Según datos de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, el año 2022 cerrará con una deuda de desigualdad y silencio a la vulneración de los derechos de la mujeres salvadoreñas.

Mercedes Mulato, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, manifestó que este año se han registrado feminicidios y el Estado ha callado y no ha dado respuesta a estos casos. Asimismo, las desigualdades entre mujeres y hombres persisten y las instituciones del Estado no han hecho nada por reducir esas brechas.

Quinteros asegura que se emitieron juicios anticipados contra Karla y señala que si el Gobierno tiene el control del sistema judicial no habrá independencia de poderes y no se podrá aplicar la justicia tal como lo mandata la Constitución de la República.

Quinteros agrega que el caso de Karla es el primero en que les permitieron la revisión de medidas y que seguirán con otros casos de menores de edad que no tienen nada que ver con pandillas.

A juicio del integrante del Socorro Jurídico Humanitario, Stanley Quinteros, no hay independencia en el sistema judicial salvadoreño. Así lo dijo tras la sentencia de Karla, quien fue  condenada a dos años de internamiento, por el Juzgado de Menores de Sonsonate.

Karla es una joven de 16 años que se encontraba en estado de embarazo y que fue golpeada y arrestada en la colonia “Las Tablas”, de Sonsonate, en junio de 2021.

La madre de la joven pidió al presidente de la República información sobre el paradero de su hija, pues desconocía dónde y cómo se encontraba luego de los golpes recibidos y, los que asegura, habrían provocado la pérdida del bebé. 

Según Stanley Quinteros, el sistema judicial no ha actuado con independencia en este y muchos otros casos.

Pese al incremento de casos, el Gobierno no actualiza desde el 18 de octubre del presente año el registro de casos de covid-19 en la página oficial.

La integrante del movimiento de “Familiares de personal de salud fallecidos por Covid-19” advierte a médicos y enfermeras que la ausencia de herramientas para enfrentar el alza de casos del virus, en la actualidad, pone en riesgo su vida. Por ello pide que se unan y se solidaricen con las familias de quienes ya perdieron a sus parientes.

La Dra. Laínez hizo el llamado a los trabajadores de la salud a tener conciencia sobre las pérdidas humanas que hubo debido al covid y a sumarse a las exigencias que hacen los familiares de los fallecidos.

Integrantes del movimiento de “Familiares de personal de salud fallecido por Covid-19” luchan desde hace dos años para que indemnicen a los parientes de los trabajadores de la salud que fallecieron por covid-19, en el ejercicio de su labor.   

A pesar de la existencia de un decreto que avala la indemnización, las autoridades de salud siguen sin dar la ayuda prometida. 

Desde el movimiento instan a los médicos y enfermeras que están atendiendo la sexta ola de casos de covid-19 a recibir mayor apoyo.

La representante del movimiento, Dra. Laura Laínez, señala que, en la actualidad, el sistema de salud no tiene las herramientas necesarias para atender los casos. Además, hay escasez de medicamentos, entre otras deficiencias de los hospitales públicos.

Los hombres jóvenes se ven coaccionados para formar parte de estos grupos, mientras que las mujeres adolescentes sufren acoso sexual para ser “novias” de algún miembro de pandillas. Además, en los casos donde la o el responsable de familia vive de algún negocio o venta, el principal motivo de amenaza es la extorsión.

Además de las amenazas por pandillas, es importante destacar que la violencia intrafamiliar también se identifica como una de las causas que ha ido agudizando el tema de los desplazamientos en los últimos años. Si bien de manera directa al covid-19 no se ha señalado como una nueva razón para tener que desplazarse internamente, el encierro ha desencadenado y reforzado la violencia intrafamiliar, lo cual sí ha generado desplazamiento.

En el tema de salud, en el marco de la pandemia por covid-19, durante la investigación se constató que, especialmente en casos de atención médica urgente y especializada, las víctimas se ven obligadas a movilizarse de un centro a otro, a veces sin encontrar una solución a sus padecimientos. Esto provoca una carga económica y psicológica adicional en las familias desplazadas.

En educación se evidencia la necesidad de una adecuada atención a los casos de adolescencia desplazada que, aún incluidos en el sistema educativo, se encuentran en una posición de desigualdad a nivel de oportunidades debido a la pandemia.

El desplazamiento forzado se ha vuelto un enemigo silencioso para el desarrollo de los jóvenes y adolescentes que ha impactado en su educación, salud y economía, dijo Monti.

Cristosal presentó una investigación titulada, “Desplazamiento interno y COVID-19: su impacto humanitario en la vida de niños, niñas y adolescentes y sus familias”. La investigación tiene como objetivo visibilizar el efecto de la crisis humanitaria provocada por el covid-19, en la vida de la niñez y adolescencia, así como de sus familias.

Uno de los principales hallazgos que arroja el informe  es que la violencia sigue siendo la principal causa de desplazamiento forzado interno en El Salvador. A pesar del régimen de excepción, los jóvenes aún no se sienten seguros y, a esto se suma el abuso de los cuerpos de seguridad, explicó Rina Monti, directora de Investigaciones de Cristosal.

Las víctimas continúan repitiendo que la impunidad de ayer es la impunidad de ahora, El Salvador sigue sin ley para favorecer a las víctimas del conflicto armado, dicen los integrantes de la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador.

Al respecto, Eduardo García, de Pro-Búsqueda, dijo que es lamentable que las víctimas sigan exigiendo justicia y lo que reciben son rechazos y obstrucciones.

Las víctimas de la guerra salvadoreña siguen esperando justicia, desde la firma de los Acuerdos de Paz. La justicia, la verdad y la reconciliación les ha sido negada, dicen los afectados.

Ramón Arita es ahora un ex-preso político, quien dice estar abandonado por el Estado, ya que a la fecha la justicia sigue bloqueada. Arita señala que a pesar de que en los acuerdos de Chapultepec había un capítulo destinado a reparar estas graves violaciones, nunca se quiso hacer nada.

A pesar de todos los datos que se brindaron en el informe de la Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes cometidos durante el conflicto armado, la justicia siempre fue bloqueada por los gobernantes de turno.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que si bien el Estado salvadoreño tiene la obligación de garantizar la seguridad de todas las personas en su jurisdicción, debe hacerlo con respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales de los que forma parte. 

Además, la CIDH ha expresado su preocupación sobre las prórrogas de la suspensión de derechos, contenidas en el régimen de excepción y las consecuentes violaciones a los derechos humanos de los salvadoreños. 

Según Miguel Montenegro, las detenciones registradas obedecen a una supuesta vinculación de la persona con grupos delincuenciales y, a su juicio, no es la manera adecuada de hacerlo.