Ex empleados de CEL llevan años en una lucha por recuperar lo que ahorraron en un fondo común. Aseguran que los funcionarios de varios gobiernos los han abandonado. Escuche los detalles en la siguiente nota.

Celia Medrano dijo que El Salvador no tiene la capacidad para recibir a los tepesianos, pues las personas ya han formado una comunidad, un estilo de vida, que muy difícilmente pudieran tener aquí, en el caso que se diera una deportación.

El próximo 31 de diciembre vence el plazo para los 200 mil salvadoreños amparados al Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS.

El pasado 1 de noviembre, el Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pidió  a Estados Unidos una solución justa y permanente para los salvadoreños que viven y trabajan en ese país bajo el TPS.

De acuerdo con Celia Medrano, defensora de derechos humanos, existe incertidumbre sobre qué pasará con los salvadoreños adscritos al TPS, pues las elecciones de medio mandato decidirán el control de la Cámara de Representantes y del Senado. 

Medrano aseveró que poco o nada puede hacer el Gobierno de El Salvador en medio de la disputa electoral de los Estados Unidos y menos cuando la actual administración de Gobierno no ha demostrado voluntad política para evitar la posible deportación de los tepesianos.

El Movimiento de Víctimas del Régimen ha denunciado constantemente que las autoridades de Centros Penales no les brindan información sobre sus parientes capturados; además, hay privados de libertad que han muerto al interior de las cárceles y no descartan que sean enterrados en fosas comunes, con el fin de ocultar las muertes.

El representante del Movimiento manifestó que después de las 7 de la noche ponen en libertad a las personas en el centro de reclusión llamado “Penalito”, aunque en los últimos días ha disminuido la cantidad de personas liberadas.

Ramírez asegura que las personas que son puestas en libertad salen en malas condiciones físicas, por lo que necesitan ayuda.

Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del régimen de excepción confirmó a Radio YSUCA que durante las noches siguen dejando en libertad a muchas personas que fueron privadas de libertad durante el régimen de excepción. La liberación ocurre en el “Penalito”, ubicado en las cercanías del mercado La Tiendona de San Salvador.

Según Ramírez, muchos familiares de personas detenidas pasan noches enteras afuera de ese lugar, con la esperanza de ver salir a sus parientes. 

Sin embargo, una vez salen libres, hay mucho temor de hablar sobre lo que vivieron dentro de las cárceles. Ramírez dijo que las personas que son liberadas se niegan a dar declaraciones sobre las violaciones en su contra porque temen volver a ser arrestadas.

La encargada de  Negocios de Estados Unidos  en El Salvador, Katherine Duffy Dueholm, manifestó, en su ponencia, que su país no se opone a las criptomonedas, pero reconoce que no está regulado, por lo que representa un riesgo para el cometimiento de lavado de dinero. Dueholm está de acuerdo en prevenir los delitos que se puedan cometer mediante el uso de las cripto activos.

Morales agrega que en El Salvador donde la criptomoneda es una moneda legal, el primer paso para evitar los delitos financieros es usar las herramientas existentes.

Con el objetivo de fortalecer  la cultura de prevención de delitos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el sector financiero y real de la economía de El Salvador Yancor Coaching & Memory en coordinación  con su aliada estrategica, la Asociación Internacional de Banqueros de Florida, realizaron el congreso internacional: AML, Compilance y Cripto, retos y desafíos. 

Banqueros y  especialistas en anti lavado de dinero manifiestan que es necesario prevenir los delitos financieros que pueden cometerse a través de las criptomonedas.

Walter Morales, coordinador y especialista en riesgos financieros de Yancor Coaching & Mentory, dice que es necesario conocer las herramientas para prevenir los delitos relacionados con el lavado de dinero. Enfatiza en la importancia de evitar las prácticas corruptas, a través del uso de criptomonedas.

Los empleados aseguran que los acusaron de manera arbitraria y que los argumentos que les dieron para justificar los despidos son infundados. 

Los trabajadores despedidos piden respeto a la labor sindical, ser reinstalados y la creación de una mesa de diálogo. Además, piden al resto de integrantes del Concejo ser más conscientes y no dejarse llevar por decisiones arbitrarias del alcalde.

Seis empleados de la Alcaldía de Chalatenango fueron despedidos por decisión del alcalde y su Concejo Municipal de Chalatenango. De acuerdo con la denuncia hecha por la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM) y el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Chalatenango, los seis trabajadores cesados de sus funciones fueron despedidos por adherirse al sindicato ya establecido, así lo explicó Luis Anibal Guardado uno de los empleados despedidos.