Los desaparecidos por la violencia, es un tema que en el país no se ha tratado como es debido. Con frecuencia se puede observar en los postes del tendido eléctrico,  carteles con fotografías de personas desaparecidas. Los familiares piden información de esa persona que ya no volvió a casa.

Sandra de Romero, desde septiembre del año pasado, ha vivido en carne propia lo que es tener un desaparecido y según dijo a YSUCA, vive en un duelo congelado ya que no hay un lugar físico donde ir a llorar o, donde colocar una flor a esa personas de la que no se sabe qué ocurrió.

Las reformas otorgan más poder a la Fiscalía, en cuanto a su intervención en el centro de escuchas telefónicas y, deja en manos de los jueces de garantía, la decisión sobre las solicitudes que haga la fiscalía para intervenir las comunicaciones de los salvadoreños. 

No hay que perder de vista que esto se hace en medio de un régimen de excepción y con un Órgano Judicial que no es independiente, reflexiona la diputada Claudia Ortiz. 

Opina que más que combatir el crimen, las reformas buscan el control social y la opresión.

La diputada Claudia Ortiz se mostró en contra de las recientes reformas  que permiten las escuchas telefónicas de los salvadoreños, porque se quitan los candados que tenía la Fiscalía General de la República y se le da más poder en cuanto a las escucha telefónicas. 

Además, la diputada  cuestionó que mediante las reformas se le resta participación a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, al no permitirle hacer auditorías de oficio.

Stanley Quinteros integrante de la Alianza Nacional “El Salvador en Paz” manifiesta que como Socorro Jurídico están acompañando a la madre de la menor y aseguró que disponen de suficientes pruebas para demostrar que la menor de edad no pertenece a ningún grupo delictivo.

Quinteros aseguró que la joven merece quedar en libertad, aunque ya hay daños y perjuicios contra un menor no nacido, por lo tanto activarán todas las instancias correspondientes para que haya justicia.

El abogado del Socorro Jurídico de la Alianza Nacional El Salvador en Paz manifestó que los procesos probatorios de  la Fiscalía General de la República, en la audiencia, dan la esperanza de que la Jueza del Juzgado de Menores de Sonsonate brinde una resolución que permita la libertad de Karla G. Se espera que la resolución sea emitida el 11 de noviembre de este año.

La joven estaba embarazada cuando fue capturada y se presume que debido a los golpes que le habría dado uno de los militares que la capturó, habría perdido  a su bebé a los tres meses de embarazo.

El abogado Anaya manifestó que informaron en los juzgados que se habría realizado un aborto en el Hospital Nacional de San Bartolo la noche del 22 de julio de este año, situacion de la que próximamente incorporarán la constancia médica.

El Juzgado de Menores de Sonsonate realizó la Audiencia Especial de revisión de medidas y la audiencia preliminar en el caso de la menor Karla G., quien fue detenida durante el régimen de excepción. 

La menor de edad fue capturada el 18 de junio, del presente año, cuando salió a ver si pasaba el autobús en la lotificación Las Tablas, en la Playa Los Cóbanos, Sonsonate.

Tras finalizar la audiencia el abogado del caso, Miguel Ángel Anaya, manifestó a YSUCA que como defensa presentaron las pruebas testimonial y documental a favor de la menor de edad y señaló que la Fiscalía General de la República solo cuenta con los testigos captores.

La ley de amnistía ya no es un obstáculo para castigar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, pero siguen siendo protegidos por los poderes de turno que controlan la institucionalidad, Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil y Tribunales de Justicia de la República.

Ovidio Mauricio de Tutela Legal agregó que actualmente El Salvador está viviendo un retroceso en su legislación retomando leyes o reformas antiguas violatorias de los derechos humanos como las implementadas en el Régimen de Excepción.

Las víctimas denunciaron que siguen esperando justicia incluso la compensación económica destinada a las víctimas no se les ha entregado el dinero a pesar que el Ejecutivo ha gastado en propaganda y bitcoin

El Comité de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica manifestó que las víctimas, sobrevivientes y familiares de víctimas lamentaron la impunidad que persiste en El Salvador con las personas asesinados, desaparecidos,torturados y masacrados en el contexto del conflicto armado salvadoreño.

David Ortiz integrante del Comité de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica afirmó que las víctimas y familiares han sido abandonados por el Estado de El Salvador.

Ortiz lamentó que las mismas personas firmantes de los Acuerdos de Paz le han dado la espalda a los acuerdos de 1992 y han apoyado las acciones de protección de los victimarios.

Concentrados frente al Ministerio de Salud los integrantes del Bloque Sindical se pronunciaron, manifestando que la libertad sindical es un derecho reconocido a los trabajadores públicos y se encuentra plasmado en el artículo 47 de la Constitución de la República. Además, señalaron que los derechos de la libertad sindical son un derecho humano, derechos reconocidos a nivel internacional. Pusieron como ejemplo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que en su convenio número 98 dice que deben respetarse los derechos de los trabajadores y permitirles un clima libre de presiones, violencia, miedo y amenazas de cualquier tipo.

Sin embargo, el convenio no se cumple, por lo que los trabajadores  denunciaron que las autoridades del Ministerio de Salud reprimen a los líderes sindicales, a través de procesos judiciales y administrativos, situación que constituye un atropello  a la libertad sindical.

El sindicalista Arístides Barahona, manifestó que las medidas antisindicales del director del Hospital Nacional de Chalatenango ameritan su destitución.