López también dijo que una tercera acción es interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, pues desde hace un año la Sala de lo Constitucional (impuesta por el Gobierno) no ha dado respuesta al amparo presentado ante la Sala contra la empresa Chivo S.A de C.V, por 228 víctimas, a quienes una empresa privada no les protegió su información privada.

Los fideicomisos que BANDESAL administra son FIDEBITCOIN, constituido con $150 millones, y FIREMPRESA, con $600 millones.

El presidente de la República anunció vía Twitter que hará la compra de un bitcóin por día. Hasta la fecha todo lo relacionado al bitcóin, el Gobierno lo ha manejado en silencio, sin rendir cuentas, dice la abogada de Cristosal.

La segunda acción es ante la Corte de Cuentas de la República, CCR, quien  no ha investigado la solicitud de un examen especial en el que se solicitaba  el uso de recursos en la construcción de cabinas, adquisición de cajeros, instalación de plataforma y aplicación para la convertibilidad y manejo del bitcóin.

López dijo que son alrededor de 107 millones de dólares los invertidos en la compra de bitcóin, agregó que el ente contralor no ha investigado el uso arbitrario de fondos públicos, ni el control sobre la plataforma en la compra y venta de la criptomoneda.

Cristosal anunció tres acciones legales a nivel nacional e internacional, para exigir transparencia en el uso de fondos para la compra de bitcóin. Además pide al Estado que responda a las más de 200 personas afectadas por la empresa Chivo S.A de C.V.

Ruth López, de Cristosal, explicó que los salvadoreños deben entender que el Gobierno ha hecho uso irregular de fondos públicos y es importante que el Ejecutivo informe cómo ha usado dinero público en compras del criptoactivo. 

López manifestó que las reformas realizadas a la Ley de BANDESAL son inconstitucionales y han permitido al Gobierno hacer uso de fondos públicos, a su antojo y sin rendir cuentas, a través de los fideicomisos.

A partir de los resultados, el Departamento de Economía de la UCA señala la necesidad de crear una estrategia de desarrollo y crecimiento que permita alcanzar el equilibrio de los mercados y un desarrollo equilibrado.

Este, a juicio de los investigadores, sería un paso fundamental para encontrar soluciones acertadas a los graves problemas del país, dijo Iliana Álvarez, directora del informe socioeconómico.

La actual dinámica económica y social atraviesa por una crisis seria. En el caso de El Salvador, la pandemia de covid-19 agravó la economía debilitada con graves problemas estructurales que limitan el crecimiento y desarrollo.

El “Análisis socioeconómico de El Salvador: crisis, pandemia y elementos para pensar el desarrollo”, del Departamento de Economía de la UCA, señala que son las mujeres y la población empobrecida quienes deben  pagar la factura más alta de la crisis.

La pandemia precariza la situación de las mujeres, sobre todo las rurales. Además, los salarios cayeron y el Estado no está brindando respuesta efectiva a los requerimientos del desarrollo general del país, dice Iliana Álvarez, directora del informe socioeconómico.

Mira dice que hace falta convertir el trabajo de la minería artesanal a otras actividades económicas sostenibles, que no sigan contaminando el agua y que sean aceptadas por la población.

Integrantes de la Mesa Nacional Frente a la Minería manifiestan que el reglamento vigente no toma en cuenta a los actores sociales o grupos de interés en la temática, que pudieran presentar aportes valiosos. Además, el actual reglamento no cumple con el cometido de operativizar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.

Ante esto, la Mesa propone 16 artículos, una autoridad coordinadora para el cumplimiento de la mencionada ley, que esté presidida por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda y que garantice la asignación presupuestaria anual para asegurar la ejecución del plan de reconversión productiva.

Edgardo Mira, integrante de la Mesa, dice que la propuesta de un nuevo reglamento permitirá operativizar la ley, ante el riesgo de reabrir la explotación minera en El Salvador.

La Ley de Prohibición de la Minería Metálica fue aprobada en 2017, sin embargo, no se ha aprobado un presupuesto que permita aplicar la ley. Las autoridades muestran falta de voluntad política, dice el ambientalista de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Luis González.

En marzo de ese mismo año se publicó el reglamento de la ley, que ordenaba el cierre técnico de minas en abandono, la remediación ambiental en las comunidades afectadas y la reconversión económica para las familias que dependían de la minería artesanal.

Luis González dice que, ante el incumplimiento del reglamento de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, proponen un nuevo reglamento.

Por otro lado, dijo la maestra Trigueros, es urgente dejar atrás los mitos sobre las personas con discapacidad y empezar a trabajar en serio para que esta población logre ser autosuficiente y fomentar un cuidado especializado.

Para poder acompañar a las familias que tienen algún integrante con alguna discapacidad, la maestra Trigueros escribió el libro "Despertar con Alegría", que aborda el enfoque de la "divercapacidad", donde cada persona dará de sí la capacidad que tiene.

En El Salvador las normas jurídicas que amparan los derechos de las personas con discapacidad, como la Convención y la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, en la práctica son incumplidas y el Estado presta poca o nula atención a esta falta de cumplimiento.

En el caso de las niñas y los niños con discapacidad, en su gran mayoría, carecen de servicios médicos adecuados. Tampoco existen programas integrales de habilitación y rehabilitación, de manera general se enfrentan a un sistema educativo excluyente y la sociedad en su conjunto les margina o desvaloriza.

Esta es la situación de 119 mil 944 menores de edad, dice el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.

Otilia Trigueros de Martell, maestra en educación especial, explicó en La Entrevista de YSUCA, que en el país hay 33 escuelas de educación especial, que pueden ser de gran ayuda para esta población, sin embargo también se necesita el apoyo de la familia para poder sobrellevar la discapacidad que se enfrenta.