Con respecto a la reelección presidencial del presidente Bukele, Arteaga insiste, como otros sectores y abogados lo han dicho, que es ilegítimo, ya que la misma Constitución lo prohíbe. “Es un plan de apropiarse del Estado”, enfatizó la abogada.

“El Salvador es un país donde no existe la separación de poderes”, tras la cooptación institucional que el Ejecutivo ha hecho sobre el poder Judicial y Legislativo, señaló Leonor Arteaga, abogada de la Fundación para el Debido Proceso.

A criterio de Arteaga, la presidencia ha tenido la intencionalidad de colocar a funcionarios leales que sigan su “guión y sus decisiones”.

Arteaga lamenta que las instituciones como la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República se inclinen al presidencialismo.

Carlos José Alvarado, jefe de Radiocomunicación de Comandos de Salvamento, dijo que tras el sismo de 6.8 grados se activaron todas las bases para verificar si se registraban hechos que atender.

Especifica que en Usulután sí detectaron daños en algunas viviendas y mantienen la atención tras las réplicas de sismos que se registran.

Alvarado también insta a las personas a no dejarse engañar por falsas noticias en las redes sociales.

El jefe de Crisis y Desastres de Cruz Roja Salvadoreña, Omar Ayala, dijo a radio YSUCA que el organismo de socorro se puso a disposición de atención a cualquier emergencias tras el sismo de 6.8 grados en la escala de Ritchter registrado la tarde del martes 18 de julio del presente año.

En momentos de cualquier desastre se activan todas las seccionales de Cruz Roja Salvadoreña, en este caso tuvo mayor protagonismo la seccional de Usulután que se trasladó a las zonas vulnerables para realizar análisis de daños y el grado de vulnerabilidad en la que quedaron diferentes áreas, dice Ayala.

El trabajo de los socorristas se enmarca en la Ley Nacional de Protección Civil que mandata proteger la vida de las personas más vulnerables, razón por la que se mantienen en monitoreo, tras el sismo de alta magnitud y las réplicas que se han registrado, afirma.

El jefe de Crisis y Desastres de Cruz Roja Salvadoreña pide a la población que no se deje llevar por noticias falsas en las redes sociales y que se centre sólo en la información oficial en caso de desastres.

Además señaló que la procuradora sigue el libreto del presidente Nayib Bukele al dejar en abandono a las víctimas del régimen de excepción y guardar silencio ante las detenciones ilegales.

Mediante decreto legislativo, los diputados emitieron disposiciones transitorias para otorgar compensación económica especial por retiro voluntario de empleados y funcionarios públicos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH.

Según el decreto aprobado, 133 trabajadoras y trabajadores que superan los 55 y 60 años y otras personas que quieran renunciar, podrán hacerlo de manera “voluntaria”

Héctor Rodríguez del Movimiento de Trabajadores despedidos calificó la medida como un desmantelamiento de la procuraduría. Dijo que con ello se dejará en mayor indefención a la población que es víctima de la violación a los derechos humanos. Además teme que haya contratación de personas del partido Nuevas Ideas como ha sucedido en otras instituciones públicas, luego de los retiros denominados “voluntarios”.

Denunció a la la procuradora Raquel Caballero de obligar al retiro forzoso a 133 trabajadores, sin tomar en cuenta el derecho al trabajo tutelado en la Ley de Atención Integral Para la Persona Adulta Mayor.

Por su parte, el Relator Especial sobre la verdad, la justicia y la reparación de Naciones Unidas, Fabián Salvioli, dijo que no es justo para las víctimas que otras personas decidan por ellas.

Rafael Segura fue privado de libertad y torturado en julio de 1980. En un clima de creciente represión gubernamental, Rafael fue capturado por la Fuerza Aérea Salvadoreña y detenido por 96 horas, pasando por los cuarteles de la Policía de Hacienda y la Policía Nacional; durante este período fue sometido a las torturas llamadas «el avioncito» y «la capucha». Todo eso, según él, por exigir sus derechos.

Leonor Arteaga, abogada de la Fundación para el Debido Proceso, reconoció algunos avances tras la derogación de la Ley de Amnistía, como por ejemplo la apertura de proceso judicial en casos como el de la masacre de El Mozote, masacre El Calabozo, el de los cuatro periodistas holandeses y el caso de Monseñor Romero.

También reconoce la creación de una institucionalidad para investigar esos casos. Sin embargo, el reto por buscar la verdad y hacer justicia es más grande, pues poco se ha avanzado, agregó Arteaga.

El pasado 13 de julio se cumplieron siete años de la derogación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Las víctimas de la guerra siguen esperando que se haga justicia. Las instituciones del Estado, a pesar de tener vía libre para investigar los casos y hacer justicia, no lo han hecho.

Rafael Segura, sobreviviente de la guerra e integrante del Comité de Presos Políticos de El Salvador (COPPES) manifestó que una vez se derogó la Ley de Amnistía, presentó tres meses después una demanda ante la Fiscalía General de la República, FGR, y hasta la fecha no le han resuelto.

Jazmín Ayala, estudiante de tercer año de periodismo de la UES, recordó las promesas que hizo el presidente actual cuando era candidato presidencial y llegó a la UES. A su juicio, estas “fueron promesas vacías” porque no las ha cumplido.