La pensión digna es un derecho de todo ciudadano. El Estado tiene la obligación de garantizar que todas las personas, a lo largo de su vida, tengan lo necesario para vivir y alcancen una vejez digna, señala la economista Tatiana Marroquín.

El 15 de septiembre de 2021, el presidente de la República, Nayib Bukele dijo, en cadena nacional, que en cuestión de días presentaría a la Asamblea Legislativa una reforma integral de pensiones. Sin embargo, aún no ha cumplido aquella promesa.

Para la economista Tatiana Marroquín, los funcionarios del gobierno no entienden el verdadero problema de las pensiones.

Por su parte, Pedro Cabeza, integrante de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, explicó que los resultados de la consulta marcará un precedente y cabe la posibilidad que el proyecto Mina Cerro Blanco se detenga,  pues la entrega de permisos depende de la competencia de otras instituciones del Gobierno de Guatemala, no solo de las alcaldías.

Por su parte, Nelly Rivera, del Movimiento Ecofeminista de El Salvador, dijo que es importante que el tema de las aguas transfronterizas y minería se eleve a un diálogo entre los países de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Las organizaciones salvadoreñas participarán en el proceso como observadores en la consulta. 

Luis González, de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, dijo que El Salvador comparte agua con Guatemala, Honduras, por lo que la actividad minera en los países vecinos afecta a la población salvadoreña.

En Guatemala, 28 mil ciudadanos empadronados en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, participarán el domingo 18 de septiembre en la consulta ciudadana sobre minería. 

Ambientalistas salvadoreños están a la expectativa de dicha consulta, pues de echarse a andar el proyecto de mina a cielo abierto en Guatemala afectará la cuenca de agua: Ostua – Guija- Lempa, la cual abastece de agua potable a más de un millón de salvadoreños.

Son 70 urnas las habilitadas en 3 centros de votación donde las comunidades de Asunción Mita podrán votar. 

Omar Flores, de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica,  manifestó que durante 14 años, diversas organizaciones de Guatemala y El Salvador han alertado de los daños de la minería en la región. Flores destacó que la consulta popular se desarrollará a petición de las comunidades guatemaltecas de Asunción Mita.

En la marcha, los familiares de personas capturadas, que aseguran que no han cometido delitos, ni tienen vínculos con pandillas,  demandan que se investigue y se haga justicia.

Los integrantes de la Alianza Nacional “El Salvador en Paz” mostraron preocupación por la violación a los derechos humanos que se han estado cometiendo, producto del Régimen de Excepción.

Además, denunciaron el alto costo de la vida y el incremento de la deuda externa del país.

Marvin Reyes, integrante de la Alianza y representante de policías organizados, dijo que los elementos policiales salen afectados con la prórroga del Régimen de Excepción por la gran cantidad de tiempo y la obligación de cumplir cifras de personas capturadas.

Integrantes de diferentes organizaciones que conforman la Alianza Nacional “El Salvador en Paz” se pronunciaron en el marco de la celebración de la Independencia.

Las personas del interior del país que viajaron para pronunciarse se enfrentaron con retenciones policiales y militares en su ingreso al Centro de San Salvador, desde tempranas horas.

El coordinador de la Alianza, José Santos Melara, aseguró que hay preocupación por las violaciones a los derechos humanos de personas que son de escasos recursos y que han sido capturados, sin que se les haya comprobado delito alguno.

Melara dice que esto se registra bajo el Régimen de Excepción,  que ya ha sido prorrogado por sexta ocasión.

La marcha de las organizaciones partió de la Plaza de la Salud, ahí se concentraron los salvadoreños inconformes con el rumbo del país y quienes no están de acuerdo con la reelección del presidente de la República, pues la Constitución lo prohíbe de forma expresa. 

También en la marcha había presencia de familiares que denunciaron  capturas arbitrarias y exigieron al Gobierno libertad para sus hijos detenidos en el marco del Régimen de Excepción.

Algunos salvadoreños que marcharon expresaron que asistieron por voluntad propia, pues consideran preocupante el rumbo que lleva el país y sienten el compromiso de alzar la voz para denunciar.

Diversas organizaciones sociales y sindicales desarrollaron la marcha por la libertad, la cual tuvo como lugar de llegada la Plaza Libertad, en el Centro Histórico de San Salvador. Los participantes en esta marcha dijeron que no se puede hablar de independencia, cuando el país vive bajo una dictadura. 

Los manifestantes expresaron que este 15 de septiembre decidieron marchar porque querían denunciar las  violaciones a los derechos humanos que se están registrando en El Salvador y que se quieren ocultar.