 de noviembre de 1989.

Las víctimas fueron Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, el sacerdote Joaquín López y sus colaboradoras, Elba y su hija Celina Ramos.

Rodolfo Cardenal manifestó que sin pueblo no hay pueblo de Dios y esa tarea está inconclusa.

El XXXIII aniversario de los mártires de la UCA tuvo una procesión de farolitos, misa por los Mártires de El Salvador y acto cultural en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”.

A la conmemoración llegaron feligreses de diferentes lugares del país, jóvenes estudiantes y personal universitario de diferentes unidades de la UCA.

Tras la procesión inició la misa en el Centro Deportivo de Bienestar Físico de la UCA, la homilía estuvo a cargo del sacerdote jesuita, Rodolfo Cardenal, quien dijo que el papa Francisco ha recordado a la Iglesia salvadoreña, presente en Roma, que se escuchen los reclamos justos de la gente.

Además, señaló que mientras no haya signos de madurez, en el caminar del pueblo de Dios, debe levantar su voz contra el mal, contra todo aquello que nos aparta de la dignidad humana y de la predicación del evangelio.

Cardenal señaló que los mártires invitan a defender a quienes los poderosos quitan su dignidad.

Acción Ciudadana presentó el informe “Operatividad y eficacia de la Fiscalía General de la República Períodos 2019-2020”,  un estudio sobre el desempeño y los resultados obtenidos por la Fiscalía General de la República en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales relativas a la investigación de delitos y su judicialización.

El informe revela que, a pesar del aumento de agentes auxiliares fiscales y recursos económicos,  entre 2019 y 2020, la Fiscalía no mejoró su efectividad. 

En 2020 hubo un aumento del 26% de fiscales auxiliares y mayor asignación presupuestaria, a pesar de esto hubo menos casos judicializados, un 18% menos que el año anterior y un 42%  menos de sentencias condenatorias.

René Valiente, coordinador del Centro de Monitoreo Institucional de Acción Ciudadana, manifestó que la efectividad de la Fiscalía no mejoró.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS, confirmó una extensión más del Estatus de Protección Temporal, TPS, para los ciudadanos de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití, hasta junio de 2024.

La extensión, según consta en el documento que se publicará oficialmente en el Registro Federal el 16 de noviembre, surge debido a que continúa abierto, en la Corte del Noveno Circuito de California, el proceso de demanda en contra de la cancelación del programa interpuesto por familias de beneficiarios del TPS.

José Artiga, de la Fundación Share, señaló que esta es una buena noticia para los beneficiarios del TPS y en el caso salvadoreño buscarán ahora la ciudadanía.

Artiga dijo que la extensión del beneficio se debe a la lucha de los tepesianos, ya que el gobierno del presidente Nayib Bukele no hizo gestiones para respaldar a los salvadoreños amparados en el TPS.