Siete de cada 10 mujeres sufren agresiones, lo que muestra un incremento de la violencia contra las mujeres, a esto se suman las desapariciones forzadas y los feminicidios, manifiestan integrantes de la Secretaria de la Mujer de la Asociación para el Desarrollo, CRIPDES.

Estas declaraciones las brindaron en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Rubia Guardado, integrante de CRIPDES lamentó que no se cumpla la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Puso como ejemplo un feminicidio registrado en Nueva Trinidad, Chalatenango.

Ante la ausencia del informe, la Red Feminista Frente a la Violencia Contra las Mujeres elaboró el informe correspondiente al presente año, en el cual se muestra que el acceso a la justicia es difícil para las mujeres víctimas de la violencia, inconsistencia en los registros de entidades públicas y el discurso oficial descalifica las organizaciones defensoras de derechos humanos, situación que detiene las alianzas con la institucionalidad pública para detener la violencia.

América Romualdo, integrante de la Red, asegura que diferentes tipos de violencia contra las mujeres se oculta en El Salvador.

La Red Feminista, mostró preocupación ante la situación actual de violencia contra las mujeres, un hecho recurrente en el país. 

Además, las nuevas generaciones de niñas y adolescentes crecen bajo la idea de que su humanidad no es relevante para el Estado.

Silvia Juarez, representante de la Red, manifiesta que a esto se suma la ausencia actual del informe anual sobre hechos de violencia.

La integrante de COFAPPES dice que buscan dejar un precedente para que los jueces cumplan con la ley. Además, recurrirán a nivel internacional para denunciar de quien no realice bien su trabajo como juez o jueza.

El abogado denunciante, Rudy Mauricio Joya, dijo a la prensa que continúa en el caso denominado “Monarca” y representa dos procesados y dijo que la denuncia obedece a que la jueza lo intimidó en el proceso judicial.

Ivannia Cruz, representante del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos (COFAPPES) manifiesta que acompañaron a Rudy Mauricio Joya Rivera a la presentación de la denuncia a la jueza Miriam Aracely Salazar del Juzgado 1° de Instrucción de Zacatecoluca, departamento de La Paz, en el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

Cruz dice que en el mencionado Juzgado se lleva el caso denominado “Monarca” que es el primer caso señalado como de presos políticos. En la actualidad 5 de las personas siguen en prisión sin fundamento legal y con trato desigual de parte de la administración de justicia.

La encargada de COFAPPES dice que la denuncia obedece a que la Jueza no debió presidir la audiencia porque debió salir con la reforma orgánica judicial.

En lo que va del año, representantes de las comunidades de Sisimitepec y Pushtan se han reunido con representantes del Ministerio de Cultura para dar cumplimiento a lo ordenado por la Cámara Ambiental en 2021. Sin embargo, hasta la fecha no se cumple.

Sofía Morán, líder indígena de Sisimitepec, exige la protección integral del río Sensunapán de Sonsonate.

Organizaciones ambientalistas, indígenas y sociales advierten sobre la posibilidad que el Estado salvadoreño, a través del Ministerio de Cultura, desproteja el tramo del río Sensunapán.

El 7 de junio de 2021, la Cámara Ambiental decretó una serie de medidas cautelares de protección al ecosistema del río Sensunapán, ante la amenaza del proyecto hidroeléctrico pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II.

Hace unas semanas, la Cámara Ambiental notificó la ampliación de dos meses más para el período de medidas cautelares hasta el 12 de diciembre del presente año.

Ante esto, el Ministerio de Cultura se ha acercado a las comunidades a manera de cumplir las medidas cautelares.

Ariela González, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), dice que preocupa el incumplimiento del ministerio.

Para la ambientalista de la Alianza Contra la Privatización del Agua Amalia López, todo indica que se quiere dejar sin financiamiento a la Autoridad Salvadoreña del Agua.

López dice que el agua debe ser un bien estratégico para el país y la población, sin embargo para las autoridades salvadoreñas este recurso sigue siendo una mercancía.

Los integrantes de la Alianza Contra la Privatización del Agua y de la Plataforma Ciudadana AltavozES, dijeron que el gobierno ha desnaturalizado la misión de la Autoridad Salvadoreña del Agua.

José Luis Magaña, de la Plataforma Ciudadana AltavozES, dijo que debido a la disolución del Fondo Ambiental de El Salvador FONAES, el ASA ha asumido las funciones de esa entidad, esto podría ser dañino para el tema del agua, ya que tendría un presupuesto corto para gestionar el recurso.

Las políticas de persecución penal que se aplican bajo el régimen de excepción restringen derechos fundamentales y ante eso la Mesa por el Derecho a Defender Derechos seguirá exigiendo respeto a los derechos humanos, manifiestan los integrantes de la organización.

Sandra Chafoya, quien es de la Mesa, dice que el régimen de excepción no puede ni debe convertirse en una política de persecución penal considerando los múltiples abusos y violaciones a derechos humanos cometidos a lo largo de los últimos meses.