El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Sacerdote Jesuita José María Tojeira, manifestó que cuando más se persigue algo bueno crece y puso de ejemplo a los Mártires y defensores de los derechos humanos.

El rector de la UCA dice que en la actualidad quienes defienden los derechos humanos y acusa a quienes los violan son considerados residuos de un pasado corrupto; en El Salvador hay muy poderosos que piensan que los derechos humanos son instrumento político de la oposición o que sirven para defender a los criminales, algunos dicen que defender los derechos humanos son un negocio, que son innecesarios. Oliva dice que ojalá fuera innecesario defenderlos.

Por su parte, el Vicerrector de proyección social de la UCA, Omar Serrano, dijo que el premio de derechos humanos “Segundo Montes” se comenzó a pensar hace algunos años porque se vio necesario reconocer la noble labor de mucha gente y organizaciones.

La pandemia del año 2020 detuvo el proyecto pero en la actualidad se reconoció públicamente el trabajo realizado por personas y organizaciones.

La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) ofreció por primera vez el premio de derechos humanos “Segundo Montes” para respetar a quienes dedican su vida a la defensa de los derechos humanos

A quienes promueven una sociedad justa y solidaria, la democracia, la paz y el bien común y desean que el espíritu del Sacerdote Segundo Montes, quien fundó en 1985 el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, dijo Oliva.

El rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, Sacerdote Jesuita Andreu Oliva manifestó que en la actualidad en el país hay retroceso en materia de derechos humanos y el respeto a los mismos.

Ante esto, el rector dijo que la situación actual hace más necesaria la defensa de los derechos humanos y levantar con más fuerte la voz en denuncia al creciente irrespeto de los mismos.

Las juntas de agua  han pedido la implementación correcta de la Ley de Recursos Hídricos, que garantice una institucionalidad especializada, fuerte, con recursos y voluntad política para resolver los problemas del abastecimiento del agua en la zona rural, asistencia técnica, jurídica y financiera a las juntas, entre otros problemas. 

Asimismo, las juntas  expresaron una serie de dudas sobre algunos requisitos que se ha difundido en redes sociales sobre un instrumento de inscripción de las juntas al registro nacional de Juntas de Agua.

Henriquez dijo que ellos no están en contra de la inscripción, pero se pregunta bajo qué reglamento se está haciendo, sino lo han dado a conocer.

La Red de Juntas de Agua presentó una carta en la que piden audiencia  al Presidente de la Asociación Salvadoreña del Agua, ASA, Jorge Castaneda, para dialogar sobre el proceso de aprobación del reglamento que está pendiente de aprobación, tras la entrada en vigencia de la Ley de Recursos Hídricos. 

Además, piden acalarar sobre el procedimiento del Registro de las Juntas de Agua anunciado por la ASA. 

Según Alejandro Henriquez del Foro del Agua, la ASA no les ha respondido a una petición presentada el 28 de julio, en la que 125 juntas de agua hicieron una serie de recomendaciones para la formulación del reglamento, del que se desconoce su aprobación.

El economista dijo que la propuesta de presupuesto 2023 revela inconsistencias en las asignaciones presupuestarias. Magaña agregó que hay carteras como Educación que presentan aumento en su presupuesto; sin embargo, dicho incremento no se financia del Fondo General de la Nación, sino de préstamos externos, que a futuro genera insostenibilidad en los programas sociales e incrementa más la deuda externa. 

Otra área afectada por recortes presupuestarios es en el ramo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Protección Civil, los cuáles presentan recortes. Mientras que el  Ministerio de Defensa presenta un incremento presupuestario.

José Luis Magaña, economista de AltavozEs, lamentó que a estas alturas el Ministerio de Hacienda no haya hecho público la propuesta de Presupuesto General de la Nación 2023. El economista detalló que las autoridades están formulando un presupuesto a espaldas de la población, que contribuye con sus impuestos al financiamiento de dicho presupuesto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó recientemente al Estado salvadoreño a implementar acciones de seguridad ciudadana que garanticen los derechos y libertades establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en consonancia con los estándares interamericanos.

Ivannia Cruz, representante del Comité de Presas y Presos Políticos de El Salvador, manifiesta que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es pasiva ante las severas violaciones a los derechos de los inocentes arrestados.

Cruz asegura que en el país no hay garantía de los derechos humanos, una situación que incluso, es objeto de estudio a nivel internacional.

Por otro lado, Reyes lamentó que la actual administración de gobierno tenga en abandono a la Policía Nacional Civil, entidad clave en la seguridad pública. Hacen  falta recursos básicos como papel para imprimir documentos, combustible para los vehículos, uniformes e instalaciones adecuadas, entre otros aspectos.

Reyes señala la urgencia de optar por otras estrategias de seguridad pública, ya que el régimen de excepción no puede volverse ordinario. “Hay que hacer un trabajo de manera integral”, dice el representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía.

Enfatizó en la importancia de un plan estable de lucha contra la delincuencia, pues el régimen de excepción ha validado que el Plan Control Territorial no tuvo la efectividad esperada.