Según los datos de la encuesta, el nivel educativo con mayor frecuencia fue estudios universitarios, es decir, 6 de cada 10. El 65.3% se dedica a una sola actividad remunerada y cuentan con empleo permanente.

Molina agregó que existen muchas deudas y desigualdades en El Salvador en donde las leyes y las instituciones del Estado no velan por los derechos de la comunidad LGBTI.

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA presentó los resultados de un informe realizado entre febrero y  marzo de 2022, en donde se evaluó el impacto de la violencia institucional y la discriminación en la población LGBTI.

Marcos Molina,  investigador del programa derechos sexuales y reproductivos de ORMUSA, expuso que  a la comunidad LGBTI en El Salvador, se le siguen vulnerando sus derechos humanos, pues un  80% de los hombres y mujeres trans han sufrido  violencia institucional y discriminación en diferentes ámbitos.

Las reformas que se hicieron en el Legislativo también han venido a cambiar la estructura de los juzgados, ya que se crean juzgados contra el crimen organizado y de garantía, sobre esto el rector de la UCA Andreu Oliva dijo que ahora se tiene un Sistema Judicial al servicio del Ejecutivo.

Oliva dijo que todo esto genera preocupación, principalmente en aquellos que defienden derechos humanos, ya que se genera un aparato de control desde el Estado y puede servir para reducir las libertades y derechos de la población.

Recientemente los diputados hicieron reformas a diferentes marcos normativos, entre éstos, a la Ley de Telecomunicaciones y a la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones. Para el rector de la UCA, el sacerdote jesuita Andreu Oliva, esta reforma va en el sentido que el Estado tenga fácil acceso a la información de la población, lo cual implica menos garantías para los ciudadanos.

"En un Estado policial son los cuerpos de seguridad los que tienen el poder de controlar a los ciudadanos, con un gran despliegue de mecanismos de vigilancia. Todo en nuestro país va apuntando hacia la constitución de un Estado policial", dice el rector de la UCA.

Según Oliva, estas reformas no representan un avance en la persecución del delito, sino que sirven para facilitar al Estado el acceso a información privada y confidencial de los ciudadanos.

"A través de la intervención a las telecomunicaciones se puede hacer una mejor persecución del delito, pero esto ya se podía hacer con la ley 285 que fue aprobada en el año 2010, que tuvo un par de reformas", explica el padre Andreu Oliva.

Oliva señala que ahora el resguardo de la información no está en manos adecuadas y puede ser usada en contra de la población, es por ello necesario contar con una Ley de Protección de Datos.

Ovidio Hernández de SITRASOYA considera que el concejo acordó la supresión de plazas debido al mal manejo de  fondos públicos, al interior de la comuna.

Mejía, dijo que el 1 de noviembre se realizó una reunión en la casa comunal de la Colonia Guadalupe de Soyapango con personal recientemente contratado. La reunión fue a puerta cerrada. 

El sindicato está indagando si esta decisión del concejo afectará a más personas de la alcaldía.

Las medidas de presión contra los trabajadores y trabajadoras de la alcaldía de Soyapango continúan, dijo el sindicalista.

La inseguridad laboral sigue en la alcaldía de Soyapango, todo apunta a que habrá más despidos, manifestaron representantes de los sindicalistas de esta comuna.

Ovidio Hernández, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la alcaldía de Soyapango (SITRASOYA), manifestó que habrá “supresión” de unas 267 plazas. La información se la confirmó uno de los concejales.

El abogado de Cristosal reiteró que el director de la PNC debe responder por la orden que se emitió para la protección especial a personas que no están comprendidas en la Ley de Protección de Personas Sujetas a Seguridad Especial.

El pasado lunes la Corte de Cuentas de la República CCR admitió la denuncia interpuesta por Cristosal en la que pide que se investigue al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, por supuestamente ordenar protección especial para empresarios, dirigentes de partidos y operadores políticos, entre ellos, Herbert Saca.

Jonathan Sisco, abogado de Cristosal, opina que el ente contralor, ahora que admitió la denuncia, debe verificar si las personas supernumerarias contratadas están avaladas por la Ley de Protección a Personas Importantes.

Sisco dijo que es importante que se haga una auditoría a la institución policial, en la que se verifique los convenios firmados entre instituciones, y en las que se derogan fondos públicos para otorgar protección V.I.P.

Sobre la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Intervención a la Telecomunicaciones se violenta la privacidad de los usuarios de la telefonía, ya que no se va a necesitar de aval judicial para intervenir líneas, señala Ábrego de Cristosal.

Ábrego dice que con esto se deja las puertas abiertas para poder dar seguimiento a personas, incluso a las que no se les atribuye delito alguno.