La violencia contra Las mujeres salvadoreñas continúa, señala Keyla Cáceres, de la Asamblea Feminista. Sumado a ello hay una reserva de información y datos sobre feminicidios que invisibiliza los casos de violencia de género.

Además, el régimen de excepción que se implementa desde marzo, afecta no solo a los hombres, sino que también a las mujeres, dijo Keyla Cáceres en La Entrevista YSUCA.

Cáceres dice que hay muchas detenciones arbitrarias, lo que  genera mayores cargos en el trabajo de cuidados para las mujeres. También hay secuelas en el ámbito laboral que ha dejado la pandemia y pone a la mujer en mayor desigualdad.

Luis González, de la UNES, dice que es necesario conocer cómo nos adaptamos en los países impactados por el Cambio Climático y, además, reconocer las pérdidas que causan estos fenómenos naturales.

El Consejo Coordinador Nacional Indígena y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) manifestaron que los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) no son tan alentadores.

Esperaban soluciones como acuerdos vinculantes en la necesidad generada por el cambio climático, entre ellas: Que se reduzcan los gases de efecto invernadero, reducción en el consumo de combustibles fósiles, para que la temperatura no siga aumentando y, por tanto, cumplir el Acuerdo de París, que era que la temperatura global no pase de 2 grados y hacer un esfuerzo para que se limite a 1.5°. Eso no se ha hecho, manifestaron.

Jesús Amadeo Martínez, coordinador del Consejo Coordinador Nacional Indígena, dice que en la conferencia de Naciones Unidas pidieron respeto al derecho indígena y que no sean criminalizados por defender la naturaleza.

Los ponentes mostraron preocupación porque en el país hay más de 6 mil declaraciones de patrimonio de funcionarios públicos que no se han presentado ante la sección de Probidad, de la Corte Suprema de Justicia.

Wilson Sandoval de FUNDE dice que el Estado salvadoreño tiene una Ley de Acceso a la Información Pública, pero el ente rector, el Instituto de Acceso a la Información Pública, tiene retrocesos en su actuar.

Acción Ciudadana y FUNDE señalaron que este tipo de compromisos internacionales como “La Convención de las Naciones Unidas para Combatir la Corrupción” están por encima del ordenamiento jurídico salvadoreño interno. Es decir, no se puede poner ninguna norma interna para no cumplir con estas obligaciones internacionales.

Eduardo Escobar dice que no se puede alegar el régimen de excepción para decir que por eso no se van a hacer compras públicas de manera transparente, aplicando los estándares mínimos que se establecen en esta materia.

Escobar dice que esa obligación internacional que se ha planteado deja al Estado bajo una obligación de no robar, rendir cuentas, no mentir y usar los fondos públicos correctamente.

Acción Ciudadana y la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), se refirieron  a la situación actual de la Convención de la ONU Contra la Corrupción en El Salvador.

“La Convención de las Naciones Unidas para Combatir la Corrupción” es el primer instrumento internacional anticorrupción adoptado por la Naciones Unidas y fue validado por 170 países, según las organizaciones, el Estado Salvadoreño los suscribió en el año 2003.

Este acuerdo establece estándares políticos y medidas necesarias para que cada país tome acciones y respalde iniciativas para combatir la corrupción.

En el caso de El Salvador, Acción Ciudadana y FUNDE señalaron que varias instituciones obligadas a promover la transparencia y la integridad incumplen con el compromiso para combatir la corrupción.

El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, manifestó que el cumplimiento de todo Tratado Internacional, es una obligación del Estado salvadoreño.

Según AMATE El Salvador, el Gobierno no ha dado a conocer públicamente en qué ha invertido los recursos otorgados por los organismos internacionales.

La organización AMATE El Salvador presentó los hallazgos del Monitoreo a Proyectos de Respuesta al COVID-19 del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, al Gobierno de El Salvador.

Ambos organismos, en el marco de la pandemia de la COVID-19, entregaron recursos para desarrollar proyectos en favor de diversos sectores de la sociedad salvadoreña.

Desde el 2020 al 2021, el Gobierno salvadoreño obtuvo financiamiento por 220 millones de dólares para darle respuesta al COVID-19, según el proceso de monitoreo realizado por la organización AMATE El Salvador.

La economista e investigadora de la UCA, Sara Hércules enfatiza que si no se adoptan políticas sensibles al género, se corre el riesgo que los efectos de la pandemia perduren y consoliden la desventaja de las mujeres, perjudicando las perspectivas de recuperación.

Los puntos anteriores exponen un panorama complejo para la economía y la sociedad salvadoreña. Según la economista, el país está frente a una crisis de carácter sistémica y de múltiples dimensiones que ponen en riesgo la reproducción social y económica.

Para Hércules, el presupuesto es una herramienta que el Gobierno tiene para corregir las desigualdades del país. Por ejemplo, del 100% de mujeres solo el 25% tiene acceso a salud, el 11% es analfabeta, y un 66% mencionó que no pudo encontrar trabajo, ya que las tareas del cuidado del hogar se lo impiden.

El proyecto de presupuesto para el 2023 fue presentado ante el Legislativo el pasado 30 de septiembre. Este tiene un monto de $8,902 millones de dólares, si se compara con el presupuesto de este año hay un incremento de 11.7%.

Los economistas del Departamento de Economía de la UCA han señalado que este es un presupuesto que crea más desigualdad, ya que no se invierte en programas de desarrollo, sobre todo para beneficiar a la mujer, dice Sara Hércules, investigadora de la UCA.

Hércules dice que es urgente que el país cuente con un presupuesto con enfoque de género, ya que de esta forma se priorizan las políticas que contribuyen positivamente a la igualdad de género.