Desde hace dos años, el ministro de Salud, Francisco Alabi, no atiende a las familias de personal médico fallecido por covid-19. Así lo expresaron los afectados, quienes reclaman al Ministerio de Salud que cumpla con el decreto Legislativo 723.

El decreto, aprobado por la Asamblea Legislativa, otorga una serie de acciones en favor de las familias que perdieron a sus familiares, mientras se encontraban en primera fila, durante la emergencia por covid-19.

Las familias aseguran que los fallecidos fueron catalogados como “héroes” por el Gobierno, pero hasta la fecha no han recibido ningún apoyo por parte del Ministerio de Salud.

La  doctora Laura Laínez de Rivas, coordinadora del Movimiento de Familiares del Personal de Salud Fallecido por Covid-19, señaló que ante el silencio de las autoridades de Salud, a las peticiones hechas por las familias, tomarán acciones legales contra el Ministerio de Salud por hacer caso omiso al decreto 723 aprobado por la Asamblea Legislativa.

La organización Las Dignas ha iniciado un ejercicio a nivel local en Soyapango para buscar compromiso de las municipalidades y del Gobierno central al respecto.

América Romualdo dice que las mujeres que se dedican a labores domiciliarias enfrentan dificultades para acceder a salas cuna, una de las principales razones por las que no pueden buscar trabajo fuera de casa.

América Romualdo, coordinadora general de la organización Las Dignas, manifestó que las mujeres organizadas de Soyapango buscan sensibilizar sobre el trabajo de las mujeres.

Se trata de las amas de casa, quienes se dedican a tiempo completo al trabajo del hogar y no tienen ingresos, situación que las convierte en dependientes “económicamente” de terceras personas, que incluso pueden ser agresoras.

Por su parte, Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de la Violencia, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, señala que tanto en El Salvador como Honduras los Derechos Humanos son pisoteados, hay tasas altas de homicidios, extorsiones y narcotráfico, entre otras vulneraciones a los derechos de la población.

Toda esta situación de violencia afecta con mayor fuerza a los jóvenes, quienes ante la falta de oportunidades terminan involucrándose con grupos que actúan al margen de la ley.

Además, según Ayestas, ha quedado al descubierto cómo desde los gobiernos no se brinda soluciones adecuadas para prevenir los delitos y las políticas que se implementan van enfocadas a la represión.

En El Salvador no hay pleno goce de los derechos humanos y, además, persisten las amenazas a la vida y a la integridad de las personas.

Así lo advirtieron Gino Costa, excongresista peruano y Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de la Violencia, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, ambos del Consejo Consultivo del OUDH de El Salvador,

Gino Costa, durante La Entrevista YSUCA, destacó la importancia de contar con un Observatorio Universitario de Derechos Humanos, ya que es la herramienta que sirve para ir midiendo cómo los derechos humanos están siendo amenazados y, a la vez, marca cómo la vida de las personas se va desarrollando o estancando.

Costa dijo que los salvadoreños no cuentan con verdaderas instituciones que les protejan y más ahora que se vive bajo un régimen de excepción en el que hay más amenazas a la vida, a la libertad y al libre pensamiento.

El premio de derechos humanos “Segundo Montes” En la categoría "acción" el Premio de Derechos Humanos “Segundo Montes” lo obtuvo el Colectivo Salvemos Valle el Ángel y Madre Guadalupe Mejía obtuvo el Premio.

Las personas que recibieron el premio hablaron sobre la importancia de la defensa de los derechos humanos que hacen.

A inicios de este año se conoció que el fiscal impuesto Rodolfo Delgado anunció que el caso sería reabierto, sin embargo dice Sidney Blanco, aunque esta acción es buena y correcta hay un fallo de origen y es que tanto la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía General de la República están compuestas por funcionarios fraudulentamente electos.

Los señalados como posibles autores intelectuales de los asesinatos son el expresidente Alfredo Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes y Rafael Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, condenado en España.

Sin embargo los dos condenados recuperaron la libertad en 1993, cuando la Ley de Amnistía entró en vigor, señala Sidney Blanco.

Fue  hasta después de la derogatoria de la Ley de Amnistía que se solicitó al juez continuar con el proceso penal en contra de los autores intelectuales. También se abrió un proceso en España, sin embargo la Corte Suprema de Justicia de nuevo se interpuso y bloqueó la extradición de los señalados, dice Blanco.

Seis jesuitas de la UCA y dos colaboradoras fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989. A  33 años de la masacre, el caso no alcanza la tan ansiada justicia, ya que el sistema judicial salvadoreño se ha  puesto de lado de los presuntos criminales, señala Sidney Blanco, juez y exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Blanco dijo que pese a que la Ley de Amnistía se derogó, el caso no logró avanzar, ya que el mismo sistema judicial determinó que el caso ya había sido juzgado.

En un primer momento se juzgó a 8 personas, consideradas autores materiales del crimen; sin embargo, en el proceso de septiembre de 1991 no se pudo indagar más, ya que la Fuerza Armada comenzó un camino de encubrimiento, a ellos se les unió la Fiscalía General de la República, dijo Sydney Blanco juez y exmagistrado salvadoreño.

Como resultado se encarceló a dos de los procesados, mientras que el resto de personas fueron absueltas.

El premio de derechos humanos “Segundo Montes” En la categoría "acción" el Premio de Derechos Humanos “Segundo Montes” lo obtuvo el Colectivo Salvemos Valle el Ángel y Madre Guadalupe Mejía obtuvo el Premio.

Las personas que recibieron el premio hablaron sobre la importancia de la defensa de los derechos humanos que hacen.