Estas declaraciones fueron dadas en el programa “La Verdad al Aire”, de esta emisora, donde también estuvo presente Dolores García, madre de Esmeralda Domínguez, detenida el 19 de abril a las 3:30 de la tarde, en el puente de la comunidad de El Bajo Lempa donde la policía la esperaba.

Estuvo en Cárcel de Mujeres de Ilopango, en la actualidad está en Apanteos, dejó 2 hijas, una niña que actualmente tiene 11 meses, la otra 13 años.

García dice que han buscado ayuda en diversas instancias del Estado para demostrar la inocencia de la detenida, pero no hay respuesta.

José Ruiz, animador de Comunidades Eclesiales de Base de El Bajo Lempa, en Usulután, dice que hasta este mes de noviembre han presentado, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 111 casos de Hábeas Corpus a favor de personas inocentes detenidas y, hasta el momento, no les han resuelto ni un solo caso, únicamente hacen observaciones porque hay algunas personas arrestadas que sufren enfermedades crónicas

Ruiz dice que piden constancias médicas para ser admitidos los Hábeas Corpus, razón por la que a su juicio las instituciones del Estado complican los procesos.

El integrante de las Comunidades Eclesiales de Base dice que la retención de la persona dejada en libertad por una jueza es otra violación cataloga como desaparición forzada.

Marcela Alvarado, de El Bajo Lempa es madre de José Dubal, quien fue arrestado el 18 de abril del presente año en calle hacia Cantón La Noria, cuando regresaba de su trabajo, medida aplicada bajo el Régimen de Excepción.

La familiar realizó medidas para demostrar que su pariente es inocente, al no tener respuesta ni fondos económicos recurrió a la organización de derechos humanos Cristosal.

Entre las medidas para demostrar la inocencia del detenido, la madre de esté, entregó documentos de trabajo como tractorista, título de bachiller, propiedad a su nombre, documentos de casamiento y otros a los juristas.

El 21 de septiembre de este año hicieron audiencia para Dubal y la jueza dictó libertad para el detenido, según informaron abogados de la organización.

Alvarado dice que con dinero prestado acudió al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona para recibirlo, al llegar le dijeron que estaba en Izalco, lugar al que se trasladó pero a pesar de la resolución no le dieron la libertad.

Los vecinos de Levi lo conocen desde pequeño y dan fe de que es un agricultor dedicado a su trabajo. Es lamentable que hayan capturas de personas inocentes, dice una habitante de la comunidad, quien prefirió no identificarse. Pide que investiguen el caso de Levi Morales.

De lo que sucedió esa noche hay testigos. Algunos de los habitantes de la zona escucharon disparos. Otros vieron cómo golpeaban a Levi y lo acusaban de pertenecer a las pandillas. Amarrado sobre el suelo, uno de los agentes lo golpeaba y le ponía la bota sobre la cabeza, cuenta uno de los testigos.

A Levi lo acusan de agrupaciones ilícitas, no tiene tatuajes y los

los policías no encontraron nada en su teléfono, que pudiera significar una evidencia de delito.

Su captura ha afectado la economía de la familia, sus cultivos se están secando y han abandonado la producción de Jícama, dice Silverio.

Cree que el régimen de excepción les está quitando todos los derechos, incluso el derecho de trabajar.

Piden la liberación de Levi Morales, joven golpeado y capturado por la PNC

Silverio Morales y su familia viven en la comunidad Los Olivos de Nahuizalco. Son agricultores, se dedican a cultivar jícamas. Su hijo, Levi Morales es su brazo derecho en los trabajos agrícolas. Este año habían sembrado frijol y querían implementar un sistema de riego. Levi estaba ahorrando dinero para su proyecto.

Pero su deseo se ha quedado en pausa, luego que el 11 de noviembre fuera capturado por 4 agentes de la Policía Nacional Civil. Su casa queda a unas 6 cuadras de donde lo capturaron. Ese día, Levi salió antes de las 9 de la noche para ayudar a sus padres con el lavado de jícamas, una labor que realizan de noche.

Por la calle principal, donde transitaba Levi, se escucharon disparos, por lo que optó por protegerse. Sin embargo, eso molestó a los agentes, lo amarraron y lo golpearon, cuenta su padre Silverio Morales, líder indigena, quien pide la liberación de su hijo.

Hay estudiantes universitarios como Samuel López, que respaldan las declaraciones del decano y aseguran que dentro de la junta directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la UES hay tráfico de influencias, que permite la contratación de los amigos y allegados de algunos directivos, entre ellos quienes acusan al decano de violencia contra la mujer. 

Todo esto afecta a los estudiantes que hasta la fecha no han podido inscribir materias, ya que los representantes estudiantiles en la junta directiva bloquean los procesos al no asistir a las sesiones y no votar por los trámites académicos y administrativos atrasados.

La Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador enfrenta una serie de problemáticas que afecta a docentes, estudiantes e integrantes de la junta directiva de la facultad. 

Detrás, hay intereses personales, intereses políticos y tráfico de influencias. Óscar Wuilman Herrera Ramos, decano de la facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador, asegura que ha sido objeto de difamación, al ser acusado de violencia contra la mujer de parte de la vicedecana, Sandra Serrano. 

Radio YSUCA publicó recientemente una nota en la que la vice decana, acompañada de estudiantes egresados de la facultad, acusaban al decano Óscar Ramos de violencia contra ella. Sin embargo, el decano asegura tener testigos de que Serrano mintió y fue ella misma la que se hizo el golpe en su mano, al golpear una puerta. 

El caso ha llegado hasta la Fiscalía General de la República, lo que le ha causado problemas familiares, dice el decano, a tal punto que la familia le ha pedido irse del país. Sin embargo, confía en que la institución investigará y lo liberará de los cargos, que según él, nunca cometió. 

Para Óscar Herrera, detrás de las acusaciones hay intereses políticos, ya que las elecciones de la asamblea general universitaria están próximas y es la que elige a los decanos y rectores. Además, según Herrera, como decano se ha opuesto a la contratación de amigos que la vicedecana y otros integrantes de la junta directiva han querido hacer. 

Esas serían las causas de las acusaciones en su contra.

El trabajo de las mujeres bordadoras a domicilio es minucioso y de buena calidad. Para hacer una pieza se tardan 16 horas y por esa pieza reciben $1.50. Esa pieza se inserta en vestidos que luego son comercializados en Estados Unidos a precios de entre 60 y 200 dólares.

El trabajo que implica movimientos repetidos tiene repercusiones en la salud de las mujeres. Muchas de ellas han quedado incapacitadas de manera permanente, señala Monserrat Arévalo.