El trabajo a domicilio tiene un régimen especial, lo que permite que las empresas contraten a personas para realizar actividades desde sus casas. Sin embargo, estas condiciones vuelven precarias las condiciones de vida de las trabajadoras, dice Monserrat Arevalo, directora ejecutiva de la organización Mujeres Transformando.

Este tipo de trabajos significa doble carga para las mujeres, ya que además del trabajo del cuidado, deben realizar la jornada remunerada, pero en condiciones de precariedad.

Al trabajar desde casa, las mujeres asumen los costos de producción que deberían asumir los empresarios que las contratan. Con este tipo de trabajo a las mujeres se les violan muchos derechos laborales, dice Arévalo. Un claro ejemplo de este tipo de trabajo, son las mujeres bordadoras a domicilio.

Por otra parte, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, aseguró, a los delegados de la ONU, que para el Gobierno las víctimas del conflicto armado son una prioridad.  Dijo que los diputados han creado una propuesta de Ley de Justicia Transicional mediante un diálogo con las víctimas. 

La vicecanciller no dijo que las víctimas piden ser tomadas en cuenta para la creación de la ley. Tampoco dijo que existe una propuesta de ley creada por las víctimas, que los actuales diputados no han querido estudiar. 

La funcionaria ocultó información importante en tema de justicia transicional, ante la ONU.

El Salvador, durante dos días, fue examinado por el El Comité contra la Tortura de la ONU, para conocer el cumplimiento del Estado en materia de derechos humanos y evitar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Las declaraciones de los funcionarios salvadoreños ante el comité de la ONU se contradicen, con respecto a las acciones que ocurren en el país y que han sido denunciadas por ciudadanos salvadoreños y por organismos nacionales e internacionales.

Javier Hernández, representante de Centros Penales dijo durante su intervención que hay condiciones favorables para los privados de libertad como acceso a la salud, que es prioridad para la actual administración. Aseguró que hay acceso a medicamentos, consultas y atención a personas con enfermedades crónicas. Hernández omitió decir que más de 80 personas han fallecido, en los centros penales, en el marco del régimen de excepción.

Aseguró que la política penitenciaria tiene un enfoque de derechos humanos, que permite a los presos condiciones dignas y seguras. Omitió también decir que los cadáveres de varios privados de libertad han sido entregados a las familias con golpes y signos de tortura.

Contrario a ésto, señaló que la práctica de la tortura esta prohibida y no es parte de la politica penitenciaria del pais, pese a que existen expedientes de Medicina Legal que dan cuanta de cuerpos con golpes, pero no se especifica la causa de la muerte.

Por su parte Eduardo Escobar, también vocero de Votante, dijo que con la ley del voto en el exterior, aprobada recientemente, se está rompiendo con un precepto constitucional importante sobre el tema electoral. Escobar se refiere a que las circunscripciones y número de representantes deben estar acorde con la cantidad de población que habita en el país.

Con la ley se rompe ese precepto porque se asigna población a una suscripción sin tener un arraigo con el territorio, dice Escobar. Por ejemplo, es importante que las personas que voten hayan nacido en la circunscripción o hayan residido en esa circunscripción, ese es un arraigo para asignar ese voto. Sin embargo, lo que se está generando es una sobre representación en la circunscripción de San Salvador, explicó Escobar.

Recomiendan a TSE contratar empresas sin vínculos con funcionarios ni partidos políticos

La Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero ordena al Tribunal Supremo Electoral contratar empresas para la implementación del sistema de voto electrónico y para auditar el proceso de votación electrónico.

Ante esto Carlos Palomo, vocero de Votante, recomienda al TSE identificar empresas que tengan experiencia en implementación de voto electrónico y auditoría e invitarlas a participar en el proceso de selección.

A la vez las empresas deben tener equipos con experiencia previa para implementar y auditar el voto electrónico; tener como mínimo 5 años de existencia y no contratar a empresas recién creadas. La empresa auditora debe ofertar un equipo multidisciplinario de auditores, profesionales con experiencia en auditoría de redes informática y criptografía. El equipo debe estar formado por profesionales con título de educación superior, obtenido al menos 5 años antes del anuncio del proceso electoral, recomienda Palomo.

Agrega que el TSE debería hacer público los atestados de las empresas aplicantes, para garantizar el escrutinio ciudadano.

Por otra parte, ambas empresas, la implementadora del sistema de votación electrónico y la empresa auditora, no deberían tener ningún vínculo con funcionarios ni partidos políticos, expresó Carlos Palomo de cocero de Votante.

El presidente Bukele dijo que invertirá un bitcoin por día en medio de la bancarrota

de una de las plataformas de compra y venta de criptomonedas más grandes, FTX, la cual generó el desplome en Bitcoin esta semana. Sin embargo, el Bitcoin viene en picada desde finales del año pasado como resultado del endurecimiento de las condiciones financieras globales.

Esta semana el Bitcoin cayó 21% y su precio tocó un mínimo no visto en dos años. Esto es relevante para incontables inversionistas a nivel mundial. Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), dijo a El País que no se sabe con certeza cuánto ha invertido Bukele en bitcoin, pero en base a los anuncios que ha hecho en redes sociales, se estima que la pérdida para las finanzas públicas hasta ahora ronda los 70 millones de dólares.

El economista señaló que El Salvador tiene otras necesidades como cubrir las necesidades de los salvadoreños pobres, educación, escuelas para la niñez. Según Lemus el mundo de las criptomonedas es un mundo oscuro y de fraude y que seguir invirtiendo en Bitcoin en eso solo una acción de seguir ayudando a sus amigos.

“Invertir en Bitcoin es tirar el dinero aún proyecto fracasado”, dice el economista salvadoreño Rafael Lemus quien aseveró que tras más de un año de haberse implementado e invertido en el Bitcoin como moneda de curso legal no se ha tenido beneficios para el país.

Lemus dijo que el Bitcoin no está generando nada a los salvadoreños solo se invierte en operaciones de especulación.

Con el régimen de excepción el Estado se ha vuelto violentador de derechos, hay más de cinco mil mujeres detenidas sin ser señaladas o acusadas. Las fuerzas de seguridad están cometiendo violaciones de mujeres, desaparecen forzadamente a mujeres, niñas y adolescentes, dice Roxana Rodríguez, de la Asamblea Feminista.

Por su parte, Roxana Rodríguez, de la Asamblea Feminista, dice que a esas restricciones se le suma el miedo que tiene la mujer a denunciar por falta de confianza en las instituciones.

Esta situación es grave, ya que genera impunidad, dice Rodríguez y muestra a un país en pleno retroceso en la protección de los derechos de la mujer.